miércoles, 29 de febrero de 2012

El vecino que nadie defiende

Ahora, la intendenta de Funesm se suma al repudio a Warfi Herrera. 
Mónica Tomei manifestó su preocupación por la prisión domiciliaria que cumple el ex jefe de la policía de Santiago del Estero. "Una persona involucrada en delitos de lesa humanidad debe permanecer en cárcel común", dijo la mandataria.

La catarata de repudios por la presencia del ex jefe de la policía de Santiago del Estero durante la última dictadura militar, Ramón Warfi Herrera, en la ciudad de Funes, no se detiene. La propia intendenta Mónica Tomei manifestó su preocupación por el estatus del represor, quien cumple arresto domiciliario en Monteagudo 2186 del barrio Villa del Sol, en el norte de la vecina localidad. "Nos parece que una persona involucrada en delitos de lesa humanidad debe cumplir su pena en una cárcel común", afirmó la mandataria, quien adelantó que hoy mismo ingresarán en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar persona no grata a Warfi Herrera. La Intendencia solicitará al Tribunal que entiende en la causa "la detención en cárcel común además del traslado al territorio de su competencia".

Al mismo tiempo, el secretario de Gobierno de Funes, Gonzalo Miranda Aguiar, se comunicó ayer con el fiscal federal de Santiago del Estero, Gustavo Gimena, que se opuso al beneficio otorgado a Warfi Herrera. El funcionario municipal lo llamó para profundizar sobre la información que causó conmoción en Funes. Anteayer, la vecinal de la zona 5, a la que pertenece el barrio Villa del Sol, y el concejal del Frente para la Victoria Mauro Míguez hicieron público su repudio a la presencia del represor. Ayer fue la propia intendenta quien manifestó su rechazo a la presencia del represor.

Warfi Herrera fue jefe de la policía de Santiago del Estero entre 1977 y 1979, y fue uno de los máximos responsables del terrorismo de estado en aquella provincia. Durante dos años estuvo prófugo, ya que informó un domicilio falso a la justicia, pero el 16 de diciembre pasado fue detenido en su casa de Funes. A los pocos días lo trasladaron a Santiago del Estero, donde fue indagado por el juez Guillermo Molinari, que el 29 de diciembre lo procesó por privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de persona en catorce casos. No llegó a estar dos meses detenido en la provincia del norte, ya que el 17 de febrero un tribunal integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla (el último votó en disidencia) le otorgó la prisión domiciliaria en su domicilio --donde se mantuvo prófugo--, por problemas de salud que arguyó la defensa del represor. Después del carnaval, Warfi Herrera volvió a su casa, que tiene parque y piscina. El repudio de los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero no se hizo esperar. La presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Cristina Torres, apeló a la "solidaridad" del pueblo santafesino para impedir que el represor vuelva a eludir la acción judicial.

"El fiscal nos comunicó su preocupación, porque no existen antecedentes de una decisión de dar arresto domiciliario fuera de la jurisdicción del proceso penal. Por eso nos hemos puesto a su disposición", afirmó Miranda Aguiar, quien relató que ayer fueron al domicilio del represor para constatar que se cumpla el arresto domiciliario, y confirmaron la presencia de un móvil de la Policía Federal, con un agente de civil para garantizar que Warfi Herrera no se mueva de su casa. Al mismo tiempo, el Ejecutivo municipal enviará hoy un mensaje al Concejo, que sesionará a partir del próximo 7, para declarar al represor como persona no grata. "Vamos a remitir toda esta documentación al Tribunal Oral de Santiago del Estero para que sepan cuál es la posición de Funes", agregó el funcionario.

La noticia de la presencia de Warfi Herrera en el jardín de la provincia cayó como una bomba entre la ciudadanía, que desconocían la presencia del represor. "Desde el municipio queremos dejar bien clara la postura de nuestra gestión, que va a ser la misma del Concejo y de la comunidad en general", expresó Miranda Aguiar. En Funes, una comisión Multipartidaria se viene reuniendo para conmemorar, por primera vez en esa localidad, el 24 de marzo con un acto público.

Declaran persona non grata a Warfi Herrera en el barrio donde cumple prisión domiciliaria

No quieren un represor cerca

La Asociación Vecinal de la zona 5 de la vecina localidad, a la que pertenece el barrio Villa del Sol, repudió que el ex jefe de la policía santiagueña durante la última dictadura esté cumpliendo prisión domiciliaria en ese lugar.

La noticia publicada el lunes por Rosario/12 causó conmoción en el barrio Villa del Sol de Funes. La mayoría de los vecinos desconocía que Ramón Warfi Herrera, el habitante de Monteagudo 2186, era un represor procesado por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, donde fue jefe de la policía entre 1977 y 1979. Los primeros en reaccionar fueron los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de la zona 5, que declaró persona no grata al represor y exigió que se retire "inmediatamente" del barrio. "Semejante individuo debería estar alojado con los otros represores de la dictadura", dice el comunicado de urgencia que emitió la vecinal. "Lamentamos la decisión del Tribunal y no compartimos semejante privilegio para alguien que no lo merece desde ningún punto de vista", agregan. También el concejal del Frente para la Victoria, Mauro Míguez, llevará el tema al Concejo el próximo 7 de marzo, cuando se inicien las sesiones del cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, donde por primera vez una Multipartidaria organiza un acto para conmemorar el golpe del 24 de marzo.

"La posición del bloque del Frente para la Victoria es que el Concejo saque una resolución de repudio de la presencia de Herrera en la ciudad", adelantó Míguez, quien manifestó la sorpresa por la vuelta del represor al barrio, apenas dos meses después de su detención, el 16 de diciembre pasado.

Warfi Herrera estuvo prófugo durante dos años, ya que dio una dirección falsa a la justicia de Santiago del Estero. Está acusado de privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado y desaparición forzada de personas en diez casos. A fines de diciembre, el juez Guillermo Molinari lo procesó, y el 17 de febrero, un Tribunal integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla le otorgó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. El fiscal Gustavo Gimena se opuso al beneficio, pero la semana pasada el represor volvió a su casa de Funes. Incluso, la presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, Cristina Torres, cuestionó que los magistrados hayan ido más allá del pedido de la defensa, que era la domiciliaria en aquella provincia. "Sin embargo, se la concedieron en la provincia de Santa Fe, donde estuvo prófugo", se indignó la militante de derechos humanos quien convocó el "sentido de solidaridad" de la ciudadanía santafesina. La magnitud de su actuación en el terrorismo de estado santiagueño se comprende si se tiene en cuenta que fue el jefe de Musa Azar, el temible ex jefe de inteligencia de esa provincia.

El concejo de Funes tiene 6 ediles, de los cuales cinco pertenecen a distintas vertientes del radicalismo en el Frente Progresista Cívico y Social. Sólo uno, Míguez, integra el Frente para la Victoria. "Por lo que sé, esto tomó de sorpresa a muchos vecinos que tuvieron contacto con esta persona y desconocían sus antecedentes", afirmó el edil funense.

"Somos un barrio de gente trabajadora, respetuosa de la autoridad democráticamente constituida. Necesitamos que la policía cuide nuestra seguridad y no que se vea obligada a perder el tiempo con quienes pisotearon la democracia", dice el comunicado de la vecinal zona 5. Consultado por este diario, uno de los integrantes de la comisión directiva, Mario Moreno, admitió que la noticia los tomó por sorpresa, ya que desconocían que Warfi Herrera --propietario de la casa en la que vive-- contaba con semejantes antecedentes delictivos.

domingo, 26 de febrero de 2012

El jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, está en su casa

 El represor vive en Barrio Villa del Sol
Cobijo para un vecino con prontuario

Después de permanecer prófugo por dos años, el 16 de diciembre Ramón Warfi Herrera fue condenado por desaparición forzada, homicidio calificado y torturas, además de asociación ilícita. Sin embargo, goza de prisión domiciliaria en Funes.

El represor Ramón Warfi Herrera, que fue jefe de policía de Santiago del Estero durante la última dictadura militar desde enero de 1977 hasta 1979, acusado de delitos de lesa humanidad, cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Villa del Sol de Funes desde la semana pasada. La dirección exacta del chalé en el que vive, de techo a dos aguas con frente de ladrillos vistos, es Monteagudo 2186. El Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero, integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla otorgó el beneficio al entender que por razones de salud y por los tratamientos a los que debe ser sometido, no podía continuar en una cárcel. Lo curioso es que Warfi Herrera fue detenido el 16 de diciembre pasado, después de permanecer prófugo durante dos años. El juez Guillermo Molinari lo procesó a fines de diciembre por desaparición forzada, homicidio calificado y torturas en 10 casos, además de asociación ilícita.

El fiscal Gustavo Gimena se opuso a que le permitieran vivir en Funes, pero el Tribunal atendió al pedido de la defensa, ejercida por los abogados Juan José Saín y Osvaldo Fiorino. Para Cristina Torres, presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, la decisión tomada por el Tribunal el 17 de febrero pasado es "lamentable, inconcebible y execrable". Como querellante, lamentó que los jueces Ibáñez y Casas --Jiménez Montilla votó en disidencia-- fueran más allá de lo pedido por la defensa, que había planteado una domiciliaria en aquella provincia. "Sin embargo, se la concedieron en la provincia de Santa Fe, donde estuvo prófugo", apuntó Torres. Warfi Herrera fue trasladado en diciembre pasado al Penal Federal de Colonia Pinto, lugar donde se encuentran quienes cumplen prisión por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, pero sólo estuvo preso dos meses.

La dirigente del organismo que agrupa a familiares de desaparecidos y a ex presos políticos apeló "al sentido de solidaridad de los movimientos de derechos humanos y más que nada al pueblo de la provincia de Santa Fe, en el sentido de que sabemos que las prisiones domiciliarias allá han tenido muchos problemas, porque han sido violadas reiteradamente. Lamentablemente para nosotros hay mucha distancia geográfica. Sin embargo, desde hace 35 años que estamos buscando justicia y como les decimos a ellos en la calle, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". La desesperación de los organismos de Santiago del Estero es que Warfi Herrera no demostró nunca, en 35 años, la intención de colaborar con la Justicia, y tenían expectativa del pronto inicio del juicio oral por los delitos de lesa humanidad en los que está imputado. "Les pedimos a los santafesinos que nos acompañen en esa búsqueda, para que se siente en el banquillo de los acusados como todos los otros. Si él no está presente, el juicio no se puede hacer", rogó Torres.

En su rechazo a la domiciliaria, el fiscal Gimena argumentó que el grupo de tareas integrado por Musa Azar, Garbi, López Veloso (sólo por citar a quienes ya se encuentran condenados a perpetua por delitos declarados imprescriptibles por la Justicia argentina) actuaban bajo la responsabilidad del hoy beneficiado, quien luego de ser jefe de la Policía en la provincia prestó servicios, a partir del año 1979, en el Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario. Con posterioridad pasa a revistar en la Escuela de Inteligencia con sede en la provincia de Santa Fe. Desde 1971 y con el grado de Capitán es ya un oficial de la Inteligencia Militar, habiendo realizado cursos en Estados Unidos y Venezuela, entre otros. Es así que en 1982 llega a desempeñarse como sub-director de la Escuela de Inteligencia Militar a cargo del "Programa de Recuperación de Subversivos Procesados".

Desde la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia plantean que la resolución "tomada por el tribunal presidido por Pedro Ibáñez (quien se desempeñó como funcionario judicial durante el juarismo y fue acusado de ordenar el espionaje a las Madres del Dolor a fines de los 90), no hace sino confirmar su decisión de trabajar por la continuidad de la impunidad de los genocidas, a contrapelo de la decisión de los poderes del Estado y de la sociedad argentina, que declararon el juzgamiento y la condena de estos delitos de interés prioritario para la Nación".

Como antecedentes, plantean que "estos mismos funcionarios son los que concedieron el beneficio de la excarcelación al represor ex policía Roberto Díaz que luego de ser excarcelado se profugó, situación que se mantiene hasta el presente. Sería demasiado ingenuo pensar que el imputado Warfi Herrera no adopte la misma conducta que Díaz, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación argentina prohíbe el juicio en ausencia de los imputados".

sábado, 25 de febrero de 2012

La rata que se escapó: el ex juez en ¡¡libertad vigilada!!

Arrestado, pero sólo por unas horas

La Justicia chilena inició el proceso de extradición contra el ex magistrado. Lo llevaron a tribunales y le dieron un “arresto nocturno”. Está acusado por su participación en violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El descanso del ex juez Otilio Romano en las coquetas playas chilenas de Reñaca fue interrumpido por un momento ayer. Al mediodía, efectivos de Interpol le informaron que estaba detenido y lo llevaron a declarar a tribunales, pero luego le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”, es decir que el ex magistrado sólo está obligado a quedarse en su casa por la noche. Romano, procesado por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, podrá seguir de vacaciones, aunque el trámite realizado ayer dio inicio a su proceso de extradición, que podría demorar unos meses.

“Es una vergüenza que la Justicia chilena no haya tenido en cuenta la conducta anterior de Romano, que ya se fugó, y la gravedad de las acusaciones que se le imputan”, dijo a Página/12 Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y querellante en la causa en la que está implicado el ex camarista mendocino.

Romano fue arrestado ayer al mediodía por orden del juez de la Corte Suprema de Chile Adalís Oyarzún, quien había pedido al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputaban al ex magistrado y al Ministerio de Interior de su país un informe sobre el estado del trámite de refugio político iniciado por el ex hombre fuerte de la Justicia mendocina. Luego de su detención, Romano fue interrogado por otro magistrado, Sergio Moñoz, quien después de escucharlo le concedió el beneficio de quedar “arrestado” sólo durante la noche.

El ex juez se escapó a Chile a fines de agosto del año pasado, un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura por haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado. Luego fue destituido. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Irineo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, fue la conclusión del jury de enjuiciamiento. El cruce de la frontera y el fin de su juicio político hicieron que el juez Walter Bento solicitara su captura internacional, luego de considerarlo prófugo. La foto del ex camarista mendocino figuró en la página de Interpol junto a los criminales más buscados.

En tanto, Romano pidió asilo en Chile y consiguió ocho meses de visa. La decisión de interrogarlo ayer y el hecho de que quedara en estado de semilibertad dio comienzo a su trámite de extradición. Será el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien tenga la última palabra para definir si el ex juez vuelve preso a la Argentina para ser juzgado por su rol durante el terrorismo de Estado.

Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad, que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Durante la última dictadura fue fiscal y juez subrogante y se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata, e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada “ley antisubversiva”, de los tiempos de la Triple A. Luz Faingold fue detenida a los 17 años en 1975 y llevada a una cárcel de adultos donde funcionó un centro clandestino y donde fue torturada y atacada sexualmente mientras Romano se negaba a restituirla a sus padres. La mujer relató que el entonces fiscal pasó a verla por el calabozo.

El actual camarista también está procesado por la apropiación de bienes de Alicia Morales de Galamba, a quien le saquearon la casa tras su secuestro. Cuando su abogado defensor pidió un informe a la Octava Brigada sobre dónde se encontraban los bienes, Romano se opuso –cuenta el abogado Salinas– con el argumento de que “si giraban ese informe convertirían al tribunal en una oficina de objetos perdidos”. “Tampoco investigó las torturas a Morales de Galamba”, agregó.

Fidel Bustelo denunció que Romano interrogó a su padre, Angel Bustelo, mientras éste se encontraba detenido en un centro clandestino en La Plata, durante la dictadura. En el marco de ese interrogatorio, Romano mostró su supuesta confusión entre un testamento escrito en ídish por un cliente de Angel Bustelo con una prueba de su supuesta “conexión soviética con la guerrilla”. “De nada
sirvió que mi viejo le explicara que se trataba de un testamento en ídish de un cliente del estudio al que le estaba haciendo una sucesión. No había forma de explicarle que no era ruso”, explicó Fidel Bustelo.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Rechazan excarcelación de José Pedraza, preso por el asesinato de Mariano Ferreyra

A la espera del juicio tras las rejas

El líder de la Unión Ferroviaria fue detenido un año atrás, acusado de haber instigado la muerte de Ferreyra en medio de un ataque a trabajadores tercerizados. La resolución de Casación alcanza también a otros detenidos.

 Por Irina Hauser

El día en que el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, cumplía un año detenido por el asesinato de Mariano Ferreyra, la Cámara de Casación Penal rechazó su pedido para ser excarcelado, por lo que todo indica que llegará preso al juicio oral. En el fallo, uno de los jueces especificó que existe riesgo de que entorpezca la acción de la Justicia, según pudo confirmar Página/12. La situación del líder ferroviario se había convertido en centro de especulaciones que lo daban por liberado ya antes de Año Nuevo, alimentadas por movilizaciones recurrentes frente a los tribunales federales de simpatizantes de la lista verde del gremio, con sus gorritos y banderas, las mismas identificaciones que se veían en Barracas el día que una patota del gremio mató a Mariano e hirió a balazos a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos durante una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca en octubre de 2010.

Pedraza fue detenido un año atrás en su departamento de las torres El Faro de Puerto Madero, acusado de haber instigado el accionar violento del grupo de choque que mató a Ferreyra en medio de un ataque a los tercerizados y organizaciones sociales que los apoyaban en sus reclamos. Quedó comprometido por entrecruzamientos telefónicos que lo rozaban, por escuchas y por su propio vínculo con las empresas tercerizadas –en especial con la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur– cuyo sistema de precarización laboral tanto Mariano como quienes participaban de aquella protesta cuestionaban. La jueza de primera instancia, Wilma López, sostuvo de hecho que tuvo un móvil político y económico.

La magistrada y la Sala I de la Cámara de Crimen le habían negado la posibilidad de esperar el juicio en libertad no sólo por la gravedad de los hechos, sino por las amenazas sufridas por testigos y porque Pedraza quedó también envuelto en una trama de presuntos sobornos (o intentos) a jueces de la propia Casación para conseguir la libertad de los matones de la UF detenidos e intentar quedar él mismo desvinculado del homicidio. De hecho está citado a indagatoria ya que aparece en conversaciones telefónicas que lo mostrarían detrás de la maniobra.

La Sala III de la Cámara de Casación, integrada para este caso específico por Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Liliana Catucci, volvió a negarle la excarcelación en la misma línea. La resolución fue firmada ayer y alcanza también a otros detenidos: los delegados Pablo Díaz y Jorge González, el portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez, el picaboletos Guillermo Uño y el empleado Salvador Pipito. En su voto, Borinsky reforzó en el caso de Pedraza el argumento de que podría entorpecer el devenir de la causa, que espera el juicio oral con algunas medidas y pericias en trámite. Los otros jueces dijeron que nada había cambiado en el caso como para liberar a los sospechosos.

Junto con Pedraza, están detenidos y próximos a ser juzgados Juan Carlos “Gallego” Fernández y ocho hombres que participaron en el ataque. El juicio iba a empezar justo ayer, pero días atrás quedó postergado porque el Tribunal Oral Criminal 21 finalmente resolvió, a pedido de las querellas –que representan a la mamá de Ferreyra y a los heridos– unificar el proceso contra Pedraza y la patota con el juicio a los siete policías acusados de haber liberado la zona para que ocurriera el homicidio. Para que el juicio pueda finalmente tener una fecha cierta, todavía falta que Casación resuelva la situación de los policías. Los cálculos más optimistas dicen que si hay una definición en breve quizá finalmente estén todos en el banquillo dentro de unos dos meses. Está por verse. La participación en un homicidio, directa o por instigación, prevé hasta prisión perpetua.

lunes, 20 de febrero de 2012

Concedieron la prisión domiciliaria a Warfi Herrera


El Tribunal Oral Federal en función de Cámara de Apelaciones conformado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla otorgó la prisión domiciliaria al ex jefe de policía santiagueña durante la dictadura, Ramón Warfi Herrera, al entender que por razones de salud y por los tratamientos a los que debe ser sometido, no podía continuar en una cárcel.
Así lo resolvió ayer en la audiencia de apelación, en la que se concedió la petición realizada por la defensa de Herrera que está imputado por homicidio calificado y asociación ilícita por hechos que se investigan en el marco del Grupo Tres de Derechos Humanos, crímenes cometidos durante el proceso militar.
 
Desde el Ministerio Público Fiscal, Gustavo Gimena había manifestado su rechazo al planteo de la defensa. En principio, el TOF denegó el pedido de excarcelación, pero luego determinó que debido a que el acusado padece de hipertensión arterial y cáncer de próstata, continúe su reclusión en el domicilio, pero con custodia y limitaciones en cuanto a las visitas.
Los defensores de Herrera, Juan José Saín y Osvaldo Fiorino, indicaron que el ex jefe policial será trasladado a su domicilio en Funes, localidad de Santa Fe, donde a fines de diciembre pasado fue capturado por Gendarmería (estaba prófugo y se ofrecía por él una recompensa de $ 100 mil). Los organismos de DD.HH. que manifestaron su rechazo al fallo y expresaron temor de que Herrera se fugue nuevamente.

viernes, 17 de febrero de 2012

HIJOS pidió la renuncia de la Secretaria de Derechos Humanos de La Plata

La Regional La Plata se solidarizó con los trabajadores agredidos el viernes y criticó la gestión de la Madre de Plaza de Mayo Sara Derotier de Cobacho “y todo su gabinete”.

La Agrupación HIJOS Regional La Plata exigió “la renuncia inmediata de Sara Derotier de Cobacho y todo su gabinete”, luego de que una patota agrediera el viernes a seis trabajadores. Denuncian, además, la falta de compromiso con la dependencia con los juicios por delitos de lesa humanidad.

En un comunicado de prensa, la agrupación repudió “la agresión que sufrieron seis compañeros trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en manos de un grupo de matones paraestatales que responden a la actual gestión del organismo”.

La funcionaria provincial cuestionada dijo que los trabajadores “protestan porque les cerré los 'kioscos'” pero los integrantes de HIJOS le respondieron con una dura crítica y advirtieron que lo denunciado por los empleados provinciales “no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto de constante persecución a los trabajadores, sumado al sistemático vaciamiento de las políticas públicas”.

Además, mientras que Cobacho afirmó que tiene “un deber moral y compromisos asumidos, sobre todo con los juicios, porque ahí están los asesinos de mis hijos y mis nietos”, los HIJOS dijeron que “La Secretaría es querellante en causas de delitos de lesa humanidad y no aporta abogados en las causas, solo se destinan recursos y presupuesto al sostenimiento de las políticas conservadoras de Scioli y Casal. En este intercambio de favores, la Secretaría mira para un costado a las constantes denuncias que acercan las personas privadas de su libertad que son sometidas a los delitos que aun son moneda corriente en cárceles y comisarías y que responden a la pervivencia de prácticas del Terrorismo de Estado en el sistema penitenciario y de seguridad”.

Sobre la agresión sufrida por los empleados el viernes, afirmaron que “estas nefastas prácticas, con el fin de asustar y acallar a los trabajares y sus reclamos, nos recuerdan a los grupos parapoliciales que actuaron en tiempos que nos queremos que se repitan nunca más”.

El comunicado cierra contundente: “desde el espacio de HIJOS Regional La Plata , acompañamos a los trabajadores y su lucha porque somos parte de ellos”.

jueves, 16 de febrero de 2012

Nora Cortiñas: "Hacerle una nota a Videla es de un periodismo facista"


Genocida Videla confirma los crímenes

Declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, condenado a perpetua, a una revista española. Habla de los crímenes de lesa humanidad, los que no se pueden investigar en España. 
 
La voz del represor que confirma sus crímenes

El máximo responsable de la última dictadura militar habló con la revista española Cambio 16. Dijo que recibió la colaboración de la Iglesia y el empresariado. Justificó el golpe, la represión y se consideró víctima de “la venganza”.

Desde su celda en el penal de Campo de Mayo, Jorge Rafael Videla dio un largo reportaje a la revista española Cambio 16, a la que dijo que durante la dictadura tuvo “una relación excelente” con la Iglesia, que los empresarios “también colaboraron”, que días antes de tomar el poder Ricardo Balbín les preguntaba, ansioso, cuándo se iban a decidir, que los decretos de Italo Argentino Luder les habían dado “licencia para matar”, y que, a fin de cuentas, si hoy en la Argentina hay militares presos por los crímenes cometidos en aquellos años es  “un espíritu de absoluta revancha”.  Tras su reivindicación de la dictadura, Videla denunció que el problema que tiene hoy el país es que falta República: “Las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón”.

El represor está desde octubre de 2008 en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, la antigua cárcel militar ahora a cargo del Ministerio de Justicia y destinada a los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. En aquella fecha, hace ya más de tres años, Videla perdió el beneficio de la prisión domiciliaria a raíz de un pedido que hizo un grupo de querellantes en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. Hasta entonces había logrado cumplir sus detenciones en dependencias militares o en su casa.

En la entrevista publicada por Cambio 16 se ocupó de remarcar que el golpe del 24 de marzo de 1976 tuvo apoyos civiles. “Había ‘vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía’, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas”.

El dictador aseguró que mientras fue presidente de facto tuvo una buena relación con el empresariado y la Iglesia Católica. “Los empresarios colaboraron y cooperaron con nosotros. Nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto”, definió. En cuanto a la Iglesia, sostuvo que tuvo una relación “excelente, muy cordial, sincera y abierta”.

“No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal (Raúl) Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, tenía fama de progresista, o sea proclive a la izquierda de entonces, pero cuando ocupó su cargo y yo era presidente del país teníamos una relación impecable.”
De Perón a Balbín

A las figuras políticas de la época, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, les dedicó frases mordaces. Así, definió a Isabelita como “una buena alumna de Perón, ya que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema derecha del peronismo”. Y de Balbín repitió que fue uno de los que golpearon las puertas de los cuarteles.

En ese contexto, Videla agregó que el terrorismo de Estado no fue una decisión tomada por las Fuerzas Armadas a espaldas de la dirigencia política, sino que tuvo el aval tácito de los radicales y el apoyo explícito del peronismo en el poder, ya que –prosiguió– el entonces presidente provisional Italo Argentino Luder convocó a los jefes de las Fuerzas Armadas (él lo era del Ejército), les pidió un plan a seguir “frente a las acciones terroristas”, aprobó la más dura de sus propuestas y luego firmó el decretos para “aniquilarlas”.

“Los decretos de Luder nos dieron todo el poder y competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de 1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado. El golpe de Estado viene dado por otras razones que ya expliqué antes, como el desgobierno y la anarquía.”

El dictador sostuvo que él y otros represores están presos, entonces, por puro “espíritu de venganza”. “Alfonsín cumplió a su manera (...) Menem también, a su forma, cumplió con los indultos. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta, y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década”.

“Lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y ésta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo no lo hizo en su momento. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota de persecusión para sacar patente de corso, de malos de una película en la que no estaban.”

La conclusión de Videla, que en un tramo de la entrevista blanqueó que él hubiera querido que “el Proceso dejara su descendencia”, es de antología. “Hoy la República está desaparecida”, declaró el dictador, porque “no tiene Justicia”. “Las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón.”

jueves, 9 de febrero de 2012

Videla pide la libertad condicional a la Justicia (¿¿??)

Su abogado, Rodríguez Varela, que fuera Decano de la Facultad de Derecho, impuesto por la dictadura de Lanusse, confeccionaba listas donde fichaba a estudiantes judíos, rojos.... Y concurria armado a la facultad.
Este "letrado" habla de violaciones a los "derechos" de su representado

El ex dictador realizó una presentación para que se le conceda ese beneficio sobre la condena que la Cámara Federal le dictó en 1985 en el "Juicio a los Comandantes". Además, reclamó que se le extienda al resto de sus procesos judiciales

Según la presentación de su abogado, Alberto Rodríguez Varela, el primer presidente del último régimen de facto lleva 20 años de prisión efectiva, que configura un total de más de 32 años de acuerdo a un cálculo que contempla la aplicación de la regla del "dos por uno".

El escrito sostiene que Videla ya fue juzgado por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen y que los nuevos procesos que se están debatiendo violarían el principio que indica que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Según el cálculo del abogado defensor, Videla lleva preso 32 años y siete meses por la denominada "Causa 13", el juicio a los principales jerarcas de la dictadura, llevado a cabo en 1985.

Descontando los lapsos de libertad tras los indultos dictados por Carlos Menem a principios de los 90 y otros procesos incidentales, Videla habría -según la interpretación de su defensa- transcurrido en prisión el tiempo suficiente para plantear su libertad condicional.

Además, subrayó el abogado Rodríguez Varela, el ex dictador reúne otras condiciones que lo harían pasible del beneficio excarcelatorio.

"No es imaginable que ningún tribunal imparcial deniegue la libertad condicional", ya que se trata de un hombre de 86 años, con "conducta irreprochable" en la cárcel, según la calificación del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Videla está alojado en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, Unidad 34 del SPF, y su abogado consideró que "no es razonable recurrir a pretextos para demorar la libertad condicional". La decisión deberá ser adoptada en plenario por las dos salas de la Cámara Federal, explicaron fuentes judiciales.

El exdictador permaneció en la comodidad de su casa hasta que en 2005 se derogaron definitivamente las leyes que les habían permitido la impunidad y en 2008 fue trasladado a una cárcel militar, en la que permanece desde entonces

martes, 7 de febrero de 2012

San Juan: Reanudan juicio con 7 represores prófugos

El Tribunal Oral Federal de San Juan (TOF) reanudará mañana las audiencias del Juicio Oral y Público que se le sigue en San Juan a cinco represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar, y en el que hay aún siete prófugos.

Durante la primera audiencia del año, se espera que los jueces reciban un informe del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Zalazar, señalando las identificaciones de las 62 personas desaparecidas en San Juan y los más de 10 centros clandestinos de detención que funcionaron.

Oficialmente se supo que sólo Carlos Graffigna y Hugo Zalazar, que ya declararon, harían un reconocimiento fotográfico tanto de víctimas como de militares que actuaron en aquellos años de plomo en la provincia, y que prestaría su declaración el poeta José Casas, autor de un libro escrito en torno a la represión en San Juan, lo que lo transforma en un testigo del contexto en que vivían los sanjuaninos en aquella época.

Pero la mayor expectativa está centrada en que el inicio de la segunda parte del proceso judicial y, prácticamente, el agotamiento de la lista de testigos de contexto, se abre la probabilidad de que los imputados empiecen a declarar para defenderse.

Previamente, sólo el teniente Jorge Olivera realizó una declaración parcial acerca del caso de la modelo franco argentina Marie Anne Erize y el resto de los imputados se mantuvo en silencio hasta ahora, lo que no implica que persistan en esa actitud a lo largo de todo el proceso, ya que les asiste el derecho de defenderse cuando lo consideren necesario, e incluso pueden ampliar sus declaraciones.

Desde el tribunal que integran los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña se espera que el proceso no termine más allá del mes de abril, y por eso entienden que es probable que antes de que empiecen los testigos de parte, los imputados se hagan escuchar.

El proceso que se reanuda mañana en el edificio del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, involucra a los militares Jorge Olivera, Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez y Horacio Nieto y tiene a siete militares prófugos, que son el teniente Carlos Malatto exiliado en Italia y los oficiales y suboficiales Eduardo Vic, Jorge Paez, Eduardo Cardozo, José Del Torchio y Gustavo De Marchi, así como al ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel.

En el juicio también estaba imputado el general Luciano Benjamín Menéndez, que cumple las penas de prisión perpetua en Córdoba, pero fue apartado del caso, por razones de salud.

Se demora el juicio por el crimen de Ferreyra

El juicio oral por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y las heridas de bala que recibieron otras tres personas durante una protesta de empleados tercerizados del ex Ferrocarril Roca demorará su comienzo, hasta ayer previsto para el próximo lunes 20. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal 21, que pospuso sin fecha tentativa el inicio del proceso, debido a que a la acusación del gremialista ferroviario José Pedraza y otros nueve detenidos imputados por el crimen se sumó la de siete oficiales de la Policía Federal, señalados por liberar la zona de Barracas donde se produjo el crimen. Como la prueba acusatoria contra los efectivos no está completa, se deberá esperar hasta tanto esa etapa esté resuelta. Según explicaron fuentes judiciales, el asesinato del joven y la actuación de la Policía son partes de “un solo hecho” que debe ser juzgado en un único proceso.

La medida fue dictada por los jueces Diego Barrotaveña, Carlos Bossi y Horacio Dias, quienes ordenaron “imprimir prioridad en su tramitación” a la prueba contra los policías para no demorar demasiado el proceso. Las fuentes vaticinaron que la presentación de evidencia y su análisis por parte de la Fiscalía tardará alrededor de un mes. Luego, el Tribunal decidirá cuáles aceptará, para luego fijar una nueva fecha de inicio. No obstante, los plazos podrían postergarse aún más si las partes objetan la decisión del Tribunal de unir ambas causas.

Los jueces tomaron la determinación luego de que, en diciembre pasado, la jueza Susana Wilma López elevara el segundo tramo de la investigación por la muerte de Ferreyra y las graves heridas de bala que recibieron Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre. Esa parte del estudio liderado por López apuntaba a la responsabilidad por las víctimas de siete oficiales de la Policía Federal, acusados de liberar la zona del hecho y no proceder a la detención de los señalados de efectuar los disparos, ni a la búsqueda de pruebas.

Si finalmente las partes aceptan la unificación, Pedraza y otros nueve imputados estarán acompañados de los policías acusados en la segunda etapa de la investigación. Hugo Lompizano, ex comisario y ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Federal; Jorge Raúl Ferreyra, ex comisario de la División Roca; Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30ª; Luis Mansilla, comisario inspector jefe del Departamento de Control de Líneas, y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video, se encuentran en libertad y se les imputa el delito de abandono de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud, en el que está incluido el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de hasta 15 años de prisión.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Cárcel común a Guglielminetti

La Cámara Federal porteña confirmó la detención en una cárcel común del ex agente civil de Inteligencia del Batallón 601 condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar Raúl Antonio Guglielminetti, rechazando un pedido de arresto domiciliario. La defensa de Guglielminetti había pedido la detención en su domicilio con los argumentos de que tiene más de 70 años –edad que las leyes establecen para reclamar ese beneficio– y que su esposa tiene a cargo la crianza de sus tres nietos menores de edad, ya que su hija y su yerno murieron. 

La Cámara confirmó el fallo del juez federal Daniel Rafecas, que había rechazado el planteo de Guglielminetti, detenido en Marcos Paz. “Las concretas condiciones ponderadas demuestran que Raúl Guglielminetti, frente a los eventos cuya comisión se le reprochan y al escenario histórico y formal en el que éstos se enmarcan, de momento no pueda acceder al beneficio cuya concesión ha solicitado”, sostuvieron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti fue condenado a veinte años de prisión por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti durante la dictadura.

Guglielminetti, reconocido por algunas de sus víctimas cuando luego de la dictadura se desempeñó en la custodia del por entonces presidente Raúl Alfonsín, fue condenado por 25 secuestros y 21 de aplicación de torturas.

Automotores Orletti fue el centro clandestino de detención por el que pasaron las víctimas del llamado Plan Cóndor un acuerdo entre las dictaduras del Cono Sur para colaborar en la represión ilegal de la guerrilla en la región.

Negocios compartidos en Colón

El espía de la SIDE durante el proceso militar, Raúl Guglielminetti tenía lucrativos negocios en nuestra ciudad. El testaferro era un colonense perteneciente a la derecha nacionalista. El negocio pasaba por la venta de combustibles. Las venidas del ex agente de inteligencia y Eduardo Ruffo, no eran tan esporádicas.

Raúl Guglielmineti, y Anibal Gordón miembro del SIDE (Ejercito) se conocía dentro y fuera de Colón. Lo producido por sus tropelías como asalto de bancos o secuestros, era invertido en la ciudad.
En un campo alquilado a un colonense en frente a la Escuela Salesiana de Ferré, Gordón sembraba maíz escoba, en tanto Guglielmineti se dedicaba a la venta de gas-oil y naftas. Estas actividades en el orden local era compartida con los delitos de Lesa Humanidad que cometían.
La historia cierra, debido a que a partir de 1975, en la zona hubo miembros de la Triple A y que se encubría a través de trabajadores del Ministerio de Bienestar Social.

Como producían el dinero

En un mediodía templado de invierno, dos jóvenes, bien vestidos, llegan en un auto Torino al Destacamento Policial de la localidad de Arroyo Dulce (cerca de Salto), ubicado sobre la calle Gowland, a menos de una cuadra de los terrenos de la estación del ferrocarril. Logran sorprender y secuestrar al oficial a cargo Juan Carlos Bianchi y se lo llevan como rehén. Son las 13.25, cuando entran al Banco de Crédito Rural. El oficial de custodia atina a usar su arma, pero sabe que es mejor replegarse. Al grito de "esto es un asalto", los atracadores le piden al cajero, Osvaldo Colel, que abra el tesoro
.
Los desconocidos toman el dinero, encierran a empleados, clientes y personal de seguridad en el archivo y salen a la calle. En total suman diez minutos de acción. Con una pistola calibre 45 disparan a las gomas de un Torino, un Falcon y una Fiat multi- carga para evitar que los sigan. Como tomándose un tiempo dentro de la línea de vértigo, detienen el colectivo de la empresa de transporte de pasajeros "El Águila", que hace el trayecto Pergamino-Salto, suben y le quitan la llave de contacto.

Revisan al pasaje, no roban nada: sólo constatan que ninguno lleve armas. Suben a un auto y escapan por caminos de tierra. A unos pocos kilómetros abandonan el vehículo y huyen en avión (el mismo que la banda utilizaba en Colón y el campo de Ferré)

Horas después, en el banco se realiza el arqueo de caja: la suma sustraída apenas supera el millón y medio de pesos viejos, cifra muy inferior a la que se guardaba. Erróneamente, las primeras noticias difundidas por algunos medios de comunicación arriesgan una cantidad cercana a los 10 millones.

La banda de Gordón había asaltado el banco.
En este sentido, la casa de la calle 47 en cercanías de 12, Gordon lo compró con lo producido del robo
No se sabe si en el campo alquilado a un colonense en Ferré y donde llegaban en avión a igual que al Aeroclub de Colón se juntaban con Acosta, Rufo y Guglielminetti.