jueves, 30 de junio de 2011

La autopsia de Urondo

Un médico forense que realizó la autopsia del cuerpo de Francisco “Paco” Urondo el 17 de junio de 1976 aseguró ante la Justicia que “murió a consecuencia de golpes en la cabeza con la cacha de un arma y no por haber ingerido una pastilla de cianuro”. “Queda comprobado que a Paco Urondo lo asesinó una patota militar-policial”, dijo a la prensa Pablo Salinas, abogado querellante en el juicio contra una decena de ex militares y policías, jueces y fiscales, acusados y procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Salinas, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, precisó que “el médico forense Roberto Edmundo Bringer declaró que el 17 de junio de 1976 estaba de guardia en el Cuerpo Médico Forense” de la capital mendocina y que el cadáver del poeta, periodista y militante de Montoneros “ingresó como NN a la morgue provincial trasladado desde el D-2 (centro policial clandestino de torturas y desapariciones)”.

viernes, 24 de junio de 2011

Se postergó el juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió postergar un mes el inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad de Entre Ríos, que iba a comenzar el 27 de julio en la sala de audiencias de la Cámara Federal de la capital entrerriana. La nueva fecha de comienzo es el miércoles 24 de agosto.
 
La decisión del Tribunal obedece a que uno de los imputados, el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, continúa siendo enjuiciado en Rosario.
En tanto, en otra resolución, el Tribunal autorizó la transmisión del juicio en directo para Concepción del Uruguay. El desarrollo de las audiencias se exhibirá a través de pantallas instaladas en el salón de actos de la Escuela Normal de esa ciudad, consigna Uno.
 
Además de Díaz Bessone, en Paraná se juzgará a los represores Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior; Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia; Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.
Harguindeguy, Díaz Bessone y Dasso serán juzgados por la desaparición forzada de los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, y por la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalasar y Juan José Durantini. En tanto, Harguindeguy, Díaz Bessone, Crescenzo, Valentino y Rodríguez, por el secuestro y torturas que sufrieron 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal.

jueves, 23 de junio de 2011

La Corte confirmó la preventiva a Martínez de Hoz

El máximo tribunal confirmó la medida impuesta al ex ministro de Economía de la dictadura, procesado por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim, en 1977. Martínez de Hoz, de 86 años, se encuentra detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria pero la Corte declaró "improcedente" su excarcelación.

De esta manera, el máximo tribunal confirmó un fallo de la Cámara Federal porteña que convalidó la decisión del juez federal Norberto Oyarbide.

El númen del plan económico de la última dictadura está procesado bajo la acusación de haber ordenado primero el secuestro y luego la detención a disposición del Poder Ejecutivo durante cinco meses -de noviembre de 1976 a abril de 1977- de los empresarios textiles Miguel y Federico Gutheim a raíz del incumplimiento de un contrato comercial con Hong Kong.

Martínez de Hoz habita un departamento del cuarto piso del tradicional edifico Kavanagh pero estuvo algunos días detenido apenas la Corte Suprema declaró nulo el indulto del ex presidente Carlos Menem y se reabrió la causa, en la que también están procesados con prisión preventiva el ex dictador Jorge Rafael Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy.

Sin embargo, el anciano empresario obtuvo primero el beneficio del traslado a una clínica privada por una afección de columna y luego la prisión domiciliaria, apelada por su defensa y declarada improcedente por el máximo tribunal dado que se trata de un delito de lesa humanidad.

Creen que fue el propio represor quien atentó contra su casa y baleó a su pequeña hija

Conmoción en la ciudad bonaerense de Pilar
     
Otra de las hijas del represor de la Esma Víctor Roberto “Lindoro” Olivera, en diálogo con Cadena 3 señaló que sospecha que el autor material o intelectual del atentado armado contra su vivienda, en la que resultó lesionada una hermanita de 9 años, es su propio padre.

“Creemos y sospechamos que viene de parte de él. No sabemos si fue él o fue alguien mandado. Mi papá es una persona de 60 años. El tiro no fue de frente, sino que fue tirado de arriba, como de un muro”, consideró la joven.

“Calculá que por la capacidad que tiene mi papá no puede haberse subido, tirado, corrido y escapado en un auto en cuestión de segundos. Me encantaría que si fue de parte de mi papá, se entregue a la Policía”, agregó la muchacha.

Por otro lado, vecinos de la casa de Olivera, denunciaron que los disparos partieron desde un Fiat Uno que se dio a la fuga sin dejar rastro alguno.

El episodio se registró en momentos en que la familia del fugitivo represor, mantenía una reunión previa a la cena.

“Estábamos en el comedor de casa hablando. Todos estábamos: mi mamá, un amigo de la familia, mi hermanita y yo. Se escuchó un ruido muy fuerte. Le dije a mi madre que eso había sido un tiro, y luego la nena empezó a gritar, asegurando que le quemaba y que le dolía. Nos dimos cuenta que había sido herida”, aseguró otra de las hijas de Olivera a Cadena 3.

La joven señaló además que la bala ingresó por el pecho de la menor, y no por el abdomen como se había informado en la víspera. “Se veía que la bala ingresó a la altura del corazón y bajó hasta el hígado”, aseguró Olivera.

Y agregó: “Con todos los gritos no escuché el ruido de un auto. Fueron los vecinos lo que dijeron que pasó un Fiat Uno disparando contra la casa”.

Por otro lado, la pequeña víctima se encuentra internada en el hospital zonal Juan Sanguinetti, donde le extrajeron una bala calibre 32.

Olivera es un suboficial retirado de la Armada que contó que en los fondos de la ESMA incineraban cadáveres de prisioneros políticos.

Se mantiene prófugo de la Justicia luego de que la Cámara de Casación Penal lo beneficiara con la excarcelación, tras permanecer detenido unos meses.

martes, 21 de junio de 2011

La memoria de Uruguay no caduca

Organizaciones de derechos humanos insisten en la vías internacional y jurídica tras la negativa parlamentaria a derogar la ley de amnistía en Uruguay
“Es una responsabilidad hacia los demás para crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”

El silencio no suena siempre igual. La Marcha del Silencio recorrió a finales del pasado mayo las calles de Montevideo envuelta en un mutismo diferente a las quince ediciones anteriores convocadas por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos bajo el lema Verdad, justicia, memoria y nunca más. “Siempre se mantiene el silencio, pero esta vez fue un silencio angustiado y con bronca”, resume Elena Zaffaroni, miembro de la organización humanitaria y víctima de la última dictadura cívico-militar (1973-85) en Uruguay. No en vano, la Cámara de Representantes se opuso el 20 de mayo, justo en la madrugada de la jornada de protesta tras un intenso y extenso debate parlamentario, a la derogación de la Ley 15.848, oficialmente denominada como de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y también conocida como ley de amnistía o de impunidad por someter las investigaciones del poder judicial a las decisiones del ejecutivo. De este modo, la norma impide en la práctica el juicio de los delitos perpetrados por militares y policías durante el régimen autoritario.

Una bandera uruguaya sobresale entre retratos de víctimas. (Andrés Landinelli Oroño)

Aunque surgió de sus propias filas, la reciente iniciativa de anulación fracturó al izquierdista Frente Amplio y, de hecho, no prosperó en sede legislativa al empatar la votación a causa de la ausencia intencionada de un diputado del mismo partido gobernante. Tampoco el actual presidente del país y preso durante la dictadura como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, José Mujica, se mostró a favor de la propuesta, aunque aseguró que acataría una eventual derogación por disciplina partidaria y no ejercería su derecho de veto. Más allá de las meras contradicciones internas, la fuerza progresista evidenció el cisma de la población uruguaya entorno a la Ley de Caducidad, pues el texto se mantuvo en el ordenamiento jurídico después de someterse a dos referendos populares convocados por iniciativa ciudadana en 1989, apenas cuatro años después del retorno a la democracia, y en 2009, en coincidencia con las elecciones presidenciales. Tras diversas polémicas por su planteamiento, las consultas no superaron el 48% de apoyo ciudadano. “Nos cuesta aceptar que la sociedad uruguaya esté tan dividida, pero hay mucha gente indiferente por el distanciamiento del pasado con respecto a lo cotidiano”, lamenta Zaffaroni, detenida a finales de  1974 en el cuarto mes de embarazo de su primer hijo junto a su esposo y militante del Partido Comunista Revolucionario. Aunque ella y su hijo recuperaron la libertad más de tres años después, nunca apareció el cuerpo de su pareja, el estudiante de Medicina de 22 años Luis Eduardo González.Según la Comisión de la Paz, impulsada por la Presidencia de la República desde 2000, alrededor de 200 personas desaparecidas y casi 6.000 presos políticos sufrieron la represión durante doce años en 50 centros de detención oficiales y 9 clandestinos en Uruguay, aunque los crímenes también se extendieron a otros países del entorno mediante la coordinación militar ejecutada a lo largo de las décadas de los 70 y 80 por las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil bajo la denominación de Operación Cóndor. A juicio de Elena Zaffaroni, fisioterapeuta retirada de 62 años y madre de dos hijos más con su segundo marido, “la impunidad parecía una secuela del terrorismo de Estado, pero se ha quedado como estructural. Hay miedo y amenazas, además de tradición de clientelismo y caudillismo político”. En definitiva, desde Familiares observan una ausencia de “voluntad clara”, incluso tras dos gabinetes de izquierdas consecutivos, para lograr una “necesaria solución política” al conflicto. “Tratamos de desmarcarnos de la última propuesta, porque tenía muchos puntos débiles, y no alentamos ese camino, pero sí la discusión. Sin embargo, ni siquiera se discutió el tema de fondo en el Parlamento, la necesidad de que no haya impunidad”, lamenta Elena Zaffaroni.

Fallo internacional a favor del poeta Juan Gelman

Por ello, desde las organizaciones de derechos humanitarios depositan “mayores expectativas en otras vías” como la presión internacional y los procesos judiciales, instancias que ya se pronunciaron en contra de la Ley de Amnistía y anticipan su caducidad. Desde su aprobación en 1986, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) insistió en la presentación de diversos recursos de inconstitucionalidad contra el texto sin obtener resultados positivos en la Corte Suprema de Justicia. “Un caso solo se puede presentar una vez y no abarca a los demás, una de tantas perversidades del sistema jurídico, igual que dejar durante casi 30 años que una ley quite independencia y autonomía al poder judicial”, detalla el abogado y presidente de Ielsur, Jorge Pan. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró en 1993 la Ley de Caducidad “incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Uruguay en 1968 en el denominado Pacto de San José de Costa Rica, y las víctimas iniciaron la reapertura de los casos hasta que, finalmente, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma en 2009 para el proceso por el asesinato de joven profesora comunista Nibia Sabalsagaray, una decisión que admitió la incoherencia con el ordenamiento jurídico internacional y repitió después para más de una veintena de casos. Y más contundente todavía fue el fallo emitido el pasado febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay en la denuncia interpuesta por el poeta y premio Cervantes 2007, Juan Gelman, a causa de la desaparición forzada de su nuera y el secuestro con cambio de identidad de su nieta al subrayar que diversos artículos de la Ley de Caducidad “carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (…), identificación y el castigo de los responsables”.

"Angustia y bronca" durante la XVI Marcha del Silencio. (Andrés Landinelli Oroño)

Tras los avances logrados, la reciente decisión parlamentaria resultó, según Amnistía Internacional, “una oportunidad histórica perdida de hacer justicia”, y supuso, en opinión de Pan, “un nuevo golpe” para las víctimas, “aunque ya se veía venir y se estudiaron vías alternativas para que fuera menos duro”.  De hecho, Ielsur presentó antes de la votación en sede legislativa un recurso de petición ante la Presidencia de la República con el objetivo de que notifique la sentencia del caso Gelman a la Suprema Corte para su “cumplimiento en forma inmediata” mediante la reapertura de “todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos que fueran oportunamente archivadas por las disposiciones de la Ley 15.848” y, de este modo, “evitar una sanción por incumplimiento” al Estado desde las instituciones transnacionales. A juicio del presidente de Ielsur, “el recurso es una vía más aséptica que da aire, porque debe resolverse ante la Suprema Corte y está fuera del juego y los avatares políticos, que pueden darte un revolcón. Aunque nunca se detuvo y con el tiempo se van logrando pequeños objetivos, todo este camino causa irritación y no queremos dar pasos que comprometan a los familiares, hay que tener mucho cuidado porque tienen una carga emocional muy grande”.

De hecho, Zaffaroni admite que resulta “difícil mantener la esperanza y doloroso volver a vivirlo todo con el propio relato. Llevamos 26 años de un camino lento con pequeños pasos y un proceso tan, tan largo nos va desgastando mucho, porque denunciar el pasado va perdiendo el sentido con la distancia, manosea la temática y quita expectativas o posibilidades concretas”. En cualquier caso, ella, con el apoyo de su segunda familia, y su anterior suegra, María Amalia González, ya presentaron a mediados de junio una petición ante la Suprema Corte para la reapertura urgente de la investigación archivada en la denuncia por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González con el argumento del precedente jurídico establecido por el caso Gelman en la CIDH. “En absoluto el centro de la satisfacción está en verlos presos”, sentencia Elena Zaffaroni.  “Más que un fin es un camino, una lucha que atraviesa una sociedad y una responsabilidad hacia los demás. Es crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”.

La protesta recorre la avenida 18 de Julio. (Andrés Landinelli Oroño)
Encuentro latinoamericano en cada aniversario golpista

El 27 de junio de 2011 se cumplen 38 años de la disolución de las Cámaras de Senadores y Representantes por parte del entonces presidente de la República de Uruguay, Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para crear un Consejo de Estado con funciones legislativas y administrativas. Ante la conmemoración, justo una jornada antes, del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, un grupo de organizaciones no gubernamentales se reúnen del 24 al 26 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo para celebrar II Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia con el objetivo de vincular las dos efemérides y, de este modo, denunciar un crimen no tipificado como de lesa humanidad en la mayoría de los países de la región. La reunión impulsada por Familiares, el  Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), las fundaciones Mario Benedetti y Zelmar Michelini o la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol) se produce como resultado del acuerdo alcanzado en la primera edición, desarrollada a finales del pasado marzo en Argentina con motivo del 35 aniversario del inicio de la última dictadura en el país (1976-83), para conmemorar mediante encuentros internacionales los diferentes golpes de Estado sufridos en Latinoamérica y, por ello, ya se trabaja también en una cita similar el 11 de septiembre en Santiago de Chile.

Además de analizar la coordinación represora de la Operación Cóndor, el primer encuentro se saldó con la aprobación del Compromiso de Buenos Aires: “Coincidimos que nuestros países siguen siendo víctimas de la impunidad instaurada para ocultar los crímenes de lesa humanidad que sufrieron nuestros pueblos, y proteger a los violadores de los derechos humanos de aquellas dictaduras”. Bajo esta premisa, los firmantes de la declaración porteña se comprometieron con la verdad (apertura de archivos secretos sobre el terrorismo de Estado y exclusión de represores y cómplices de la función pública), la justicia (fortalecimiento del presupuesto y aplicación de la jurisprudencia internacional sin presiones), la ética (eliminación de toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipificación de los delitos de lesa humanidad y reparación a las víctimas) y la memoria (respeto a los derechos humanos y ejercicio de los derechos civiles).
Armando Camino (Montevideo)

Atacaron el domicilio de un represor prófugo, su hija herida

Balazos en casa del represor

Un grupo de desconocidos baleó la casa de Víctor Roberto Olivera, en Pilar. Su hija de nueve años fue operada de urgencia. El represor, que admitió las torturas y los homicidios perpetrados en la ESMA, es buscado por la Justicia desde abril pasado.

La hija de un suboficial de la Armada prófugo, que en 2008 admitió ante el juez federal Sergio Torres las torturas y homicidios que se cometían en la ESMA, fue herida de bala el lunes por la noche, cuando unos desconocidos atacaron la casa de la familia. El extraño episodio ocurrió en Pilar, donde hasta abril pasado vivió el represor Víctor Roberto Olivera, ex miembro del Grupo de Tareas 3.3, y tuvo como víctima a su hija de nueve años, quien fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Lindoro, como lo recuerdan los sobrevivientes de la represión, había confesado durante su declaración indagatoria que la Armada incineraba los cuerpos de los secuestrados que morían durante la tortura, método que sus camaradas llamaban “asadito”. El ataque a la casa del marino retirado tiene lugar mientras transcurren las últimas audiencias del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA.

Alrededor de las 22 del lunes, según fuentes policiales, unos desconocidos que se trasladaban en un vehículo marca Fiat balearon el frente de la casa ubicada en calle Buenos Aires 1818, en el partido bonaerense de Pilar, que custodiaba el cabo de la Policía Federal Néstor Rodríguez. Producto del ataque, la hija de Olivera recibió un disparo en el abdomen y fue trasladada de urgencia al hospital zonal Juan Sanguinetti, donde los médicos la sometieron a una intervención quirúrgica y le extrajeron el proyectil. Hasta ayer por la mañana, la niña permanecía en terapia intermedia. Investiga el hecho la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Pilar, que como primera medida ordenó fortalecer la consigna policial en la vivienda.

Olivera fue el primer marino de la ESMA que se quebró en llanto durante su declaración indagatoria.

–Los hacían desaparecer –respondió entre sollozos cuando el juez Torres le preguntó por el destino final de los secuestrados.

–¿De qué manera? –preguntó el magistrado.

–Con humor se referían al asadito –confesó.

–¿Se refiere al procedimiento mediante el cual deliberadamente se quemaban cuerpos en dependencias de la ESMA?

–Sí, supongo que era eso –admitió.

El suboficial de sesenta años, identificado como Lindoro por tres sobrevivientes en una rueda de reconocimientos, admitió haber sido guardia de los secuestrados en el altillo del casino de oficiales de la ESMA. Según su legajo, integró la Fuerza de Tareas 3, en particular el GT 3.3, entre abril de 1979 y enero de 1981. Al proponer su ascenso, el teniente Carlos Carella destacó su desempeño “en tareas que debido a su género son de suma reserva, con eficiencia y discreción”.

En su declaración, Olivera hizo especial referencia a sus diálogos con una mujer llamada Josefina. Según el represor, la mujer le relató que había sido torturada. Por las fechas que surgen del legajo del marino, sería Josefina Villaflor, dedujo Torres al procesarlo. Olivera también reconoció haber atado a una mujer a una cama, “a una señora de apellido Cabezas”. “Cómo me impresionó eso... Mi función era llevar detenidos de un piso a otro”, dijo. Según el procesamiento, se trata de Thelma Jara de Cabezas, que por esos días debió encargarse de cuidar a la hija de Villaflor.

El juez calificó la declaración como “un aporte particular y casi excepcional puesto que no se contaba hasta ahora con versiones de imputados que pusieran de manifiesto las condiciones de detención de los prisioneros, el tratamiento al que se los sometía, el régimen de detención que debían padecer o las tareas que se desarrollaban dentro de la dependencia naval”. Sin embargo, destacó que “su versión no es amplia sino más bien reticente y alberga el objetivo de mitigar su responsabilidad”. La Cámara Federal confirmó el procesamiento con preventiva de Olivera en el penal de Ezeiza. Luego, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó liberarlo con el argumento de que no existían indicios sobre sus intenciones de fugarse. El 6 de abril, cuando la Corte Suprema de Justicia dispuso que volviera a prisión, Lindoro ya no estaba en su casa.

lunes, 20 de junio de 2011

Comienza a cerrarse el segundo juicio por delitos de lesa humanidad

El segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza comenzará con la etapa de testimonios, alegatos y sentencia en el caso del asesinato del poeta y referente del peronismo revolucionario de los 70, Francisco "Paco" Urondo.

Será en el edificio de los Tribunales Federales, a 35 años de ocurrido el hecho, en el que murió Urondo en Dorrego, Guaymallén. Allí fue sorprendido en una emboscada, en un operativo conjunto realizado por fuerzas militares y policiales. Según la investigación, en el hecho intervino uno de los acusados, el policía Celustiano Lucero quién lo habría golpeado en la cabeza. De acuerdo a la pericia, la muerte se produjo por una contusión encéfalo craneana.

En el lugar donde fue abatido secuestraron a su mujer, Alicia Raboy, quien hasta hoy está desaparecida. Con la pareja se encontraba Ángela Urondo, de un año, que luego fue recuperada en la Casa Cuna. Para el abogado Pablo Salinas, "la causa tiene un alto valor simbólico para la militancia peronista, por lo que sería fundamental que se hiciera justicia".
 
Declara la única testigo del asesinato de Paco Urondo en otro juicio por delitos de lesa humanidad. Renée "La Turca" Ahualli, única testigo del asesinato del escritor y periodista Francisco "Paco" Urondo, ocurrido en Guaymallén el 17 de junio de 1976 en una emboscada, declarará hoy en el juicio que se desarrolla en Mendoza por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Renée Ahualli es la única sobreviviente de aquel ataque ocurrido en una esquina de Guaymallén que terminó con la vida del dirigente montonero y la desaparición de su pareja, Alicia Raboy.

También se salvó la hija de ambos, Angela, que tenía 11 meses y viajaba en el auto junto a sus padres y "La Turca".

La muerte de Paco Urondo y de 30 personas más son sometidas a juicio desde el 17 de noviembre de 2010, y están acusados represores que respondían al jefe del Cuerpo III del Ejército de entonces, Luciano Benjamín Menéndez, quien quedó fuera del juicio por razones de salud.

Los acusados son los militares Tamer Yapur (primer interventor militar de Mendoza), Orlando Dopazo y los ex policías Juan Oyarzábal y Luis Alberto Rodríguez y Celestiano Lucero y Armando Osvaldo Fernández.

“La Turca” llegó a Mendoza en 1973 con 32 años de edad y cuando ya era integrante de Montoneros.
La mujer tiene actualmente 69 años y es docente universitaria y recuerda cada detalle de aquel suceso ocurrido el 17 de junio de 1976 en una emboscada montada por policías del Departamento de Informaciones -la temible D2-.

miércoles, 8 de junio de 2011

Estación Rodolfo Walsh

Homenaje al escritor y periodista en el subte
HIJOS, los delegados del subte y otras agrupaciones rebautizaron la estación de San Juan y Entre Ríos, donde fue secuestrado Walsh. Proyecto en la Legislatura para que el cambio sea permanente.

 Por Adriana Meyer

Alicia apoyó el libro sobre su morral y levantó la vista, ese chequeo automático cuando el tren para, mirar rápido a ver si es su parada, si ya se pasó o si todavía falta. “Estación Rodolfo Walsh (ex Entre Ríos)”, leyó en el cartel. Los pocos segundos de detención fueron suficientes para estirar la mano y tomar un volante que le entregaron desde el andén. Y así fue testigo de la intervención visual de esa estación de la línea E, que ayer a mediodía le cambió el nombre en un operativo de homenaje al Día del Periodista, ideado y concretado por el Sindicato del Subte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, el Grupo de Arte Callejero (GAC) e HIJOS Capital.

Miembros de estas organizaciones, acompañados por Taty Almeida, de Madres del Plaza de Mayo Línea Fundadora; Vilma Ripoll, del MST Nueva Izquierda, Carlos Pisoni, de HIJOS; Patricia Walsh, hija del periodista, escritor y militante; Ana Longoni, especialista en arte y política, y Néstor Segovia, delegado de la línea C, bajaron las escaleras de la estación Entre Ríos pocos minutos después de las 13. Llevaban los carteles adhesivos para cambiar la señalética de los andenes, con la misma tipografía que usa el subte. La estación no fue elegida al azar. Arriba, en la esquina de Entre Ríos y San Juan, una placa recuerda el sitio donde Walsh habría intentado resistirse al secuestro y fue baleado por la patota de represores que luego lo llevó a la ESMA. Mientras los delegados del Subte tapaban los carteles luminosos con el nuevo nombre, el GAC colocaba gigantografías en vinilo en los escalones con la frase de Walsh “las paredes son la imprenta del pueblo” y dos retratos del rostro del escritor que quedaba armado sobre la escalera.

La acción planeada por Beto Pianelli, delegado de la línea E, y Miguel González, secretario de Derechos Humanos del nuevo sindicato del Subte, apuntó a “generar consenso para el cambio institucional del nombre”, explicó Caro Golder, del GAC. De hecho, ayer la diputada porteña Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) presentó en la Legislatura un proyecto de ley en tal sentido, según confirmó Pisoni a Página/12. Si prospera será la empresa Metrovías la que tendrá que costear la nueva señalética de esa estación. Hasta última hora de ayer la obra no había sido tocada, pero los intervencionistas imaginaban que a la hora de la limpieza seguramente sería quitada. Los metrodelegados quieren cambiar los nombres a otras estaciones, como Carranza y Varela; ponerle Tupac Amaru a Plaza de los Virreyes y designar con nombres de luchadoras populares a las futuras estaciones de la prolongación de la línea E, entre Plaza de Mayo y Retiro. Mientras un par de integrantes de El Colectivo de prensa y de la revista Underground limpiaba los escalones con detergente, algunos pasajeros se acercaban a preguntar. “La gente recibió el volante, nadie se quejó, y como Walsh es una figura emblemática despierta adhesión”, agregó Golder. Patricia Walsh dijo que a su “viejo” le hubiera encantado la intervención y rescató la lucha de los metrodelegados. Mientras el tren se alejaba, Alicia llegó a leer un friso de vinilo con otra frase de Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las anteriores, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo...”.

lunes, 6 de junio de 2011

Muere un represor y violador, en su casa y sin castigo

A los 76 años, falleció el represor Perdo Durán Saénz
 Por Adrián Pérez

Abogados y fiscales de la causa El Vesubio coinciden en caracterizar a Pedro Durán Sáenz como un hombre perverso, sádico y violador. Ayer falleció a los 76 años, por una afección respiratoria. El ex coronel del Ejército será recordado por haber sometido a detenidas y convertirlas en sus esclavas sexuales, obligándolas, incluso, a convivir con él en una casa ubicada en el centro clandestino. Por esos sinsentidos de la Justicia, esperaba su sentencia en libertad. Hoy comienzan los alegatos de los abogados defensores en el juicio por la Causa Vesubio, pero no habrá tiempo para que el jerarca de aquel centro clandestino haga frente a las acusaciones que pesaban sobre él. Tampoco se lo verá sosteniendo un rosario entre las manos en la sala de audiencias de Comodoro Py.

“Esto demuestra lo dificultosos que son estos procesos de conseguir justicia, porque (Durán Sáenz) muere impune y libre mientras algunas víctimas no pudieron viajar al país porque no querían enfrentarlo en libertad”, dijo el fiscal de la causa El Vesubio, Félix Crous, en diálogo con Página/12. Crous se enteró del fallecimiento de Durán Sáenz en la tarde de ayer y le pidió al Tribunal Oral Federal 4 que remitiera el cuerpo a la morgue y se secuestrara la historia clínica del sanatorio donde murió el ex coronel.

Rodrigo Borda, abogado querellante del CELS, destacó que si bien la cuestión procesal estaba resuelta y se iba a utilizar el sistema de videoconferencia para que Durán Sáenz escuchara la sentencia del juicio, “es preocupante que muera sin ser condenado. Dispusimos avisarles a los sobrevivientes de su fallecimiento”, concluyó.

Uno de los testimonios más desgarradores sobre el accionar de Durán Sáenz fue el que aportó Elena Alfaro, en 1985, durante el Juicio a las Juntas: “Estábamos a merced de cualquier fuerza o cualquier hombre que estuviera ahí, salvo, por supuesto, los detenidos que no harían una cosa por el estilo –contó Alfaro, hoy radicada en el exterior– . Sé del caso de Graciela Moreno, una de las detenidas que fue violada mientras estaba en las duchas. De Elsa, de María del Pilar García, que también fue violada. El ser violada ahí era muy corriente”.

Alfaro relató un instante que pinta al ex coronel de cuerpo entero. Durán Sáenz había tenido problemas con una joven que se llamaba Silvia y a la que habían traído de otro centro clandestino, junto con Elena de Quilmes, y con una chica a quien le decían Tana. En la jefatura de El Vesubio esas tres mujeres fueron sometidas por el militar (su apodo era Delta). En la noche del 20 de junio, esa jefatura se mudó al Centro de Reunión de Información que funcionaba en el Regimiento de Infantería de La Tablada. Alfaro, embarazada de cuatro meses, también fue trasladada. Durán Sáenz la llevó a una pieza ubicada en el puesto de inteligencia y la violó.

viernes, 3 de junio de 2011

Carta Abierta a mis conocidos y amigos

                    De las pocas cosas que, de a ratos, he sabido hacer más o menos bien, ha sido pararme ante una clase y tratar de despertar el pensamiento con mis palabras. No otra cosa pretendo hoy.

Nunca busqué el que se repitiera lo que decía, sino que lo usaran como materia prima, como barro primordial, para modelar su propio pensamiento. Hoy ya colgué la túnica. No tengo un aula donde expresarme y muchas veces sólo me queda pelearme conmigo mismo, reprochándome errores y deudas contraídas con mi propia alma. Quizás sea por ello que me pongo a escribir esto. Sin otra pretensión de que transmitir lo que siento en este instante. 

Ayer, 20 de mayo. unas cien mil personas marcharon por “18”. Fueron pocas o muchas, no importa. Eran ejemplo de buenos orientales venidos de todos lados a salvar la patria, como escribiera Idea.

Mientras se discutía el fin de la impunidad, hubo muchos que optaron legítimamente por concentrarse en el partido y abonar: eso no tiene nada que ver conmigo o no entiendo nada o un simple, ya me tienen harto con eso.

Nunca he querido una sociedad de unanimidades, creo que es la muerte de la persona. También puede ser que alguna gota vasca que me anda en las venas me dicte estas palabras que ahora escribo.

Recordemos que el éxodo no fue de todo un pueblo siguiendo los pasos de Artigas. Hubo algunos que optaron por refugiarse en Montevideo y otros que se fueron a las comodidades que les ofrecía Buenos Aires. No todos fueron tras el general, no todos aceptaron el sacrificio del Ayuí.

Tras lo acontecido en la Cámara de Diputados, muchos se sintieron nuevamente derrotados. No es para menos, nos pegaron de nuevo. Pero como decía Zitarrosa “no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo su historia” Y la historia “crece desde el pié”, se hace juntando fuerzas para entre todos torcer el rumbo.

Los gringos allá por comienzos de los 80, establecieron que el futuro se jugaba en la cabeza de la gente, quien consiguiera dominar la memoria, si se conseguía manipularla, entonces sería posible extender el dominio. Y la verdad amigos nos están ganando.

Una vez le pregunté a un amigo judío por qué ellos insistían tanto con el holocausto, por qué año tras año recordaban esa tragedia. La respuesta fue simple y directa, es que la barbarie todavía andaba suelta y puede repetirse si nos gana el olvido, me contestó. Como dijera Brech la perra que parió esos monstruos, sigue aún en permanente celo.

El pueblo judío, no olvida. Han estado y estarán año tras año, persiguiendo a los asesinos y llevándolos a juicio siempre que han podido. Ese es un ejemplo.

Hoy los sobrevivientes de los campos son una inmensa minoría. Los que tienen marcada en su piel y alma las experiencias atroces de aquel período, cada vez son menos. Pero han conseguido afirmar la memoria. La han hecho carne en las nuevas generaciones.

Creo que ahí está nuestra falla. No se trata de hacer un monolito en un remoto lugar de Montevideo. Vamos a transformar cada muro en un monolito recordatorio. ¿Por qué, por ejemplo no colocar un cartel luminoso bien grande en Rivera y Soca, que diga simplemente junto a su foto, de acá se llevaron al maestro Julio Castro, dónde está? Que se vea bien y nadie se haga el ignorante o le chancho rengo.

Está bien escribir libros que pocos leen, pero debemos ir más lejos, no se trata tampoco de hablar cada tanto o incluir algo en un discurso o en el cuplé de una murga, para despertar el aplauso fácil.

No son suficientes estas heroicas viejas que buscan huesos, como insensiblemente las calificara nuestro presidente en otra de sus incontinencias verbales habituales. Incontinencia que no la va a usar para pedirles perdón.

Por favor Sr Mujica Cordano, no entierre al “Pepe”. Es muy probable que usted jamás se entere de lo que acá digo. Su tiempo está muy ocupado con videos de supuestos militares revanchistas y esto son “cosas menores” de un perfecto desconocido para usted. Pero si por casualidad lo lee, si de pronto “Manuela” se lo apunta, piense un segundo y reconozca que metió la pata hasta el cuadril, como se dice en campaña. Por otra parte la Batalla de Las Piedras la ganó no el ejército, sino el pueblo reunido y armado como me enseñó Agustín Beraza el historiador y profesor.

No se trata de cultivar el odio. Creo el norte está en conseguir que la historia se haga memoria colectiva y esa será nuestra tarea. No en esperar a que estemos todos muertos y que la paz de los cementerios se instale.

Hagamos una cosa bien simple, que nada nos va a costar: que circulen por la red la historia junto al rostro de cada una de las víctimas. Todos tenemos un trocito, hagamos algo grande juntando cada uno de ellos en un gran relato. En forma sencilla narremos el horror, sin pudor y sin adjetivos agregados, la verdad pura y descarnada. Empapelemos como ayer las calles con las caras y la historia de los desaparecidos y cuando los arranquen coloquémoslos de nuevo. Que cada centímetro de nuestras calles en cada pueblo, en cada vereda, tenga un pedazo de historia.

Volvamos a organizarnos como ayer más allá de nuestras banderas particulares. Dejando de lado los intereses menores y los vanguardismos y el fortalecimiento de los “aparatos”, vamos a encontrarnos como uruguayos. ¿Qué esto es utópico? Puede ser pero vale la pena intentarlo.

La impunidad significó y significa un quiebre en nuestra ética colectiva. Hoy pedimos firmas para encarcelar menores y mientras tanto defendemos torturadores. Porque torturar cuando se defiende el capital está bien, delinquir como estrategia de supervivencia está mal. No aceptemos ni una cosa ni la otra. Quien delinque, pase el tiempo que pase, sea quien sea que afronte sus consecuencias. Los uniformes se idearon para identificar no para esconderse dentro de ellos.

A recomponer la moral ya, porque si ella se pierde definitivamente no estamos lejos de bajar a Artigas y poner a Tinelli sobre el caballo. No faltará quien establezca por ley que la vida pasa por un bailar por un sueño. Porque nuestros gurises no tendrán futuro y aceptarán de buen grado ser cosas.

A muchos les molestará esto que he escrito dejando correr simplemente los dedos sobre el teclado sin intentar siquiera corregir. He optado por dejar que las palabras fluyan directas del corazón.

Si comparten una mínima parte de lo que he expresado háganlo circular entre sus conocidos. Recordemos que la maldad triunfa cuando los buenos no hacen nada contra ella.

Con afecto, dolor y compromiso

                                                           Douglas Ifrán (apenas un exmaestro)

miércoles, 1 de junio de 2011

Bussi quiere ir de paseo a la finca para festejar un cumpleaños... ¿?

Condenado a prisión perpetua, degradado por el Ejército, con arresto domiciliario gracias a sus achaques, el ex militar Antonio Domingo Bussi podría abandonar en los próximos su residencia en el country de Yerba Buena y trasladarse a una finca en el interior tucumano, en teoría para celebrar el cumpleaños de su hijo José Luis. Al menos es el objetivo que figura en el pedido de autorización que la esposa del genocida presentó el sábado ante el Tribunal Oral Federal tucumano y que hasta ayer no había sido respondido. 
 
Bussi fue internado de urgencia el lunes, producto de una descompensación. Padece “una insuficiencia cardiorrespiratoria severa”, precisó a LV12 su hijo José Luis, cara visible de Fuerza Republicana desde el fin de la impunidad de su padre. El legislador Ricardo Bussi, en tanto, calificó de “nefasta” la baja de su padre de las filas del Ejército, ordenada por el ministro Arturo Puricelli luego de que quedara firme la condena a prisión perpetua por el asesinato del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. “Los montoneros de los años ’70, hoy enquistados en el poder kirchnerista, toman la mayor de sus venganzas, sacándole el grado militar al general Bussi” (sic), insistió en machacar la jerarquía el diputado provincial en declaraciones al diario La Gaceta. Bussi hijo se mostró confiado en que “nunca podrán borrar del corazón de los tucumanos al general triunfador del Operativo Independencia”.

Luciano Benjamín Menéndez morirá con seis condenas a prisión perpetua en el haber.

Menéndez fue apartado de un juicio
 El ex comandante del Tercer Cuerpo, degradado del Ejército la semana pasada, fue separado definitivamente de su séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La decisión la tomó ayer el Tribunal Oral Federal de Salta luego de que un médico forense, enviado por la Corte Suprema de Justicia, constatara el grave estado de salud del ex militar, que el miércoles sufrió un infarto de miocardio. Menéndez afrontaba desde abril el juicio por la desaparición del ex gobernador salteño Miguel Angel Ragone y por los asesinatos de los testigos del secuestro. 

Por sus problemas de salud, el tribunal ya había autorizado a Menéndez a seguir el proceso por videoconferencia desde la casa de su hijo, en un country de Yerba Buena, San Miguel de Tucumán. El miércoles a la mañana fue internado de urgencia en la unidad coronaria del Sanatorio Modelo, donde sufrió un infarto agudo de miocardio. Ante la posibilidad de que su ausencia derivara en la suspensión del juicio, que tiene otros siete imputados, fiscales y querellantes pidieron el apartamiento. Ayer revisó al flamante civil de 85 años el médico forense Cristian Rando, quien certificó la gravedad de su estado. En base a su dictamen los jueces Liliana Snopek, Luis Giménez y Carlos Jiménez Montilla ordenaron dejarlo fuera de juego, aunque harán monitoreos bimestrales para constatar su involución.