domingo, 25 de noviembre de 2012
jueves, 22 de noviembre de 2012
El juez Rafecas procesa a 7 represores por participar en 19 asesinatos
“Los traslados no eran otra cosa que homicidios”
El magistrado dio por probados los asesinatos no sólo de las personas cuyos restos fueron identificados, sino también de otras nueve que permanecen desaparecidas, pero los testimonios de sobrevivientes las ubican en un “traslado”.
Por Victoria Ginzberg
El 6 de diciembre de 1978 más de veinte prisioneros de El Olimpo fueron llamados por los guardias por el número y la letra que los identificaba adentro de ese lugar. Les ordenaron hacer una fila y sacarse parte de la ropa. Les aplicaron un supuesto “tranquilizante” y los subieron a un camión, que luego los llevaría a un avión. Les habían dicho que iban a viajar al sur, a un penal o a una “granja de recuperación”. Pero fueron asesinados, tirados al mar en un “vuelo de la muerte”. Los cuerpos de diez de ellos fueron hallados en 2007, habían aparecido en la costa en la segunda quincena de diciembre de 1978 y luego fueron enterrados como NN. El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento de siete represores y, en una decisión que implica un avance en la causa, les imputó los homicidios de 19 personas que fueron sacadas de ese centro clandestino ese 6 de diciembre de 1978. La otra novedad del fallo es que da por probados los asesinatos no sólo de las personas cuyos restos fueron identificados, sino de otras nueve que permanecen desaparecidas.
Rafecas tiene a su cargo la causa en la que se investigan los delitos cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército. En esta resolución –dictada en el marco de los crímenes de los centros Atlético-Banco y Olimpo (ABO), que tuvieron una continuidad funcional– analiza la práctica del “traslado” como forma de simular el exterminio físico de seres humanos en forma sistemática durante el terrorismo de Estado. Esta nueva línea de investigación, que era reclamada por los fiscales y abogados de las víctimas, ya se implementó en algunos juzgados del interior del país, pero no en los grandes juicios de la Ciudad de Buenos Aires. El procesamiento por homicidio permite obtener condenas a prisión perpetua en los juicios orales. Si los casos son considerados sólo como privaciones ilegales de la libertad y torturas, las penas son menores y por lo tanto los represores cumplen uno de los objetivos por los que eligieron ese método para matar: ocultar las pruebas y garantizar la impunidad de su delito. Por ese motivo, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti había elaborado un documento en el que fundamentaba jurídicamente la posibilidad de acreditar el homicidio sin el cuerpo de la víctima.
El magistrado señala en su fallo que la desaparición tiene como antecedente el decreto sancionado por el régimen nazi el 7 de diciembre de 1941, conocido como Decreto Noche y Niebla, que habilitaba a la Gestapo a secuestrar y conducir a territorio alemán a todos aquellos considerados peligrosos o enemigos del régimen, donde debían ser alojados en condición de N. N. (por las siglas del decreto) en campos de concentración. Según el historiador Efraim Zadoff, citado por Rafecas, esta orden establecía que todos los que no fueran objeto de ajusticiamiento o pena de muerte sumaria e inmediata por parte de las fuerzas de seguridad “... serían deportados a Alemania, donde desaparecerían sin dejar rastros en campos de concentración o cárceles”. Ante el Tribunal de Nuremberg, el jerarca nazi que firmó el decreto, el mariscal Wilhelm Keitel, buscó justificarse en las órdenes impartidas por Hitler y la invocación del siguiente argumento: “... una intimidación efectiva y duradera sólo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo”.
“Los ‘traslados’ –señala Rafecas– no eran otra cosa que el homicidio, y el garantizar la desaparición del cuerpo de la víctima; las circunstancias narradas y las pruebas acumuladas al presente proceso han dado cuenta de que los mismos no eran otra cosa que un eufemismo, y que encubrían el seguro homicidio de las víctimas.”
A partir de los testimonios de sobrevivientes de El Olimpo y del trabajo del juez Horacio Cattani, de la Cámara Federal, y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que permitió la identificación de diez víctimas, Rafecas considera probado que “el 6 de diciembre de 1978 un grupo de más de veinte personas que permanecían ilegalmente cautivas en El Olimpo fueron sacadas de allí, en un ‘traslado’ que significó su asesinato mediante premeditación y alevosía.”
El juez agrega que hay suficientes elementos acumulados para tener por acreditado que hay nueve personas “que integraron el traslado del 6 de diciembre de 1978 y de las cuales no se ha hallado o identificado el cuerpo, que han sido víctimas de homicidio, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo fueron las diez víctimas identificadas”. Así, Rafecas procesó a los represores Juan Carlos Mario Chacra, Pedro Santiago Godoy, Eduardo Angel Cruz, Juan Miguel Méndez, Oscar Izzi, Héctor Horacio Marc y Alfredo Omar Feito como partícipes de 19 asesinatos, aunque no fueron, que se sepa, los autores materiales de los mismos. Citó para ello, el fallo del Tribunal Oral que juzgó crímenes de ABO: “Todos (los acusados) estuvieron a cargo de la custodia y tormento de las víctimas, asegurando su permanencia en la sede del circuito vigente, y llevando adelante las tareas necesarias para que se dieran las condiciones de detención de este centro. Fue así posible que, en fecha 6 de diciembre de ese año, estuvieran en condiciones de que, luego de la preparación que tuvo lugar dentro del sitio, fueran muertas fuera de él (...) Al ser autores de las privaciones ilegítimas de la libertad que implicaron la posibilidad cierta a los ofendidos de ser ‘trasladados’ con destino final muerte, han efectuado, concurrentemente el aporte objetivo imprescindible al hecho de homicidio”.
El magistrado dio por probados los asesinatos no sólo de las personas cuyos restos fueron identificados, sino también de otras nueve que permanecen desaparecidas, pero los testimonios de sobrevivientes las ubican en un “traslado”.
Por Victoria Ginzberg
El 6 de diciembre de 1978 más de veinte prisioneros de El Olimpo fueron llamados por los guardias por el número y la letra que los identificaba adentro de ese lugar. Les ordenaron hacer una fila y sacarse parte de la ropa. Les aplicaron un supuesto “tranquilizante” y los subieron a un camión, que luego los llevaría a un avión. Les habían dicho que iban a viajar al sur, a un penal o a una “granja de recuperación”. Pero fueron asesinados, tirados al mar en un “vuelo de la muerte”. Los cuerpos de diez de ellos fueron hallados en 2007, habían aparecido en la costa en la segunda quincena de diciembre de 1978 y luego fueron enterrados como NN. El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento de siete represores y, en una decisión que implica un avance en la causa, les imputó los homicidios de 19 personas que fueron sacadas de ese centro clandestino ese 6 de diciembre de 1978. La otra novedad del fallo es que da por probados los asesinatos no sólo de las personas cuyos restos fueron identificados, sino de otras nueve que permanecen desaparecidas.
Rafecas tiene a su cargo la causa en la que se investigan los delitos cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército. En esta resolución –dictada en el marco de los crímenes de los centros Atlético-Banco y Olimpo (ABO), que tuvieron una continuidad funcional– analiza la práctica del “traslado” como forma de simular el exterminio físico de seres humanos en forma sistemática durante el terrorismo de Estado. Esta nueva línea de investigación, que era reclamada por los fiscales y abogados de las víctimas, ya se implementó en algunos juzgados del interior del país, pero no en los grandes juicios de la Ciudad de Buenos Aires. El procesamiento por homicidio permite obtener condenas a prisión perpetua en los juicios orales. Si los casos son considerados sólo como privaciones ilegales de la libertad y torturas, las penas son menores y por lo tanto los represores cumplen uno de los objetivos por los que eligieron ese método para matar: ocultar las pruebas y garantizar la impunidad de su delito. Por ese motivo, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti había elaborado un documento en el que fundamentaba jurídicamente la posibilidad de acreditar el homicidio sin el cuerpo de la víctima.
El magistrado señala en su fallo que la desaparición tiene como antecedente el decreto sancionado por el régimen nazi el 7 de diciembre de 1941, conocido como Decreto Noche y Niebla, que habilitaba a la Gestapo a secuestrar y conducir a territorio alemán a todos aquellos considerados peligrosos o enemigos del régimen, donde debían ser alojados en condición de N. N. (por las siglas del decreto) en campos de concentración. Según el historiador Efraim Zadoff, citado por Rafecas, esta orden establecía que todos los que no fueran objeto de ajusticiamiento o pena de muerte sumaria e inmediata por parte de las fuerzas de seguridad “... serían deportados a Alemania, donde desaparecerían sin dejar rastros en campos de concentración o cárceles”. Ante el Tribunal de Nuremberg, el jerarca nazi que firmó el decreto, el mariscal Wilhelm Keitel, buscó justificarse en las órdenes impartidas por Hitler y la invocación del siguiente argumento: “... una intimidación efectiva y duradera sólo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo”.
“Los ‘traslados’ –señala Rafecas– no eran otra cosa que el homicidio, y el garantizar la desaparición del cuerpo de la víctima; las circunstancias narradas y las pruebas acumuladas al presente proceso han dado cuenta de que los mismos no eran otra cosa que un eufemismo, y que encubrían el seguro homicidio de las víctimas.”
A partir de los testimonios de sobrevivientes de El Olimpo y del trabajo del juez Horacio Cattani, de la Cámara Federal, y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que permitió la identificación de diez víctimas, Rafecas considera probado que “el 6 de diciembre de 1978 un grupo de más de veinte personas que permanecían ilegalmente cautivas en El Olimpo fueron sacadas de allí, en un ‘traslado’ que significó su asesinato mediante premeditación y alevosía.”
El juez agrega que hay suficientes elementos acumulados para tener por acreditado que hay nueve personas “que integraron el traslado del 6 de diciembre de 1978 y de las cuales no se ha hallado o identificado el cuerpo, que han sido víctimas de homicidio, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo fueron las diez víctimas identificadas”. Así, Rafecas procesó a los represores Juan Carlos Mario Chacra, Pedro Santiago Godoy, Eduardo Angel Cruz, Juan Miguel Méndez, Oscar Izzi, Héctor Horacio Marc y Alfredo Omar Feito como partícipes de 19 asesinatos, aunque no fueron, que se sepa, los autores materiales de los mismos. Citó para ello, el fallo del Tribunal Oral que juzgó crímenes de ABO: “Todos (los acusados) estuvieron a cargo de la custodia y tormento de las víctimas, asegurando su permanencia en la sede del circuito vigente, y llevando adelante las tareas necesarias para que se dieran las condiciones de detención de este centro. Fue así posible que, en fecha 6 de diciembre de ese año, estuvieran en condiciones de que, luego de la preparación que tuvo lugar dentro del sitio, fueran muertas fuera de él (...) Al ser autores de las privaciones ilegítimas de la libertad que implicaron la posibilidad cierta a los ofendidos de ser ‘trasladados’ con destino final muerte, han efectuado, concurrentemente el aporte objetivo imprescindible al hecho de homicidio”.
jueves, 15 de noviembre de 2012
El Cóndor anidó en el consulado uruguayo
Embajada. Funciona actualmente en el barrio de recoleta. Mujica quiere venderla.
El diputado uruguayo Luis Puig denunció en la Justicia de su país que en la embajada de Uruguay en Buenos Aires funcionó, a mediados de los años ’70, un centro clandestino de detención. Aportó imágenes de tres celdas ubicadas en el subsuelo del edificio.
El Cóndor desplegó sus alas en los lugares más diversos del continente. El plan represivo coordinado por las dictaduras del Cono Sur llevó al paroxismo la eliminación de sus adversarios políticos. Así se entiende el dato que esta semana dio a conocer un diputado del Frente Amplio: el edificio de la Embajada y el Consulado de Uruguay en Buenos Aires habría funcionado como centro clandestino de detención. Así lo denunció Luis Puig ante la Justicia penal de su país: dijo que a través de los testimonios de uruguayos residentes en la Argentina tomó conocimiento de la existencia de tres celdas en el subsuelo del edificio, propiedad del Estado uruguayo, que fueron construidas entre los años 1974 y 1975.
Puig es parte del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que integra el Frente Amplio gobernante en Uruguay. Presentó la denuncia ante el juez penal Pedro Salazar, en el marco de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, relacionada con secuestros y desapariciones de uruguayos en la Argentina. Adelantó que podría formular una denuncia similar ante la Justicia argentina sobre la existencia de un “celdario en el subsuelo del edificio expresamente construido en esos años” para el consulado uruguayo, en avenida Las Heras y Ayacucho. “Hace un mes, residentes uruguayos en Argentina nos comunicaron la existencia de esa cárcel que funcionó entre el ’74 y el ’75. Me trasladé a Buenos Aires y pude comprobar que en el primer subsuelo del edificio hay tres celdas, a las que saqué fotos”. Y agregó: “Los testimonios dicen además que en esa época militares entraban y salían constantemente del edificio sin que se supiera el motivo aparente”.
El diputado uruguayo Luis Puig denunció en la Justicia de su país que en la embajada de Uruguay en Buenos Aires funcionó, a mediados de los años ’70, un centro clandestino de detención. Aportó imágenes de tres celdas ubicadas en el subsuelo del edificio.
El Cóndor desplegó sus alas en los lugares más diversos del continente. El plan represivo coordinado por las dictaduras del Cono Sur llevó al paroxismo la eliminación de sus adversarios políticos. Así se entiende el dato que esta semana dio a conocer un diputado del Frente Amplio: el edificio de la Embajada y el Consulado de Uruguay en Buenos Aires habría funcionado como centro clandestino de detención. Así lo denunció Luis Puig ante la Justicia penal de su país: dijo que a través de los testimonios de uruguayos residentes en la Argentina tomó conocimiento de la existencia de tres celdas en el subsuelo del edificio, propiedad del Estado uruguayo, que fueron construidas entre los años 1974 y 1975.
Puig es parte del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que integra el Frente Amplio gobernante en Uruguay. Presentó la denuncia ante el juez penal Pedro Salazar, en el marco de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, relacionada con secuestros y desapariciones de uruguayos en la Argentina. Adelantó que podría formular una denuncia similar ante la Justicia argentina sobre la existencia de un “celdario en el subsuelo del edificio expresamente construido en esos años” para el consulado uruguayo, en avenida Las Heras y Ayacucho. “Hace un mes, residentes uruguayos en Argentina nos comunicaron la existencia de esa cárcel que funcionó entre el ’74 y el ’75. Me trasladé a Buenos Aires y pude comprobar que en el primer subsuelo del edificio hay tres celdas, a las que saqué fotos”. Y agregó: “Los testimonios dicen además que en esa época militares entraban y salían constantemente del edificio sin que se supiera el motivo aparente”.
El canciller de Uruguay, Luis Almagro, ya recibió la información de la denuncia y prometió una investigación administrativa. “Con todas las pruebas que presentamos, ahora estamos a la espera de la citación del juez”, dijo Puig. El legislador describió lo que vio: “Hay tres celdas con rejas de acero y el recinto también tiene puertas de acero”. Y aseguró que la existencia de esa prisión ilegal “era un secreto a voces” en ámbitos de la diplomacia uruguaya.
A mediados de los años ’70, la dictadura instalada en Uruguay había lanzado ya fuertes operaciones represivas contra opositores, con la cooperación de fuerzas militares y policiales de otros países de la región. “Aunque en la Argentina todavía no había dictadura, sí había uruguayos secuestrados y luego fusilados en Uruguay, en el marco del Plan Cóndor”. Puig mencionó el caso de los Fusilados de Soca: cinco militantes tupamaros detenidos-desaparecidos en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, trasladados ilegalmente a su país y asesinados en la localidad uruguaya de Soca el 20 de diciembre del mismo año. “Siempre existió la duda sobre dónde estaban los detenidos-desaparecidos uruguayos antes de que los represores argentinos y uruguayos utilizaran con ese fin el centro clandestino conocido como Automotores Orletti”. Orletti fue la sede argentina del Cóndor. Por ese taller –hoy sitio de memoria– pasaron cientos de detenidos desaparecidos, muchos de ellos uruguayos.
El diputado destacó que de comprobarse que efectivamente hubo un centro de detención ilegal en el recinto diplomático, un local que depende de la Cancillería uruguaya, quedaría plasmado una vez más el conocimiento que tenía el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Juan Carlos Blanco, de los crímenes que cometía el gobierno. “Tenía un centro de detención ilegal en una embajada al tiempo que daba instrucciones a los diplomáticos uruguayos para que negaran la existencia de desaparecidos”, declaró Puig a la agencia EFE.
Juan Carlos Blanco, de 77 años, se encuentra en prisión desde 2006 por varios casos de violaciones a los derechos humanos. Uno de esos casos es el de la maestra Elena Quinteros, que fuera secuestrada en 1976 en los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo. Ese incidente derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países hasta la restauración democrática en Uruguay, en 1985. Blanco también fue condenado por los asesinatos del entonces senador uruguayo Zelmar Michelini y del presidente de la Cámara de Diputados del país Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.
Controlar y eliminar. En esos años gobernaba el país José María Bordaberry. Había ganado las elecciones en 1972, como candidato del Partido Colorado. Un año después disolvió las Cámaras legislativas con la bendición de las fuerzas armadas. Estuvo en su cargo hasta 1976. Después lo echaron. La dictadura duró nueve años más. Bordaberry fue encarcelado a fines de 2006 por diversos delitos de lesa humanidad ocurridos bajo su gobierno dictatorial. Murió un año después, tras las rejas. La dictadura uruguaya no fue tan brutal como la argentina, pero tampoco se quedó atrás. Para imponerse y eliminar toda oposición, las fuerzas armadas recurrieron al terror, el asesinato, la prisión: uno de cada 54 uruguayos pasó durante la dictadura por la cárcel. La tortura también fue un lugar común. Y para ello fueron necesarias las enseñanzas de Dan Anthony Mitrione, un agente de la CIA que adoctrinó a la policía uruguaya. La película Estado de sitio, de Costa-Gavras, se basa en su historia.
Las dictaduras que en los ’70 gobernaban la mayoría de los países de la región necesitaban un armado supra nacional para “controlar” y eliminar a opositores políticos. Así nació el Plan Cóndor, un proyecto criminal de coordinación y enlace entre las fuerzas de seguridad continentales. La idea original había sido del dictador chileno Augusto Pinochet, en el año 1975. Quien primero lo llevó cabo fue Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta del régimen. Luego se fueron sumando los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. No faltaron, además, contactos con las fuerzas armadas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos.
Estados Unidos no sólo aportó ayuda con armamento, sino a través de la preparación ideológica de los militares de los diferentes países. ¿Cómo? A través de los cursos que se impartían en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, más conocido como Escuela de las Américas. Por allí pasaron, se estima, unos 60 mil militares y policías latinoamericanos. Muchos terminaron siendo dictadores en sus países.
La dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. Pero en la Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos.
El edificio de la Embajada uruguaya en la Argentina se encuentra en el barrio porteño de Recoleta. Recientemente, el gobierno del presidente José Mujica ordenó su venta. Argumentó que apenas tiene utilidad práctica y que es muy caro mantener sus nueve plantas.
Montevideo
Excavaciones por enterramientos clandestinos
La Justicia de Uruguay autorizó que se retomen las excavaciones en un batallón militar en las afueras de Montevideo, en busca de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura en ese país (1973-1985). El trámite ante la Justicia había sido cursado por el Poder Ejecutivo después de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia obtuviera nuevos datos sobre presuntos enterramientos clandestinos. Los trabajos estarán a cargo de un equipo de antropólogos y arqueólogos contratado por el gobierno. Los restos de varios militantes de izquierda fueron hallados e identificados en los últimos años en el Batallón 14 de Paracaidistas y en otros predios militares como resultado de la remoción de tierras. Durante la última dictadura en Uruguay desaparecieron aproximadamente unas 200 personas. La búsqueda de restos de desaparecidos en el Batallón 14 se enmarca en la investigación abierta por la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, que le fue arrebatada a su madre al nacer
Por Raúl Arcomano - rarcomano@miradasalsur.com
jueves, 8 de noviembre de 2012
Vandalismo en la plazoleta Rodolfo Walsh
Fue inaugurado el 7 de junio y apenas cinco meses más tarde apareció pintarrajeado con aerosol.
También destruyeron la placa de la plazoleta Rodolfo Walsh, que se había colocado allí en homenaje al periodista y escritor a 35 años de su asesinato, el 25 de marzo.
“Es llamativo que justo hoy, un día de fuerte contenido político, algunos sectores protagonicen este tipo de hechos intimidatorios que expresan intolerancia y un ataque a los valores democráticos”, señalaron desde la Asociación de Prensa de Santa Fe.
Dos nuevas capturas concretadas: un capitán de la Armada y un policía de Santa Fe
Se trata de Aristóbulo Nicanor Moreira y de José Scilabra
Dos acusados de delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar y que estaban prófugos, el capitán de fragata (R) Aristóbulo Nicanor Moreira y el ex servicio de inteligencia de la Policía de Santa Fe José Scilabra, fueron detenidos hoy por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Moreira, de 66 años y ex capitán de Fragata de la Armada, fue detenido en su domicilio de la calle Ricardo Gutiérrez al 3000, en el barrio porteño de Villa del Parque, informó el Ministerio de Seguridad. El detenido fue trasladado hasta la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (U.O.S.P.) Metropolitana, donde se le realizó la correspondiente revisación médica, extracción de fichas dactiloscópicas y muestras de imágenes fotográficas, quedando alojado en calidad de "detenido comunicado", a la espera de la disposición conjunta de los tribunales intervinientes.
Moreira se retiró de las Fuerzas Armadas en 1992 y el último cargo que ocupó fue el de Jefe de Misión Militar, cargo que desempeñó en Angola. Interviene el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Eduardo Tentoni, y la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mario Fernández Moreno.
En otro procedimiento, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a José Scilabra, personal civil de inteligencia de la Policía de Santa Fe, implicado en la causa “Guerrieri” por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura. Scilabra fue detenido en su domicilio de la calle Isla Soledad al 1000 de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Interviene el Juzgado Federal N° 4 de Rosario a cargo de Carlos Vera Barros.
Dos acusados de delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar y que estaban prófugos, el capitán de fragata (R) Aristóbulo Nicanor Moreira y el ex servicio de inteligencia de la Policía de Santa Fe José Scilabra, fueron detenidos hoy por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Moreira, de 66 años y ex capitán de Fragata de la Armada, fue detenido en su domicilio de la calle Ricardo Gutiérrez al 3000, en el barrio porteño de Villa del Parque, informó el Ministerio de Seguridad. El detenido fue trasladado hasta la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (U.O.S.P.) Metropolitana, donde se le realizó la correspondiente revisación médica, extracción de fichas dactiloscópicas y muestras de imágenes fotográficas, quedando alojado en calidad de "detenido comunicado", a la espera de la disposición conjunta de los tribunales intervinientes.
Moreira se retiró de las Fuerzas Armadas en 1992 y el último cargo que ocupó fue el de Jefe de Misión Militar, cargo que desempeñó en Angola. Interviene el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Eduardo Tentoni, y la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mario Fernández Moreno.
En otro procedimiento, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a José Scilabra, personal civil de inteligencia de la Policía de Santa Fe, implicado en la causa “Guerrieri” por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura. Scilabra fue detenido en su domicilio de la calle Isla Soledad al 1000 de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Interviene el Juzgado Federal N° 4 de Rosario a cargo de Carlos Vera Barros.
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Lesa humanidad: condenaron a ex funcionario platense
Se trata de Gustavo Vitón, ex director de Control Urbano, a quien le dieron 8 años por su actuación en un centro clandestino de detención de Cipolletti.
Gustavo Vitón, ex director de Control Urbano en La Plata, fue condenado a 8 años de prisión por su accionar en tiempos de dictadura en centros clandestinos de detención de Neuquén y el alto valle de Río Negro. La sentencia se dio a conocer este lunes e incluyó a 13 represores, mientras que hubo ocho absoluciones, en su mayoría de policías rionegrinos.
En el caso de Vitón, su responsabilidad está dada por haber sido interventor militar de la comisaría de Cipolletti, la cual, según se determinó en el juicio, operó como centro clandestino.
Tanto las querellas, la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos (como las Madres de Plaza de Mayo y la APDH) manifestaron su descontento con las condenas, aludieron a la poca independencia de la justicia y aseguraron que continuarán con la lucha en las calles. “Esta no es la justicia que queremos“, aseguraron Noemí Labrune, Inés Ragni y Lolín Rigoni. Las agrupaciones, familiares, víctimas y testigos que se acercaron a escuchar el veredicto marcharon hasta el centro en reclamo de justicia.
El juicio fue llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Neuquén y alcanzó a 24 acusados (de los cuales 13 fueron condenados).
La audiencia se puso en marcha minutos antes de las 10 en los tribunales ubicados en calle Carlos H Rodríguez Nº 46 de la capital neuquina con la presencia de 20 imputados.
Vitón, que estuvo presente en la sala, es un militar retirado de 64 años que a finales de la década del 90 fue designado al frente de la oficina de transito de la Municipalidad de La Plata por el entonces intendente Julio Alak.
Esa fue su última excursión en la función pública. Fue separado del cargo luego de que ese mismo año la agrupación HIJOS La Plata realizara un escrache en su casa de avenida 60 y 23. Antes, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 1996 y 1997 se había desempeñado como gerente de operaciones de la Zona Franca de La Plata.
Según la causa que se ventiló en Neuquén, el por entonces teniente primero Gustavo Vitón estaba a cargo la Compañía “A” del Batallón de Ingeniero de Construcciones 181 en 1976 y tras el golpe de estado del 24 de marzo se le asignó la Jefatura del Área 5.2.1, con asiento en la comisaría 24 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Esa seccional, según indica la acusación fiscal, “fue utilizada como centro de detención y tortura durante los primeros meses posteriores al golpe de estado”, y se utilizó antes de la instalación del centro La Escuelita en territorio del Ejército.
Entre otros hechos se lo acusó al ex funcionario platense de comandar un operativo conjunto con la Policía para secuestrar en su propia casa durante una semana a Silvia Noemí Barco quien se encontraba embarazada y a sus dos hijos menores, mientras esperaba la llegada de su marido Norberto Osvaldo Blanco, a quien al término de ese lapso se presentó en la Comisaría de Cipolletti y fue entregado a otro grupo represivo.
En el mismo expediente se precisó que “dos o tres días después del 24 de marzo efectivos militares y policiales allanaron la vivienda de Raúl Sotto en Cipolletti, quien al día siguiente fue detenido en su lugar de trabajo en el Hospital de esa ciudad”.
Tras ser interrogado por la Policía Federal Argentina (PFA) de Neuquén, fue liberado, pero a la semana siguiente lo detuvo la policía provincial de Río Negro y lo llevó “a la Comisaría de Cipolletti, dependencia en la que pudo ver a efectivos militares y donde fue víctima de la aplicación de tormentos psíquicos y físicos”. En esa seccional permaneció hasta el 3 de abril de 1976 cuando fue trasladado a la PFA neuquina. Fue liberado de la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, seis días más tarde.
En el expediente de acusación que comprende a Vitón, también figura el secuestro de Oscar Dionisio Contreras, detenido en su casa de Cipolletti pocos días después del golpe. En la causa se explica que a la víctima “la llevaron a la Comisaría de esa ciudad, lugar en el cual le fueron aplicados tormentos psíquicos y físicos y sometido a interrogatorios, habiendo recuperado su libertad a la semana aproximadamente desde la misma seccional”.
“En tanto –sigue el expediente- , el 28 de marzo de 1976 en horas de la noche, efectivos militares y policiales privaron ilegalmente de la libertad a Ricardo Novero habiendo ingresado violentamente a su domicilio sito en la ciudad de Cipolletti y a quien condujeron a la Comisaría de esa ciudad, donde le aplicaron tormentos físicos y psíquicos, habiendo sido interrogado y sacado de esa comisaría en algunas ocasiones, habiendo permanecido detenido aproximadamente durante dos meses”.
Vitón también está acusado de participar de una serie de operativos conjuntos del Ejército y las Policías Federa y de las provincias de Río Negro y Neuquén realizados entre el 9 y el 14 de junio de 1976, en el que fueron detenidas unas 34 personas.
El territorio. El juicio conocido como “La Escuelita II”, es el segundo por crímenes de lesa humanidad que se realizó en Neuquén. El primer juicio por los delitos ocurridos durante la dictadura militar en el Alto Valle ventiló en 2008 la situación de 17 detenidos – desaparecidos que fueron torturados en ese centro clandestino y condenó a 8 militares.
En este segundo tramo, la investigación judicial planteó como centros de tortura a la comisaría de Cipolletti, la de Cutral Co, la sede de la policía Federal en la ciudad de Neuquén, el centro “La Escuelita”-en los fondos del Batallón- y en algunos casos oficinas de la U 9.
El fiscal y el juez federal de primera instancia vincularon a los 24 militares (sólo 13 fueron condenados) y policías imputados en la causa con delitos cometidos en perjuicio de 39 personas, 6 de las cuales están desaparecidas.
Gustavo Vitón, ex director de Control Urbano en La Plata, fue condenado a 8 años de prisión por su accionar en tiempos de dictadura en centros clandestinos de detención de Neuquén y el alto valle de Río Negro. La sentencia se dio a conocer este lunes e incluyó a 13 represores, mientras que hubo ocho absoluciones, en su mayoría de policías rionegrinos.
En el caso de Vitón, su responsabilidad está dada por haber sido interventor militar de la comisaría de Cipolletti, la cual, según se determinó en el juicio, operó como centro clandestino.
Tanto las querellas, la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos (como las Madres de Plaza de Mayo y la APDH) manifestaron su descontento con las condenas, aludieron a la poca independencia de la justicia y aseguraron que continuarán con la lucha en las calles. “Esta no es la justicia que queremos“, aseguraron Noemí Labrune, Inés Ragni y Lolín Rigoni. Las agrupaciones, familiares, víctimas y testigos que se acercaron a escuchar el veredicto marcharon hasta el centro en reclamo de justicia.
El juicio fue llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Neuquén y alcanzó a 24 acusados (de los cuales 13 fueron condenados).
La audiencia se puso en marcha minutos antes de las 10 en los tribunales ubicados en calle Carlos H Rodríguez Nº 46 de la capital neuquina con la presencia de 20 imputados.
Vitón, que estuvo presente en la sala, es un militar retirado de 64 años que a finales de la década del 90 fue designado al frente de la oficina de transito de la Municipalidad de La Plata por el entonces intendente Julio Alak.
Esa fue su última excursión en la función pública. Fue separado del cargo luego de que ese mismo año la agrupación HIJOS La Plata realizara un escrache en su casa de avenida 60 y 23. Antes, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 1996 y 1997 se había desempeñado como gerente de operaciones de la Zona Franca de La Plata.
Según la causa que se ventiló en Neuquén, el por entonces teniente primero Gustavo Vitón estaba a cargo la Compañía “A” del Batallón de Ingeniero de Construcciones 181 en 1976 y tras el golpe de estado del 24 de marzo se le asignó la Jefatura del Área 5.2.1, con asiento en la comisaría 24 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Esa seccional, según indica la acusación fiscal, “fue utilizada como centro de detención y tortura durante los primeros meses posteriores al golpe de estado”, y se utilizó antes de la instalación del centro La Escuelita en territorio del Ejército.
Entre otros hechos se lo acusó al ex funcionario platense de comandar un operativo conjunto con la Policía para secuestrar en su propia casa durante una semana a Silvia Noemí Barco quien se encontraba embarazada y a sus dos hijos menores, mientras esperaba la llegada de su marido Norberto Osvaldo Blanco, a quien al término de ese lapso se presentó en la Comisaría de Cipolletti y fue entregado a otro grupo represivo.
En el mismo expediente se precisó que “dos o tres días después del 24 de marzo efectivos militares y policiales allanaron la vivienda de Raúl Sotto en Cipolletti, quien al día siguiente fue detenido en su lugar de trabajo en el Hospital de esa ciudad”.
Tras ser interrogado por la Policía Federal Argentina (PFA) de Neuquén, fue liberado, pero a la semana siguiente lo detuvo la policía provincial de Río Negro y lo llevó “a la Comisaría de Cipolletti, dependencia en la que pudo ver a efectivos militares y donde fue víctima de la aplicación de tormentos psíquicos y físicos”. En esa seccional permaneció hasta el 3 de abril de 1976 cuando fue trasladado a la PFA neuquina. Fue liberado de la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, seis días más tarde.
En el expediente de acusación que comprende a Vitón, también figura el secuestro de Oscar Dionisio Contreras, detenido en su casa de Cipolletti pocos días después del golpe. En la causa se explica que a la víctima “la llevaron a la Comisaría de esa ciudad, lugar en el cual le fueron aplicados tormentos psíquicos y físicos y sometido a interrogatorios, habiendo recuperado su libertad a la semana aproximadamente desde la misma seccional”.
“En tanto –sigue el expediente- , el 28 de marzo de 1976 en horas de la noche, efectivos militares y policiales privaron ilegalmente de la libertad a Ricardo Novero habiendo ingresado violentamente a su domicilio sito en la ciudad de Cipolletti y a quien condujeron a la Comisaría de esa ciudad, donde le aplicaron tormentos físicos y psíquicos, habiendo sido interrogado y sacado de esa comisaría en algunas ocasiones, habiendo permanecido detenido aproximadamente durante dos meses”.
Vitón también está acusado de participar de una serie de operativos conjuntos del Ejército y las Policías Federa y de las provincias de Río Negro y Neuquén realizados entre el 9 y el 14 de junio de 1976, en el que fueron detenidas unas 34 personas.
El territorio. El juicio conocido como “La Escuelita II”, es el segundo por crímenes de lesa humanidad que se realizó en Neuquén. El primer juicio por los delitos ocurridos durante la dictadura militar en el Alto Valle ventiló en 2008 la situación de 17 detenidos – desaparecidos que fueron torturados en ese centro clandestino y condenó a 8 militares.
En este segundo tramo, la investigación judicial planteó como centros de tortura a la comisaría de Cipolletti, la de Cutral Co, la sede de la policía Federal en la ciudad de Neuquén, el centro “La Escuelita”-en los fondos del Batallón- y en algunos casos oficinas de la U 9.
El fiscal y el juez federal de primera instancia vincularon a los 24 militares (sólo 13 fueron condenados) y policías imputados en la causa con delitos cometidos en perjuicio de 39 personas, 6 de las cuales están desaparecidas.
sábado, 3 de noviembre de 2012
"Primatesta y Aramburu fueron cómplices de la dictadura", dijo el ex sacerdote Delfor Brizuela
Al declarar en la causa por el asesinato de los curas Murias y Longeville
La Rioja.-El diputado provincial y ex sacerdote Delfor Brizuela afirmó que los ex cardenales Juan Carlos Aramburu y Raúl Primatesta "fueron cómplices de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983" y agregó que monseñor Adolfo Tortolo y monseñor Victorio Bonamín directamente "entregaron gente a los militares". Brizuela declaró como testigo en la causa que se investiga los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville ocurrido el 18 de julio de 1976 en la ciudad de Chamical, por los que están siendo juzgados los represores Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera.
"Primatesta junto con Aramburu fueron cómplices de la última dictadura militar en nuestro país, pero lo de Primatesta fue un silencio cómplice, aunque diría que más cómplice que silencio", sostuvo Brizuela.
Precisó que "el caso de Monseñor Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín fue peor porque directamente entregaban gente a los militares que estaban a cargo de gobernar el país, en una época en la cual las persecuciones a los sacerdotes, especialmente a los de la pastoral de Enrique Angelelli, eran permanentes".
"El mensaje del obispo Angelelli era un mensaje de liberación, y él y los sacerdotes Longeville y Murias eran
considerados peligrosos enemigos del régimen y del ser nacional, una conceptualización qué se hacía en esos tiempos. Recuerdo que les decían 'los apatriados'", recordó.
Brizuela comentó que "la noticia que le llegó al Papa es que acá había una iglesia ecléctica que no se adaptaba a las reglas".
"Primatesta junto con Aramburu fueron cómplices de la última dictadura militar en nuestro país, pero lo de Primatesta fue un silencio cómplice, aunque diría que más cómplice que silencio", sostuvo Brizuela.
Precisó que "el caso de Monseñor Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín fue peor porque directamente entregaban gente a los militares que estaban a cargo de gobernar el país, en una época en la cual las persecuciones a los sacerdotes, especialmente a los de la pastoral de Enrique Angelelli, eran permanentes".
"El mensaje del obispo Angelelli era un mensaje de liberación, y él y los sacerdotes Longeville y Murias eran
considerados peligrosos enemigos del régimen y del ser nacional, una conceptualización qué se hacía en esos tiempos. Recuerdo que les decían 'los apatriados'", recordó.
Brizuela comentó que "la noticia que le llegó al Papa es que acá había una iglesia ecléctica que no se adaptaba a las reglas".
viernes, 2 de noviembre de 2012
Periodista denunció amenazas de exmilitar acusado de delitos de lesa humanidad
El reportero del Diario de Cuyo, de San Juan, que cubre el juicio contra siete exmilitares, aseguró que fue amenazado por Gustavo De Marchi.
Un periodista de San Juan denunció haber sido amenazado por un exmilitar que está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad, con quien dialogó en un baño de los tribunales.
El periodista del Diario de Cuyo Claudio Leiva, que cubre el juicio contra siete exmilitares, aseguró que fue amenazado por Gustavo Ramón De Marchi, acusado de torturas y tormentos seguidos de muerte en cuatro causas que se sustancian en el Tribunal Oral Federal de San Juan desde principio de año.
"Esto no es una amenaza, pero escribí bien, vos tenés familia y en algún momento voy a salir", le dijo De Marchi, según la denuncia, publicada hoy por el matutino en el que trabaja Leiva.
El periodista precisó que la conversación con el imputado se produjo al final de la audiencia de ayer dentro de un baño ubicado al costado de la sala del Tribunal Oral donde se lleva adelante el juicio.
Fue hasta allí, dijo el trabajador de prensa, por pedido de otro de los acusados, Jorge Alberto Olivera, quien le solicitó que siguiera a De Marchi.
Qué habría ocurrido. Una vez que ingresó a los sanitarios, Leiva y De Marchi quedaron solos, sin la custodia policial que debía acompañar al acusado, afirmó el periodista.
En una nota publicada hoy, el Diario de Cuyo interpretó que De Marchi habría intentado "presionar al periodista para que publicara dos escritos que había presentado ante el Tribunal Oral".
Se trata de una solicitud para revocar el patrocinio de la defensora oficial y otro para "oponerse a la incorporación por lectura de testimonios al proceso".
"De Marchi me dijo que venía de una familia de militares honorables y que tiene un primo que también está acusado de los mismos delitos que él", relató hoy Leiva, en declaraciones a Radio Colón de esta capital.
Entonces, De Marchi colocó su mano derecha "sobre mi hombro y, con una leve presión, me dijo ˜esto no es una amenaza pero escribí bien, vos tenés familia, en algún momento voy a salir˜", recordó.
"Fue una situación desagradable, tensa. Nunca había dialogado con los acusados, no es algo habitual para la prensa", relató. Entonces, mientras estaban en el baño, ingresó un agente de la policía federal y De Marchi le dijo "estamos hablando", a lo que el policía respondió que debían trasladarlo al Penal provincial, donde cumple prisión, y el exmilitar le contestó: "ya voy a ir", según relató el periodista.
El periodista presentó la denuncia ante el fiscal general Matías Bermejo.
Un periodista de San Juan denunció haber sido amenazado por un exmilitar que está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad, con quien dialogó en un baño de los tribunales.
El periodista del Diario de Cuyo Claudio Leiva, que cubre el juicio contra siete exmilitares, aseguró que fue amenazado por Gustavo Ramón De Marchi, acusado de torturas y tormentos seguidos de muerte en cuatro causas que se sustancian en el Tribunal Oral Federal de San Juan desde principio de año.
"Esto no es una amenaza, pero escribí bien, vos tenés familia y en algún momento voy a salir", le dijo De Marchi, según la denuncia, publicada hoy por el matutino en el que trabaja Leiva.
El periodista precisó que la conversación con el imputado se produjo al final de la audiencia de ayer dentro de un baño ubicado al costado de la sala del Tribunal Oral donde se lleva adelante el juicio.
Fue hasta allí, dijo el trabajador de prensa, por pedido de otro de los acusados, Jorge Alberto Olivera, quien le solicitó que siguiera a De Marchi.
Qué habría ocurrido. Una vez que ingresó a los sanitarios, Leiva y De Marchi quedaron solos, sin la custodia policial que debía acompañar al acusado, afirmó el periodista.
En una nota publicada hoy, el Diario de Cuyo interpretó que De Marchi habría intentado "presionar al periodista para que publicara dos escritos que había presentado ante el Tribunal Oral".
Se trata de una solicitud para revocar el patrocinio de la defensora oficial y otro para "oponerse a la incorporación por lectura de testimonios al proceso".
"De Marchi me dijo que venía de una familia de militares honorables y que tiene un primo que también está acusado de los mismos delitos que él", relató hoy Leiva, en declaraciones a Radio Colón de esta capital.
Entonces, De Marchi colocó su mano derecha "sobre mi hombro y, con una leve presión, me dijo ˜esto no es una amenaza pero escribí bien, vos tenés familia, en algún momento voy a salir˜", recordó.
"Fue una situación desagradable, tensa. Nunca había dialogado con los acusados, no es algo habitual para la prensa", relató. Entonces, mientras estaban en el baño, ingresó un agente de la policía federal y De Marchi le dijo "estamos hablando", a lo que el policía respondió que debían trasladarlo al Penal provincial, donde cumple prisión, y el exmilitar le contestó: "ya voy a ir", según relató el periodista.
El periodista presentó la denuncia ante el fiscal general Matías Bermejo.
jueves, 1 de noviembre de 2012
La muerte aliada de la impunidad, no detendrá la causa de Harguindeguy
El juicio oral por la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades entrerrianas de Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, cuyo principal imputado era el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien murió anoche impune, continuará mañana con la última audiencia testimonial.
Según el cronograma fijado por el tribunal oral federal de Paraná antes de la muerte del ex represor, para mañana está prevista la última audiencia testimonial de la "megacausa Harguindeguy".
El miércoles 7 de noviembre, los jueces realizarán una inspección ocular al Escuadrón de Exploración de Caballería de Tanques 2 y a la Unidad penal Nº 2, ambos de Gualeguaychú.
Los alegatos de la querella tendrán lugar el 28 y 29 de noviembre, los del ministerio público fiscal el 5 y 6 de diciembre y los de la defensa el 12 de ese mismo mes.
El juicio, que se inició el 21 de marzo pasado, es el primero que tuvo a Harguindeguy en el banquillo de los acusados, aunque ahora deberá dictarse el sobreseimiento del imputado por extinción de la acción penal debido a su fallecimiento.
La abogada querellante, María Isabel Caccioppoli, reconoció hoy que el proceso contra el ex hombre fuerte de la última dictadura militar "logró reunir pruebas que hubieran sido suficientes para condenarlo a prisión perpetua".
"Tengo un doble sentimiento de sorpresa porque no pensaba que su problema de salud iba a tener este desenlace y de angustia por las víctimas, que han esperado tantos años para llegar a un sentencia, agregó la abogada.
Harguindeguy seguía el debate desde el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, pero en los últimos días no participó de las audiencias debido a que estaba internado por una neumonía.
Según Cacciopoli, durante el debate "quedó claro que (Harguindeguy) era uno de los principales responsables" de los delitos de lesa humanidad registrados en el oriente entrerriano, porque "la patota de la Policía Federal organizada por (el prófugo José Darío) Mazzaferri y Julio Rodríguez fue directamente dirigida por el Ministerio del Interior".
El abogado querellante, Rubén Pagliotto, también lamentó que Harguindeguy sea el segundo de los acusados en quedar afuera del debate", luego del apartamiento que recibió el ex comandante del 2do. cuerpo de ejército de Rosario, general Ramón Genaro Díaz Bessone, debido a problemas de salud derivados de un reciente ACV.
La coordinadora del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, María Luz Piérola, reconoció tener "mucha bronca" por el faleciminto de Harguindeguy, "porque son 40 años de impunidad y queda el sinsabor de que no llegó al ámbito de la sentencia".
"Fueron muchos años de juntar pequeños datos para llegar a esta instancia y que estos tipos se vayan muriendo en total impunidad da el sinsabor de la angustia", completó.
Según el cronograma fijado por el tribunal oral federal de Paraná antes de la muerte del ex represor, para mañana está prevista la última audiencia testimonial de la "megacausa Harguindeguy".
El miércoles 7 de noviembre, los jueces realizarán una inspección ocular al Escuadrón de Exploración de Caballería de Tanques 2 y a la Unidad penal Nº 2, ambos de Gualeguaychú.
Los alegatos de la querella tendrán lugar el 28 y 29 de noviembre, los del ministerio público fiscal el 5 y 6 de diciembre y los de la defensa el 12 de ese mismo mes.
El juicio, que se inició el 21 de marzo pasado, es el primero que tuvo a Harguindeguy en el banquillo de los acusados, aunque ahora deberá dictarse el sobreseimiento del imputado por extinción de la acción penal debido a su fallecimiento.
La abogada querellante, María Isabel Caccioppoli, reconoció hoy que el proceso contra el ex hombre fuerte de la última dictadura militar "logró reunir pruebas que hubieran sido suficientes para condenarlo a prisión perpetua".
"Tengo un doble sentimiento de sorpresa porque no pensaba que su problema de salud iba a tener este desenlace y de angustia por las víctimas, que han esperado tantos años para llegar a un sentencia, agregó la abogada.
Harguindeguy seguía el debate desde el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, pero en los últimos días no participó de las audiencias debido a que estaba internado por una neumonía.
Según Cacciopoli, durante el debate "quedó claro que (Harguindeguy) era uno de los principales responsables" de los delitos de lesa humanidad registrados en el oriente entrerriano, porque "la patota de la Policía Federal organizada por (el prófugo José Darío) Mazzaferri y Julio Rodríguez fue directamente dirigida por el Ministerio del Interior".
El abogado querellante, Rubén Pagliotto, también lamentó que Harguindeguy sea el segundo de los acusados en quedar afuera del debate", luego del apartamiento que recibió el ex comandante del 2do. cuerpo de ejército de Rosario, general Ramón Genaro Díaz Bessone, debido a problemas de salud derivados de un reciente ACV.
La coordinadora del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, María Luz Piérola, reconoció tener "mucha bronca" por el faleciminto de Harguindeguy, "porque son 40 años de impunidad y queda el sinsabor de que no llegó al ámbito de la sentencia".
"Fueron muchos años de juntar pequeños datos para llegar a esta instancia y que estos tipos se vayan muriendo en total impunidad da el sinsabor de la angustia", completó.
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