lunes, 18 de agosto de 2014

Ocho policías y un militar arrestados en San Juan

Más represores tras las rejas

Los detenidos desempeñaron tareas de inteligencia durante la última dictadura. En varios casos se los acusa por su participación directa en detenciones ilegales y en sesiones de tortura. Desde el Ministerio Público Fiscal dijeron que habrá más detenciones.

En un inusual operativo de seguridad para la provincia de San Juan, el jueves fueron detenidos en simultáneo ocho ex policías y un suboficial retirado del Ejército que desempeñaron tareas de inteligencia durante la última dictadura. Las órdenes de detención las había librado el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien ayer notificó a los imputados de los delitos de lesa humanidad por los que se los acusa y ahora deberá tomarles declaración indagatoria. El fiscal federal Juan Francisco Maldonado, en tanto, destacó que el Ministerio Público Fiscal denunció a más de 80 represores por su actuación durante el terrorismo de Estado y estimó que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días”. Rago Gallo, además, comenzó a leerle la acusación a Jorge Horacio Páez Senestrari, oficial retirado del Ejército que prestó funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM-22), quien fue detenido en Bolivia y deportado a la Argentina.

La mayor parte de los flamantes detenidos están acusados como integrantes de la “comunidad informativa” al servicio del RIM-22, el espacio en el que los miembros de las secciones de inteligencia de distintas fuerzas intercambiaban información sobre militantes políticos, gremiales y estudiantiles que luego se convertían en “blancos” a ser secuestrados. En varios casos el Ministerio Público los acusa por su participación directa en detenciones ilegales y en sesiones de tortura, ocurridas no sólo durante la dictadura sino también en los meses previos al golpe de Estado de marzo de 1976.

Cinco de los detenidos pertenecieron a la policía de San Juan y prestaron servicio en el Departamento de Informaciones (D2), la sección de inteligencia de esa fuerza. Se trata de los sargentos retirados Carlos César Raúl Oro (69 años) y José Eladio Escudero (77), el comisario Miguel Angel Mereles, el comisario inspector Carlos Alberto Olha y el suboficial mayor Alberto Bazán. El militar es el su-boficial principal retirado Pedro Eduardo Blanco, de 60 años. Los otros tres fueron miembros de la Policía Federal: el sargento Carlos Antonio Saavedra (61 años), el suboficial escribiente Juan Alberto Aballay (66) y el cabo Rodolfo Horacio Blanco.

Del operativo conjunto para detenerlos participaron efectivos de la Policía Federal de San Juan, de Mendoza y de la Agencia Regional Cuyo. Las capturas fueron en la capital y en departamentos del Gran San Juan. Los represores pasaron su primera noche en calabozos de la Policía Federal y al mediodía de ayer fueron trasladados al juzgado de Rago Gallo, secretaría de Carlos Tacca, donde se les notificaron los delitos y se les dio la posibilidad de designar defensor. Una vez que presten declaración indagatoria, serían trasladados el Penal de Chimbas.

El fiscal Maldonado estimó ayer que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días” porque su denuncia incluyó a “ochenta ex policías y el juez va proveyendo lo solicitado en forma parcial”. Agregó que “los nombres y las responsabilidades de cada uno salen de los legajos y los archivos clasificados que fueron encontrados en la Central de Policía hace dos años”. Se trata de los mismos archivos que sirvieron de base para la acusación de los siete ex militares condenados el año pasado, incluidos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes días después se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich en Buenos Aires.

Rago Gallo comenzó el jueves a leerle la acusación a Páez, quien formó parte del grupo que lideraba el entonces teniente Olivera, hoy condenado y prófugo. El militar había estado detenido en 2011, fue liberado por la Cámara Federal de Mendoza cuando la integraban jueces que hoy están en el banquillo de los acusados, y se trasladó a Bolivia, donde tres años después, el viernes pasado, volvió a ser detenido y deportado. Páez está acusado por delitos contra 34 víctimas, incluidos el ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad de San Juan Hugo Ricardo Bustos, el gobernador José Luis Gioja y el ex senador César Gioja. También por el secuestro, los tormentos y el asesinato de Nicolás Alberto Farías, militante de la Juventud Trabajadora Peronista.

domingo, 3 de agosto de 2014

Repudio a las agresiones en Formosa : 4 de agosto a las 12 hs. Casa de Formosa

El lunes 28 de julio, la comunidad El Colorado fue avasallada por un gigantesco operativo policial durante el cual fueron golpeados y detenidos seis compañeros.

El viernes 1 de agosto, miembros de las comunidades wichi de la zona se movilizaron al juzgado para exigir la libertad de los detenidos. Contaron con la solidaridad de una delegación de estudiantes de la UBA, que se encontraban en la provincia participando de una pasantía organizada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Esa misma noche, los campesinos wichi y los estudiantes fueron atacados nuevamente por una patota del gobernador Insfrán. Armados con palos, cadenas y machetes, golpearon salvajemente a varias personas y robaron sus pertenencias.
 El hostigamiento a campesinos y pueblos originarios es sistemático en toda la provincia y responde a los intereses de los grandes terratenientes y multinacionales de la soja. Es la misma política represiva que sufren los compañeros qom de la comunidad La Primavera. El principal responsable político de esta situación, el gobernador Insfrán, es un aliado del gobierno nacional, que encubre con su silencio la sistemática violación de los derechos humanos en la provincia.

Los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos estas agresiones. Exigimos el cese de la persecución contra los campesinos y pueblos originarios y el castigo a los responsables de estos atropellos.

Adherimos al acto convocado por la FUBA en Buenos Aires frente a la Casa de la Provincia de Formosa y nos haremos presentes con una delegación.
 
Acto: lunes 4 de agosto a las 12 en la Casa de la Provincia de Formosa, Hipólito Yrigoyen 1429.
 
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)
Centro de Abogados por los Derehos Humanos (CADHU)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)
Colectivo Memoria Militante (CMC)
Liberpueblo