miércoles, 28 de agosto de 2013

Comunicado de la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche

TODOS A LA LEGISLATURA!!!!

El Consejo Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, conformado por las comunidades de Loma La Lata: Kaxipayiñ, Paynemil, Campo Maripe, Guircaleo, y del Dto Confluencia Puel Pvjv, Newen Mapu y Ragiñ Ko, convocan a la concentración el día 28 de Agosto para rechazar el pacto YPF/Chevron realizado a espaldas del pueblo y cuyo aval pretende convertir en ley provincial la alianza MPN/Kircherismo.

Están soplando aires nuevos. En nuestra provincia, la conciencia ambiental va tomando fuerza. El único y viejo concepto de desarrollo que el MPN nos impuso en estas últimas 6 décadas, basado solo en lo material y económico, nos trató de convencer de un crecimiento ilimitado, cuando la vida de nuestro wajmapu nos impone límites. El mecanismo de codicia que representa Sapag, permite que una casta de gobernantes se enriquezca de la noche a la mañana, mientras nosotros, nuestra salud y nuestro entorno natural, se deterioran a pasos agigantados.

Ya hemos entendido que a Sapag y Kirchner, las personas somos lo que menos les importamos. Por eso hemos asumido la defensa en nuestras manos. Y la movilización es nuestra principal herramienta. Este miércoles un grupo de diputados que traicionando la voluntad del pueblo y respondiendo a sus propios intereses, se aprestan a firmar el cheque en blanco a Chevron, empresa que huye de la justicia. Nuestros territorios comunitarios son el botín de ese pacto oscuro.

Debemos darle un mensaje ético y moral muy fuerte a esa cascara vacía de democracia que es hoy la Legislatura de Neuquén. Allí, solo las componendas y los acuerdos espurios, son la regla. La gran movilización que vamos a generar será también un mensaje claro a la Presidenta Kirchner que burlándose de todos los que festejamos el acto de soberanía que significo la estatización de YPF, hoy se entrega a una de las multinacionales más desprestigiada del mundo, a través de su Decreto de necesidad y urgencia 929.

Kom Pu Ce!!!... todos a la Legislatura de Neuquén este miércoles 28…!
Por la Vida… por el Agua…contra el saqueo…contra el Fracking!!!
MARICIWEU….MARICIWEU!!!


Albino Campo – Lof Campo Maripe
Jorge Nahuel – Lof Newen Mapu
Jose Luis Cherky – Lof Kaxipayiñ
Elba Paynemil – Lof Paynemil
Jose Kayukew – Lof Puel Pvjv
Hugo Pilquiñan – Lof Ragiñ Ko
Policarpo Guircaleo – Lof Guircaleo
Eduardo Pilquiñan – CPI Xawvnko

viernes, 23 de agosto de 2013

Piden investigar a ex militar pinochetista, Juan Cheyre: acusado de entregar a Ernesto Lejderman

Juan Cheyre Es funcionario de Piñera. Por: Tiempo Argentino

El hijo de una pareja de militantes asesinados en Chile en 1973 pidió que se investigue al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre, por su participación en el caso. El militar es funcionario del actual gobierno de Sebastián Piñera y está señalado como quien entregó a Ernesto Lejderman, de dos años, luego del asesinato de sus padres, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos.

El joven, que reside en la Argentina, pidió que se investigue el crimen de sus padres y el rol que tuvo Cheyre, quien se desempeña como director del Servicio Electoral de Chile (Servel), donde fue designado por Piñera con acuerdo del Senado.
El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 1973, dos meses después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet que terminó con el gobierno de Salvador Allende. Los padres de Ernesto habían llegado hasta una mina abandonada del norte del país en un intento de escapar de la represión y huir a la Argentina. Se encontraban cerca de la localidad de La Serena, a 400 kilómetros de la capital, cuando fueron identificados y acribillados por una patrulla militar del Regimiento de Artillería Motorizado 2 "Arica", donde Cheyre se desempeñaba como ayudante del comandante Ariosto Lapostol. Según la denuncia, tras el asesinato, Cheyre se llevó al pequeño hijo de la pareja a un convento de monjas de La Serena y meses después fue devuelto a su familia en Argentina.
"Cheyre era el ayudante principal del jefe del regimiento Lapostol. Cumplió la orden de llevarme al convento y los militares cumplieron las órdenes de matar a mis padres. Casi me matan a mí. Yo soy un sobreviviente", afirmó el joven Lejderman a un programa de radio chileno. "Hay una complicidad de parte de él. La realidad está ahí", agregó.


Desde el nombramiento de Cheyre en el Servicio Electoral de Chile, en febrero de este año, se renovaron las denuncias de víctimas de delitos de lesa humanidad en el pinochetismo, entre ellos la de Lejderman.


El joven relató cómo reconstruyó el crimen de sus padres a través del único testigo, Luis Ramírez, quien bajo torturas y amenazas fue obligado a llevar a los militares al lugar donde se escondía la pareja y su pequeño hijo. "Él los llevó. Fue testigo de que asesinaron a mis padres. Las balas no me dieron de pura casualidad. Me recogieron cuando yo estaba abrazado al cuerpo ensangrentado de mi madre", recordó Lejderman y contó que fue llevado al regimiento de La Serena. "Me lo contó Ramírez, que en el año '90 se presentó ante la justicia y declaró todo esto. La versión de los militares fue que mis padres se autoeliminaron con explosivos. Otra versión fue que mi madre murió en enfrentamientos. Tengo dos certificados de defunción", agregó.
Ya en 2009, Lejderman se reunió en la oficina de su abogado con Cheyre, donde el ex jefe del Ejército en el gobierno de Ricardo Lagos defendió la versión oficial que dio la dictadura en ese momento sobre un suicidio de los militantes.
"Lo que le planteé a Cheyre es que revele quién es responsable del crimen de mis padres, que yo presencié. No contó nada. Defendió al jefe del regimiento. Planteó que estaba conmovido y que la versión que tenía era que mis padres se habían suicidado. No le creí. Sería interesante que dijera la verdad. Nunca es tarde para decir la verdad", sostuvo.

sábado, 17 de agosto de 2013

Capturado represor prófugo acusado por la desaparición de Clara Anahí Mariani

La Prefectura Naval Argentina capturó ayer a un policía prófugo desde hace más de un año. Se trata de Néstor Ramón Buzzato, que está acusado de la desaparición de la beba Clara Anahí Mariani, del asesinato de su madre y de las muertes de otros cuatro militantes montoneros. Buzzato, de 61 años, fue capturado en Gualeguay, Entre Ríos, y fue trasladado a La Plata, donde prestará declaración indagatoria ante el juez Humberto Blanco, según informó el portal de la Procuraduría General de la Nación. La detención había sido requerida por la Unidad Fiscal Federal de La Plata y ordenada por el entonces juez federal de esa ciudad, Arnaldo Corazza, el 13 de junio del año pasado.

Buzzato integró durante la dictadura el Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y está imputado por su participación en el ataque de las Fuerzas Armadas y de seguridad a la casa de la familia Mariani-Teruggi el 24 de noviembre de 1976. En ese procedimiento, llevado a cabo en la calle 30, entre 55 y 56 de La Plata, fue sustraída la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, quien permanece desaparecida, y fueron asesinados su madre, Diana Teruggi, y los militantes montoneros Roberto Porfidio, Daniel Mendiburu Elicabe, Juan Carlos Peiris, y al menos otras dos personas cuyos cuerpos no fueron identificados, aunque se investiga si uno de ellos era Alberto Bossio.

De acuerdo con las pruebas recogidas en la investigación, Buzzato concurrió al lugar como parte del Cuerpo de Infantería y, durante el ataque a la casa, desde donde las víctimas inicialmente se resistieron, subió a techos de viviendas vecinas junto al ex jefe policial coronel Ramón Camps y el entonces director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, actualmente condenado.

Según resultó acreditado en el juicio a Etchecolatz en 2006 y en el proceso por crímenes de lesa humanidad en el denominado Circuito Camps, que abarcó una serie de campos de concentración en La Plata y alrededores, Diana Teruggi fue asesinada por el personal policial que se encontraba encima de los techos de las casas linderas, tras una orden de disparar dada por Etchecolatz o Camps. Su hija Clara Anahí cumplió 37 años este lunes 12. Su abuela, María Isabel Chorobik de Mariani, y la Asociación Anahí conmemoraron la fecha en la casa atacada, que hoy es un sitio de memoria, y exigieron su aparición. El acto culminó con una suelta de globos con los datos de la niña –hoy adulta– desaparecida.

lunes, 5 de agosto de 2013

La Plata: un juez federal de la dictadura se negó a prestar indagatoria

El ex titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital, Rafael Sarmiento, se negó a declarar porque el juez no estaba presente en la audiencia. Los fiscales le imputan el secuestro del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles, quien fue detenido en su juzgado en 1977.

El ex juez federal porteño durante la última dictadura, Rafael Sarmiento, se negó a prestar declaración indagatoria este miércoles en La Plata, en una causa en la que se le imputa su participación en la privación ilegal de la libertad y las torturas del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles.

Sarmiento se presentó por sus medios en el Juzgado Federal N°3 de la capital bonaerense, que actualmente subroga Humberto Manuel Blanco, quien no estuvo presente en la audiencia por una indisposición momentánea. Sarmiento alegó la ausencia del juez para negarse a prestar declaración.

Por eso, ahora se aguarda que el juez Blanco -que decidió citar y no detener al imputado- fije una nueva audiencia y lo convoque a prestar declaración indagatoria.

El imputado se desempeñó durante la última dictadura cívico militar como titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital Federal. Los fiscales platenses Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron su indagatoria en abril pasado porque consideran que "el ex juez se constituyó en una pieza central para lograr la detención ilegal y los posteriores tormentos que sufrió Miralles".

La víctima fue secuestrada el 23 de junio de 1977 en la sede del juzgado a cargo de Sarmiento cuando fue a consultar el trámite de un habeas corpus preventivo que había interpuesto en su favor, dado que temía por su integridad y libertad. Para ese momento, sus hijos Carlos y Julio, y su nuera Luisa Villar estaban desaparecidos, mientras que su esposa, María Delia Arana, sus dos hermanos y la señora que realizaba tareas en su domicilio habían sido secuestrados y posteriormente liberados.

Miralles denunció que, en el trámite del habeas corpus, Sarmiento había recibido un pedido de detención del jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. El juez entonces dio aviso a la policía y la víctima fue retirada del juzgado por el ex comisario de Avellaneda, Jorge Rómulo Ferranti.

Inmediatamente, Miralles fue ingresado al circuito de centros clandestinos de detención comandado por Camps. Pasó por los lugares conocidos como COTI Martínez y Puesto Vasco y por el Destacamento de Arana y la comisaría de Monte Grande. Según acreditó la Cámara Federal porteña en el juicio a Camps de 1986, en los dos primeros lugares Miralles fue torturado con picana eléctrica con la participación del ex médico policial Jorge Antonio Bergés. El cautiverio clandestino se prolongó hasta el 24 de agosto de 1978.

El comisario Ferranti, que retiró a Miralles del juzgado de Sarmiento, fue condenado el 3 de junio pasado a cuatro años de prisión por la aplicación de "vejaciones y severidades" a los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda.

Hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Miralles había integrado el gabinete de ministros bonaerense de Victorio Calabró. Varios integrantes de aquél elenco resultaron víctimas del sistema de persecución implementado por Camps, quien los acusaba de haber hecho un pacto con la organización Montoneros.

En el pedido de detención de Sarmiento, los fiscales consideraron que "por su carácter de juez federal, Sarmiento debía conocer la ilegalidad de la detención que ejecutó en el recinto de su juzgado, para poner a disposición del jefe policial de otra jurisdicción a una persona que le había presentado un habeas corpus preventivo y que diariamente concurría a su juzgado para estar enterado de las novedades que podían producirse en su trámite."

"Entendemos que Sarmiento fue el ejecutor de la orden ilegal de detención –y sus consecuencias ulteriores-, hecho que se ve agravado por su condición de juez federal y garante de la libertad de la víctima, sobre todo porque contaba con los elementos para revisar la legitimidad de la orden y también para impedirla", agregaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.