domingo, 27 de noviembre de 2011

Piden que se investigue la presunta complicidad del directorio de Dalmine Siderca con la dictadura

El cuaderno con la lista de militantes políticos

El reclamo lo realizan sobrevivientes y familiares de las víctimas que se desempeñaban en la compañía del Grupo Techint. Un ex trabajador cuenta cómo supo que existía una lista negra.

 Por Gustavo Veiga

En Campana, Dálmine será siempre Dálmine, a lo sumo Dálmine Siderca. No importa que el inmenso tanque de agua –su símbolo más visible observado desde la ruta 12– diga Tenaris, el nombre que adoptó el 17 de diciembre de 2001 cuando se amplió ese complejo industrial con sede fiscal en Luxemburgo. En 1976, la empresa siderúrgica se encontraba bajo jurisdicción del ejército en la llamada Area 400, donde decenas de sus trabajadores desaparecieron. En una sola jornada de septiembre, que después se conoció como “La noche de los tubos”, fueron secuestrados cuatro: Alberto Bedia, Manuel Martínez, Raúl Aroldo Moreno y Armando Culzoni. La planta industrial se militarizó, agentes de inteligencia se infiltraron y cualquier obrero que vistiera el clásico mameluco azul resultaba sospechoso de actividades subversivas.

Eduardo Pitter, un ex coordinador de mantenimiento electrónico y mecánico, recuerda hoy cómo su compañero Bedia le reveló un secreto que lo expuso a la desaparición: “Un día me paró donde estaban los molinetes de la entrada, a la derecha de la oficina de Personal, en la que trabajaba él. Me dijo: ‘Hay que tener cuidado. ¿Viste cómo viene la mano? Capaz que uno mañana no está más acá. Se maneja un cuaderno de tapas negras, ahí está la lista de militantes políticos que le molestan a la empresa. Lo traen a la oficina mía y después lo guardan en la caja de seguridad de la gerencia’”. Pitter, quien además era delegado del gremio de supervisores metalúrgicos (Asimra), ubica el diálogo en septiembre del ’76. Está seguro porque el 12 de ese mes cumple años y en la madrugada del 23 se llevaron a Bedia de la casa de sus padres, en el barrio Dálmine. El suyo es uno de los diecinueve casos denunciados por delitos de lesa humanidad en la zona de Zárate-Campana, donde hubo 169 desapariciones. Familiares y sobrevivientes piden investigar “la responsabilidad penal de los integrantes del directorio, de los gerentes de personal y jefes de seguridad de Dálmine Siderca (Grupo Techint)”. El cuaderno que describe Pitter es apenas uno de los indicios de complicidad con el régimen militar que se le atribuye a la siderúrgica. Valentín Ibáñez tiene 70 años, vive en una humilde casa de Zárate y recibe a Página/12 en un local contiguo donde conviven estanterías polvorientas con un afiche de Eduardo Duhalde y la Liga Federal. Sostiene que fue delegado durante 18 años en el sector de mantenimiento. Integraba la lista Celeste y Blanca en la UOM local y adhería a Lorenzo Miguel. En febrero de 1977 lo secuestraron a la salida de la Mutual 2 de Abril junto a sus compañeros Roberto García y Félix Martínez. Un grupo de tareas lo llevó al centro clandestino de detención la Casa de Piedra, en Lavalle 636, a pocas cuadras de la calle más comercial y transitada, Justa Lima de Atucha. Las torturas que sufrió no se prolongaron más de tres días porque “un tal Paolino, un informante, me reconoció. Eramos compañeros de la Escuela Naval, donde yo estuve un año y no quedé porque me faltaba aptitud militar”.
Ibáñez también cuenta que en la Casa de Piedra lo interrogó un tal Zapata. “Alto, delgado, de tez blanca y muy instruido en su forma de hablar”, describe al militar. Este dato cobra relevancia cuando se lo relaciona con su presencia en el interior de la planta. Los ex obreros de Dálmine Siderca Carlos Theis y Orlando Gómez (ver aparte), más el supervisor Pitter, coinciden en que Zapata era una pieza clave en el aparato represivo que operaba en la fábrica. “Andaba en ropa de fajina. Un día en una asamblea entró con soldados, dio la orden de rodilla en tierra y cuando cargaron las armas, en dos segundos ya estábamos todos adentro de los galpones.” En lo que no se ponen de acuerdo es en su grado militar: coronel o mayor.

José Costela, como muchos trabajadores de la empresa en sus comienzos, ingresó cuando era apenas un adolescente. “Nací en 1941 y entré a Cometarsa (Construcciones Metálicas Argentinas) del Grupo Techint, el 24 de marzo de 1956. Me retiré el 18 de septiembre del ’91.” Mientras comparte unos mates con su amigo Alberto Calvo, un sobreviviente de los centros clandestinos del Area 400, aporta otro dato que nadie había mencionado: “Durante la dictadura, los tarjeteros del personal en la entrada a Siderca aparecían vacíos. Sabíamos que era una señal de que los militares estaban infiltrados adentro”. Rodolfo y José Ramón Amarilla se desempeñaban en la compañía. Los detuvieron con violencia el 6 de octubre del ’76, hasta que los separaron en la comisaría de Campana. Ahora, el primero intenta hacer justicia por su hermano desaparecido. “En nuestro secuestro tuvo que ver personal jerárquico o de seguridad de la empresa Dálmine Siderca”, sospecha.

Uno de los principales imputados por estos operativos era Roberto Paulino Nicolini, ya fallecido. Jefe de vigilancia de Cometarsa y militar retirado de la Fuerza Aérea, Costela lo describe como “un loco de la guerra, de armas llevar. Cuando era delegado yo tuve varias agarradas con él, incluso antes de la última dictadura”. Nicolini y Zapata son apenas un par de represores mencionados en la querella que avanza con ciertas dificultades de nombramientos en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín que subroga Juan Manuel Yalj.

El circuito de centros clandestinos que funcionó en la zona donde se levanta el emporio siderúrgico más grande del país tenía su epicentro en la ex Fábrica Militar de Tolueno Sintético. La base naval de Zárate, las principales comisarías, la Casa de Piedra y hasta el buque patrullero Murature sirvieron como mazmorras de la dictadura. La compañía también aportó su infraestructura, como han denunciado sobrevivientes que pasaron por las instalaciones de su apéndice deportivo, club Ciudad de Campana (se llama así desde 1999). En los ‘70 era más conocido como Villa Dálmine, un equipo de fútbol que hoy disputa el torneo de Primera C de la AFA y que en 1976 estuvo cerca de subir a Primera División. Las piletas y vestuarios de la institución sirvieron para alojar prisioneros secuestrados. Así lo aseguran varios detenidos, como el ex intendente peronista de Zárate Francisco Bugatto y su hijo José Alberto, quienes fueron conducidos allí el 24 de marzo del ‘76. En igual sentido declaró Lidia China Biscarte, ex directora de Derechos Humanos de aquel municipio hasta 2007.

Los militares también se enseñorearon en el Tiro Federal, otro predio improvisado como centro clandestino. Una inspección judicial en 2004 comprobó que mantenía pruebas intactas. Agujas de tejer con cinta aisladora en los extremos que se usaban para picanear y restos de ropa manchada con sangre fueron algunos de los hallazgos. Está ubicado al lado de Trefila, la sección donde se trefilan en frío los tubos sin costura de Techint. “La única persona en el lugar era el casero de la institución, Hugo Ciafardini, a quien le vaciaron el dormitorio, le quemaron los muebles y lo amenazaron”, escribió el historiador local Miguel Di Fino, en Recordando el olvido.

Meses antes del golpe, acaso desde fines de 1975 y anticipándose a lo que vendría, los uniformados se habían instalado en el hotel Dálmine (alojaba al personal jerárquico de la empresa) para diagramar en detalle la sangrienta represión en el Area 400. Junto a sindicalistas y empresarios afines fueron detectados en ese lugar donde hoy funciona la Tenaris University, la escuela de capacitación de los futuros cuadros profesionales del grupo siderúrgico.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Por la libertad de los presos

Unas 10 mil personas participaron el día miércoles 25/11 de la marcha “contra la criminalización de la protesta social, por la libertad de los presos por luchar y el desprocesamiento, cierre de causas y anulación de las condenas para cinco mil luchadores obreros y populares”, además de reclamar “basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan”. 
Los principales dirigentes de izquierda, junto a sindicatos y comisiones internas de base, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y partidarias marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir la libertad de Carlos Olivera, un albañil de Lomas de Zamora, y de Víctor Oñate, petrolero de Santa Cruz, “que están presos por desafiar al sindicalismo oficial y defender a la clase obrera”, como explicaron en la manifestación, así como también del remisero Mario Tapia y del joven Aldo Claros, que permanecen detenidos tras la represión en El Triángulo, predio de los Blaquier en Jujuy, y del más conocido caso de Karina Germano, la Galle, presa en Ezeiza. “Es un escándalo que todos los delegados combativos, como los de la comisión interna de Kraft, los trabajadores de Zanon y otros tantos estén perseguidos por defender los derechos de los obreros, mientras no hay ningún imputado por los asesinatos en el Indoamericano o en Jujuy”, dijo Christian Castillo, del PTS. Por su parte, Néstor Pitrola, del Partido Obrero, que está procesado por solidarizarse con una protesta de Kraft, dijo: “Estamos defendiendo los derechos de todo el movimiento obrero argentino, en un momento crucial en el que hay que preparar los sindicatos y asambleas generales para enfrentar el tarifazo y todo lo que se viene”.

martes, 22 de noviembre de 2011

Si se abrieran los archivos de la dictadura....

Habría más de 50 funcionarios judiciales involucrados en causas por delitos de lesa humanidad
Es en el país. En Córdoba continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Puga.

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado reveló que "hay al menos 55 implicados en causas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura".

Según la nota publicada hoy por el diario Tiempo Argentino sobre el informe elaborado por la Unidad Fiscal, en los últimos años "las denuncias sobre la complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado comenzaron a aflorar de manera espontánea en los juicios contra los represores".

Al respecto, el coordinador de la Unidad Fiscal, Pablo Parenti, señaló al matutino que "el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad se trata de un proceso que avanza hacia el juzgamiento de las conductas de quienes ocupaban puestos en la Justicia".

Pero el funcionario advirtió que "este proceso pone en evidencia las falencias de la Justicia para investigar en la actualidad los delitos de lesa humanidad".

"Hay funcionarios que si bien no están implicados con aquella época, por desidia o por ideología, no están a la altura de las circunstancias y no actúan correctamente", agregó.

"Venimos del relato de los `80 en el cual la Justicia había sido impotente sobre lo que pasaba en la dictadura, hoy en día se empieza a poner en crisis ese relato y en muchos lugares se ve claramente la participación o complicidad de funcionarios judiciales", explicó.

El proceso de enjuiciamiento a funcionarios del Poder Judicial comenzó con testimonios muy concretos como en el caso del ex juez Víctor Brusa, quien fue condenado en 2009 a 21 años de prisión por apremios ilegales contra ocho detenidos cuando era secretario del juzgado Federal de Santa Fe.

En el informe del matutino se detalla que, en la actualidad, en la provincia de Mendoza, los camaristas Otilio Romano y Luis Miret se encuentran procesados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cuando eran fiscal y juez federal respectivamente.

En la misma provincia, su ex compañero en la Cámara, Carlos Martín Pereyra González, aún sin imputación formal, renunció a su cargo luego de que fuera denunciado por encubrir delitos de lesa humanidad cuando era secretario de un juzgado federal de San Luis.

También otro camarista, Julio Petra, presentó recientemente su renuncia, luego de quedar procesado por encubrir a Romano.

Asimismo, hay dos ex jueces procesados por delitos similares, Rolando Carrizo Elst y Guillermo Max Petra Recabarren; también está imputado el ex juez Gabriel Fernando Guzzo, quien presentó un parte médico por incapacidad psicológica, y los ex fiscales Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego y Edgardo Díaz Araujo.

Sobre el desempeño de la Justicia mendocina en las causas por delitos de lesa humanidad, el fiscal que tiene a cargo dicha Unidad Fiscal, Jorge Auat, manifestó a Tiempo Argentino que "eran jueces de sus propios pleitos" y aseveró: "Se sacó el cepo para investigar".

En La Plata, en el juicio oral por delitos en la Unidad Penal N| 9, el tribunal presidido por Carlos Rozanski ordenó que se investigue a 13 jueces y un ex fiscal a partir de testimonios de sobrevivientes que los recordaron como asiduos concurrentes al penal.

Además, Leopoldo Schiffrin, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, pidió investigar a los ex jueces platenses Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci y Horacio Piombo.

En Córdoba. Sólo continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Ángel Puga.

Los ex fiscales de Chaco Roberto Mazzoni y el ya fallecido Carlos Flores Leyes renunciaron a sus cargos cuando comenzaron a amontonarse las denuncias por haber participado de interrogatorios bajo tortura cuando eran secretarios del juzgado de Resistencia.

En Bahía Blanca, el actual fiscal federal Abel Córdoba consideró que "había un pacto delictivo entre el ex juez federal fallecido de Bahía Blanca, Guillermo Madueño, los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti con las fuerzas militares que aseguraba la realización de los hechos".

Ante la acusación, Sierra fue recientemente detenido y suspendido en su cargo docente en la Universidad Nacional del Sur.

En Salta, ya se elevó a juicio la causa contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado de encubrimiento y omisión en la investigación judicial del secuestro y desaparición del gobernador Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1977.

En tanto, en La Rioja, el ex juez federal Roberto Catalán se encuentra procesado con prisión domiciliaria acusado de torturas a ex presos políticos, tras la denuncia del escritor Leopoldo Juan González.

Por su parte, el juez penal de Mar del Plata Pedro Hoot fue citado a declaración indagatoria por su actuación en secuestros, tormentos y homicidios. En su haber cuentan el rechazo de una veintena de habeas corpus, entre ellos por el secuestro de once abogados laboristas en 1977.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Comienza el juicio contra Mercedes Benz por delitos de lesa humanidad

La automotriz Mercedes Benz deberá afrontar el juicio que se realiza en los Estados Unidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, después del fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco que rechazó la apelación de la empresa multinacional.

La demanda civil contra Mercedes Benz en ese país, iniciada por familiares de catorce trabajadores desaparecidos y tres sobrevivientes, permitirá una reparación económica a los damnificados que, anticiparon, percibirán el tope establecido por la ley, y el resto será donado para la construcción de un hospital en la localidad de González Catán, donde funcionó la planta.

Los familiares querellantes recurrieron en 2004 a la corte estadounidense bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como la Argentina.

En aproximadamente un mes, el caso se presentará en los tribunales de San Francisco, después de las dos primeras sentencias (de 2004 y 2009) que negaron la competencia geográfica de los tribunales de California porque -supuestamente- hay un "foro alternativo" (Argentina y/o Alemania).

Esa sentencia fue anulada en mayo de 2010 por la Corte de Apelaciones para el Circuito Nueve de los Estados Unidos, que consignaba que "Mercedes Benz colaboró con la dictadura militar y las fuerzas policiales y que esta colaboración terminaría en el secuestro, tortura, detención y asesinato de los trabajadores".

En diálogo con Télam, la periodista que investigó el caso, Gaby Weber, consideró que la decisión de la Corte "muestra que es posible juzgar a los responsables económicos de delitos atroces" y advirtió que "no se reparan sólo con dinero, sino que tienen que decir qué pasó, con verdad y justicia, y reconocer lo que hicieron".

La automotriz, perteneciente a la multinacional Daimler, fue acusada de complicidad con el terrorismo de Estado implementado en la Argentina desde 1975, y por secuestros y torturas a 17 trabajadores -14 continúan desaparecidos-, incluyendo la comisión interna de la planta ubicada en González Catán.

También se la acusa por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Para el abogado Eduardo Fachal, que fue integrante y sobreviviente de la comisión interna desaparecida, el fallo dado por la Corte estadounidense "es muy importante porque permite hacer conocer internacionalmente el genocidio y la persecusión que sufrieron los trabajadores durante el terrorismo de Estado".

El letrado que impulsa la causa penal en la Argentina sostuvo que "es necesario una reparación integral, no sólo en lo económico, por la complicidad de las empresas con el genocidio implementado en la Argentina".

"Tocar las ganancias de la empresa es una forma de que nunca más se repitan estos hechos en el mundo", afirmó.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Terry Collingwort, dijo en Washington, acerca del fallo, que "llegó la hora de que responda la empresa alemana en los EE.UU por los crímenes que pasaron en su fábrica".

En Alemania también se inició un proceso judicial contra la firma, que fue desestimado bajo el argumento similar al utilizado por el dictador Jorge Rafael Videla, en cuanto a la inexistencia de delito por no encontrarse los cuerpos de los desaparecidos.

En la Argentina las desapariciones de trabajadores de Mercedes Benz se comenzaron a investigar durante los juicios por la verdad, en los que el tribunal no tenía facultad de condenar.

Luego, con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la causa recayó en el Juzgado Federal 2 de San Martín sin que se hayan registrado avances en los últimos tiempos.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Las ratas abandonan: Renuncia camarista colaborador de represores

Renunció el camarista Julio Petra, denunciado por favorecer a represores
Pasó la escoba por la Cámara mendocina

Se fue después de haber sido procesado. Estaba acusado de favorecer a jueces y represores. Todavía resta definir si le aceptan la renuncia o se mantiene el proceso de juicio político. Es el tercer juez mendocino que deja su cargo por el mismo motivo.

 Por Irina Hauser

Julio Demetrio Petra, integrante de la Cámara Federal de Mendoza, prefirió renunciar antes de que lo echen. Fue después de que le notificaran su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario y prevaricato al haber intentado favorecer a su colega fugitivo Otilio Romano en una causa en la que se le imputa un centenar de crímenes de lesa humanidad. Petra ya tenía denuncias en el Consejo de la Magistratura por beneficiar a represores. Es el tercer juez de la Cámara provincial que queda en la cuerda floja, al aparecer comprometido en una red de complicidades con el terrorismo de Estado. El primero, Luis Miret, fue destituido el año pasado. El segundo, Romano, se fugó a Chile en busca de asilo un día antes de que lo suspendieran en el cargo y su juicio político empieza el lunes, en ausencia.

Petra presentó ayer la renuncia ante el Poder Ejecutivo, aunque en ella no hace ninguna alusión a su situación en la Justicia ni en el Consejo. Alega, en cambio, que obtuvo la jubilación y problemas de salud que le traen “significativas limitaciones” para “cumplir adecuadamente” con la “función de juez”. La presidenta Cristina Fernández no aceptó la renuncia de Miret ni la de Romano en su momento, pero no necesariamente ocurre lo mismo en todos los casos.

Hace unos años, los organismos de derechos humanos de Mendoza –con especial impulso del Movimiento Ecuménico (MEDH)– trataban de entender por qué las causas por los crímenes de la dictadura no avanzaban allí. Le dieron vueltas y vueltas al tema, hasta que notaron que la barrera estaba casi siempre en el mismo lugar: la Cámara Federal. El asunto era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaban los jueces que habían trabajado en la Justicia en dictadura y que seguían en funciones, y estaban los que, en democracia, habrían tendido diversas maniobras para resguardar no sólo a represores sino a sus propios colegas, sobre quienes se iban descubriendo conductas colaboracionistas con el régimen dictatorial. En el primer grupo entrarían Miret y Romano. Petra, en el segundo.

Petra fue denunciado penalmente por los organismos de derechos humanos después de que firmara un fallo que ordenaba el apartamiento del juez federal Walter Bento, quien había citado a indagatoria a Romano y a Miret por su posible participación (o al menos no investigar aunque estaban al tanto) en secuestros, torturas y desapariciones ya desde 1975. Señalaban la amistad entre los jueces, a punto tal que después del desplazamiento de Bento fueron fotografiados en un restaurante céntrico cenando con champagne. Esta semana, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas lo procesó por incumplimiento y por prevaricato (fallar deliberadamente contra derecho). Tuvo especialmente en cuenta la orden de un tribunal superior que Petra habría desacatado, que le impedía intervenir en causas de derechos humanos. El hecho de no haberse inhibido, razonó el juez, más las denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura, sumaban elementos “razonables para generar dudas sobre su imparcialidad”.

Son nueve las presentaciones contra Petra en el Consejo, por las que aún podría ser citado. En ellas se basaron días atrás otros colegas suyos para apartarlo de la presidencia de la Cámara. En uno de los expedientes se investiga la liberación en masa de represores de Mendoza, San Luis y San Juan. Otro apunta a una resolución por la cual extendió la falta de mérito del teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) a 18 desapariciones que no habían llegado a su tribunal. En otra de las presentaciones por las que está bajo la lupa, la jueza de San Juan Margarita Camus lo responsabiliza por dejar en libertad a su torturador a pesar de que ella lo había reconocido. En el caso de su colega Romano, además de firmar el apartamiento del juez que lo investigaba, Petra fue denunciado por jueces subrogantes de la propia Cámara por sustraer (para prolongar sus efectos) la medida cautelar que evitaba que avanzara el juicio político en su contra. La semana pasada también lo denunció la Universidad Nacional de Cuyo por presunta parcialidad en una disputa por terrenos universitarios a favor de un grupo empresario.

martes, 1 de noviembre de 2011

Junin : se ratifica procesamiento ex jefes de policia por delitos de lesa humanidad

Están acusados por secuestros e imposición de tormentos, hechos ocurridos en dos centros clandestinos de detención en la ciudad de Junín. También alcanza a un ex coronel del Ejército. Es en el marco de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco ex altos jefes policiales y un ex coronel, quienes están acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos en el marco de la megacausa del “Primer Cuerpo del Ejército”, que instruye el juez federal Daniel Rafecas. Todos actuaron durante el último gobierno de facto en la ciudad de Junín y sus zonas de influencia.

Se trata de los ex comisarios inspectores Edgardo Antonio Mastrandrea y Miguel Angel Almirón; los ex comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Angel Esterlich; el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta; y el coronel retirado Angel José Gómez Pola.

Los procesados están acusados por hechos que habrían cometido durante el último gobierno de facto, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría 1ª de Junín y en la entonces Unidad Penitenciaria 13 del Servicio Penitenciario Bonaerense.