sábado, 31 de diciembre de 2011

Amenaza en Río Tercero

El martes a la mañana, al salir al jardín de su casa de Río Tercero, la esposa de Fernando Martinelli encontró un obsequio que desconocidos le dejaron a su compañero, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esa ciudad cordobesa. Era una cruz metálica, oxidada, antigua, de 1,4 metro de altura, que detrás tenía una foto de Martinelli y una leyenda armada con letras recortadas. El mensaje: “Te vas a ir con tu hermano”, en referencia a Roberto “Tito” Martinelli, desaparecido en 1975 por el terrorismo de Estado. Martinelli, ingeniero agrónomo y productor agropecuario, presentó una denuncia penal para que se investigue el hecho, que la APDH repudió y calificó como “accionar faccioso”. 

El organismo arriesgó que “por el contenido ideológico, retrógrado y amenazante” el mensaje debió ser obra “de alguna organización o individuos por suerte minoritarios y residuales del período marcado por el terrorismo de Estado”. “Hechos como el hoy denunciado, muy lejos de amedrentarnos, nos impulsan a seguir adelante para vencer estos obstáculos a la democracia que intentan poner pequeños grupos o individuos totalitarios, antidemocráticos y fascistas”, advirtió la APDH.

viernes, 23 de diciembre de 2011

Denuncian que la Secretaría de Cultura de la Nación contrató a una empresa dirigida por un represor

"Represores a Cultura" es el título de un informe del sitio web plazademayo.com, que asegura que la cartera dirigida por Jorge Coscia contrató a la firma "Organización Anselmi" para vigilar varias dependencias. Esa empresa de seguridad es comandada por Rolando Oscar Nerone, acusado de delitos de lesa humanidad.

La Secretaría de Cultura, dirigida por Jorge Coscia, contrató a la empresa de seguridad Organización Anselmi para vigilar el patrimonio de varias dependencias. La empresa está dirigida por un represor acusado de delitos de lesa humanidad. El ofrecimiento de tareas de inteligencia de la compañía y su posible participación en la desparición de Julio López fueron ignorados por la institución gubernamental a la hora del contrato.

Luego de pasar a retiro, muchos represores de la última dictadura encontraron en el negocio de la seguridad privada una buena forma de camuflarse en la sociedad civil y pasar desapercibidos, aunque sin abandonar sus viejas prácticas, para las cuales se creen infalibles expertos. Uno de ellos, Rolando Oscar Nerone, encontró resguardo en la empresa de seguridad a cargo de la vigilancia de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Jorge Coscia, y varias de sus dependencias.

La causa judicial que investiga el accionar de la Triple A –banda de choque paraestatal impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón, en particular, por su ministro de Acción Social José López Rega– da cuenta de que Rodolfo Walsh fue el primero en advertir a una célula paramilitar ligada a la Policía Federal encargada de investigar, identificar y secuestrar a exiliados políticos latinoamericanos. Un antecedente directo del Plan Cóndor de represión coordinada en Latinoamérica. El responsable de inteligencia de ese grupo, según pudo comprobar Walsh, era un comisario hasta entonces ignoto: Rolando Oscar Nerone.

Nerone se especializó en este área y formó parte de las acciones represivas de la dictadura, según consta en su legajo policial, al que tuvo acceso plazademayo.com. Sin embargo, quizás el accionar de este represor no quede impune, ya que su caso llegó a la justicia.

A mediados de este año, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Nerone por la desaparición de la argentino-uruguaya Victoria Lucía Grisonas, ocurrida el 26 de septiembre de 1976 en la casa en la que vivía con su marido uruguayo Roger Julien y sus dos hijos, Anatole, de cuatro años, y Victoria, de casi 1 año y medio. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) de Uruguay.

En la tarde de ese 26 de septiembre, fuerzas del ejército argentino y el uruguayo, la Policía Federal y la Side irrumpieron en la casa de los Julien Grisonas. Roger Julien intentó defenderse con una pistola, y uno de los disparos hirió a Nerone en su pierna izquierda. Esto se encuentra asentado en legajo personal del inspector donde se detallan las "lesiones sufridas el 26.9.1976, al resultar herido por delincuentes subversivos cuando realizaba un allanamiento".

La pareja intentó huir con sus dos hijos al hombro, pero fueron detenidos. Según la confesión del represor Eduardo Ruffo, que formó parte del operativo, ante la inminente detención Julien se tomó una cápsula de cianuro y murió en la calle a los pocos segundos, aunque su cuerpo nunca fue encontrado.

Victoria y sus hijos fueron trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, aunque los niños fueron abandonados en 1979 en una plaza de Valparaíso, en la república de Chile, lo cual permite sostener que su destino fue decidido en el marco del Plan Cóndor de represión coordinada entre las dictaduras latinoamericanas. Los niños se transformaron, en 1983, en los primeros dos nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo.

Hasta su procesamiento, Rolando Nerone, de 64 años, se mantuvo en el anonimato. En el último tiempo se desempeñó como Director Técnico de la empresa de seguridad privada Organización Anselmi SRL, según el registro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualizado el 25 de noviembre de 2011.

Un listado en la página web de la compañía indica que esta empresa trabaja actualmente para la Secretaría de Cultura de la Nación, y se encarga de custodiar al menos nueve edificios que dependen se su órbita, entre los que se destacan el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), la Manzana de las Luces, el Museo Mitre, el Museo del Cabildo y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Según pudo comprobar plazademayo.com, el Palais de Glace, en Posadas 1725, y el InstitutoNacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en Montevideo 671, cuentan actualmente con los servicios del personal de Anselmi SRL, cuyo uniforme consiste en una camisa gris, pantalón negro y zapatos al tono. En el caso del Palais, son al menos 8 personas las encargadas de custodiar el edificio.

Plazademayo.com intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el secretario de Cultura Jorge Coscia para consultarlo acerca de la contratación de esta agencia de seguridad signada por los antecedentes de su directo técnico. Coscia se negó a responder personalmente. Finalmente, el departamento de prensa de esa entidad señaló a este sitio que "el vocero Manuel Sosias explica que la contratación se realizó con el dueño de la empresa y que no se conocían los antecedentes ni accionar de Nerone".

Cabe preguntarse si no corresponde una investigación exhaustiva de las agencias de seguridad a ser contratadas por organismos del Estado, ya que ha sido comprobado una y otra vez que la mano de obra desocupada de la dictadura encontró en ellas un refugio laboral contemporáneo.

"Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´", explica Martín Medina, autor del libro Quién custodia a los custodios.

Por otro lado, la Organización Anselmi, cuyo director es el represor Nerone, ofrece entre sus servicios la realización de tareas de inteligencia entre las que incluye el espionaje sobre "perturbadores profesionales", la investigación de "sabotajes", "huelgas", "conflictos" y "faltas intencionales". También ofrece investigar "antecedentes ambientales de trabajo" y "políticos". Estos servicios, que llenarían de orgullo a cualquier fuerza de represión ilegal, se exhiben de manera explícita en su página web.

No sólo eso. En 2007, la secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de intentar dar con el paradero de Jorge Julio López, entregó a la justicia federal un listado de empresas que podrían estar vinculadas a represores de la última dictadura. Entre ellas figura Organización Anselmi.

Todos estos antecedentes a los que se puede acceder con la mayor facilidad fueron ignorados por la dependencia gubernamental de la que dependen los quehaceres de la cultura nacional a la hora de entregarle la seguridad de sitios que resguardan nuestro patrimonio. Un error que Coscia debería enmendar de inmediato, a la vez que dar explicaciones.
Fuente: Escrito por Camilo Pupt para plazademayo.com

lunes, 19 de diciembre de 2011

Suspensión de profesor de la UBA, denunciado por delitos de lesa humanidad

La UBA suspendió a Mario Casalla, denunciado por delitos de lesa humanidad en los 70 en Salta
El profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, denunciado por su participación en delitos de lesa humanidad. La denuncia contra el profesor, presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, resurgió en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esta provincia.
Avila solicitó a la Justicia indagar a Casalla como "autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra", docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces.

En palabras del querellante Martín Avila: "Casalla `marcaba` y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra".

Casalla se desempeñaba hasta la semana pasada en la Facultad de Psicología como profesor regular, a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología.

Una nota

“Durante los años ’74 al ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión”, escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.

Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo “marxista”. De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación.

viernes, 16 de diciembre de 2011

Revocada la excención de prisión a genocida

La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, comunica que recientemente la Cámara de Casación confirmó la revocación de la excención de prisión otorgada por el Juez Federal de San Nicolás Villafuerte Ruzo al máximo responsable del genocidio en nuestra localidad y ciudades vecinas. Estamos hablando del ex–Coronel Manuel Fernando Saint Amant, Jefe del Área Militar 132 entre noviembre de 1975 y 1977.

Ya en los fundamentos de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario uno de los jueces sustentaba: “en tal sentido, debe tenerse en cuenta que la provisional valoración de las características de las transgresiones atribuidas al imputado Manuel Fernando Saint Amant indica que se trata de la imputación de la presunta comisión de hechos constitutivos de delitos graves y de naturaleza violenta, concretamente crímenes de lesa humanidad”

Con la confirmación de la instancia superior, como es la Cámara de Casación, está ahora en manos del Juez Federal Villafuerte Ruzo hacer efectiva la detención de este genocida, de modo que cuando se inicie el primer Juicio Oral a fines de febrero de 2012 en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario por varios casos ocurridos en nuestra ciudad entre noviembre de 1976 y mayo de 1977 el ex–Coronel Saint Amant este esperando esta instancia en prisión común y efectiva.

Esperamos también que el Juzgado Federal de San Nicolás entienda nuestro anhelo de Memoria, Verdad y Justicia y actúe en consecuencia.

Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás
Martes 13 de Diciembre de 2011
A la Memoria de los caídos en la Masacre de Margarita Belén

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Las víctimas de Bussi : Fosa con restos de desaparecidos

Las víctimas de Bussi

En Tucumán, ayer se encontró una fosa con restos de al menos quince desaparecidos. En otro lugar de la provincia fueron identificados los restos del senador justicialista.

Los esqueletos estaban quemados, con las manos atadas. Fueron encontrados en una fosa común en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán, donde funcionó el centro clandestino de detención en el que el dictador Antonio Domingo Bussi, recién fallecido, solía presentarse para fusilar a los secuestrados, disparando él mismo un tiro en la nuca del primero de la fila. La confirmación del hallazgo coincidió con una segunda noticia: también en Tucumán, pero en una fosa ubicada en otro lugar, el Pozo de Vargas, fueron identificados los restos de Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial justicialista desaparecido en 1976.

Según el juzgado federal a cargo de Daniel Bejas, que dio a conocer la información sobre los esqueletos encontrados en el ex Arsenal, los cuerpos corresponden a por lo menos 15 personas. En el lugar está trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense, con colaboración del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán.

Los primeros hallazgos en el predio se habían hecho el 31 de marzo pasado, cuando se descubrieron restos óseos humanos y la presencia de paredes quemadas. A partir de eso, un trabajo de meses de los antropólogos permitió encontrar, según detalló el juzgado, “una fosa común con esqueletos completos en diferentes posiciones, varios de ellos atados en las extremidades superiores, algunos con presencia de proyectiles de arma de fuego y vainas asociados directamente”.

Se informó que los cuerpos “se encontraban ubicados como cayeron” en una fosa “que habría sido de quema”, ya que se encontraron restos de neumáticos y rastros de combustión en los cuerpos. Los investigadores estiman que se trató de un lugar de ejecución.

Desde 1975, en el Arsenal funcionó el mayor campo de concentración de Tucumán, con una doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. Hasta allí solía ir Bussi para encabezar ejecuciones de prisioneros con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Un gendarme arrepentido confió que el entonces gobernador de facto mató así a la adolescente Ana María Corral, de 16 años.

Al mismo tiempo que se conocía el hallazgo de los esqueletos en el predio del Arsenal, los familiares del senador Vargas Aignasse confirmaban que habían logrado ser recuperados los restos del dirigente. La identificación se realizó mediante un cotejo del ADN de tres de sus hijos, María Marta, Gerónimo y Mariana. “Fue un momento de mucha conmoción, porque terminamos un proceso de búsqueda que parecía imposible”, señaló Gerónimo Vargas Aignasse. “Uno siempre tiene la esperanza de que va a encontrar a quien está desaparecido. Esa condición es el limbo del horror, no se puede terminar de resolver el duelo.”

El Equipo de Antropología Forense lleva recuperados varios cientos de trozos de ropa, calzados y huesos sacados del Pozo de Vargas, una vieja construcción de mediados del siglo XIX realizada originalmente para extraer agua. Los restos están entremezclados con cal y otros componentes químicos, lo que dificulta la identificación de las víctimas. En este caso, el cotejo genético dio una certeza del 99,9 por ciento.

Hasta ahora se extrajeron muestras del Pozo de hasta unos 50 metros de profundidad, pero quedarían todavía unos 30 metros más para llegar al fondo, donde se presume que estaría la mayor concentración de pruebas.

Por el asesinato de Vargas Aignasse, Bussi fue llevado a juicio oral y condenado a cadena perpetua junto al ex jefe del tercer cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

martes, 13 de diciembre de 2011

Identifican los restos de Guillermo Vargas Aignasse en el Pozo de Vargas

Sus restos fueron identificados en la fosa común conocida como el "Pozo de Vargas" en San Miguel de Tucumán según fuentes judiciales. Guillermo Vargas Aignasse fue hasta el día de hoy un desaparecido por el genocidio encabezado por Antonio Bussi en la provincia. El genocida recientemente fallecido, fue juzgado por éste crimen en 2008 y condenado a cadena perpetua por ser considerado responsable del secuestro, tortura y posterior desaparición del ex legislador peronista en 1976. 

El fiscal Alfredo Terraf dijo en ese juicio que “está acreditado que lo que le ocurrió al ex legislador (Vargas Aignasse) no fue un hecho aislado. Fue consecuencia de un plan tenebrosamente planificado, un plan que quería instaurar una tiranía y una dictadura por todos los tiempos”.  Una pata fundamental para cerrar el círculo de impunidad, tanto para la familia como para la memoria histórica de Tucumán y el país.

viernes, 9 de diciembre de 2011

Denegada libertad a represor procesado por crimenes de lesa humanidad

Lesa humanidad: el Máximo Tribunal rechazó el planteo de un acusado por el secuestro de dos sacerdotes
Se trata de Domingo Benito Vera. La Corte desestimó el pedido para que se deje sin efecto su procesamiento y prisión preventiva. Está imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville


La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja interpuesta por la defensa de Domingo Benito Vera contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que había confirmado el auto de procesamiento y prisión preventiva que le fuera impuesto por los delitos de privación ilegítima de la libertad  y tormentos (en ambos casos dos hechos), todos en concurso real, en perjuicio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.

Los hechos se registraron en El Chamical, provincia de La Rioja, en el marco de la denominada “lucha contra la subversión” desarrollada por las fuerzas armadas dentro de la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, donde Vera estaba a cargo de la comisaría de esa localidad.

Escapó un preso detenido por crímenes de lesa humanidad

El primer civil imputado por crímenes de lesa humanidad en Tucumán se fugó de un instituto privado donde permanecía alojado a raíz de un intento de suicidio, confirmaron fuentes judiciale

Juan Carlos Benedicto fue procesado en la causa por el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga y hasta anoche permanecía alojado con custodia en un hospital neuropsiquiátrico.

El detenido estaba allí desde hacía casi un mes tras un intento de suicidio en el penal de Villa Urquiza, donde cumplía la prisión preventiva.

El juez federal Daniel Bejas confirmó lo sucedido, luego de regresar desde Uruguay donde estaba ofreciendo charlas.

"Fui informado esta mañana vía telefónica", señaló Bejas y destacó que "se siguen varias líneas investigativas y fueron advertidas ya las fuerzas de seguridad nacional".

El magistrado recordó que "al momento de ordenar su detención también ordené la prohibición para que abandone el país, la que aún está vigente".

Bejas explicó que Benedicto se encontraba imputado en la causa Arsenales ya que, según las declaraciones de dos testigos que están en el expediente, "formaba parte de un grupo denominado La Patota, que colaboraba con los militares".

Según la investigación, Benedicto habría matado a golpes a una mujer en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, que funcionaba como centro de detención y exterminio.

"En esta megacausa hay más de 20 procesados y 80 víctimas", explicó Bejas.

El ahora prófugo estaba detenido en el pabellón de máxima seguridad del penal de Villa Urquiza y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una de sus rodillas.

"Como en la cárcel no podía recibir el tratamiento para la recuperación indicada por los médicos, estaba con arresto domiciliario y allí intentó suicidarse con pastillas unos 25 días atrás", comentó Bejas.

El magistrado federal indicó que los médicos forenses confirmaron un serio riesgo en cuanto a repetir el intento de suicidio, por lo que fue derivado al instituto psiquiátrico Manuel Corbalán, desde donde se fugó anoche.

La investigación en la que fue implicado Benedicto gira en torno de la existencia de un circuito de exterminio dentro del plan sistemático de aniquilamiento de opositores políticos a la dictadura militar.

Se calcula que por ese sitio donde funcionó la guarnición militar pasaron alrededor de 1.500 detenidos-desaparecidos y se estima que el caso llegue a juicio en el segundo semestre de 2012.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Una resistencia que cumplió 31 vueltas

Madres, Abuelas, Familiares, Hijos, AEDD.... realizaron la tradicional marcha en Plaza de Mayo
La consigna central fue “Toda la verdad, toda la justicia”. Hubo un reconocimiento a los juicios y también distintos reclamos, como la investigación de los cómplices civiles y la libertad de Karina Germano.

 Por Diego Martínez

Con la exigencia de “toda la verdad, toda la justicia” como consigna central, el reconocimiento por los 264 represores condenados y más de 800 procesados, pero también con reclamos históricos como el juicio a los cómplices civiles del terrorismo de Estado más un amplio abanico de cuentas pendientes de distintas épocas, desde la “aparición con vida de Jorge Julio López” o la exigencia de que las cárceles “dejen de ser centros de tortura y muerte” hasta los recientes asesinatos de militantes campesinos en el norte del país, organismos de derechos humanos realizaron ayer en Plaza de Mayo su histórica Marcha de la Resistencia.

La 31ª edición de la caminata en torno de la Pirámide que Madres y Abuelas realizan cada diciembre desde 1981 fue convocada este año por ambas agrupaciones (en el caso de Madres por la Línea Fundadora, ya que la asociación de Hebe de Bonafini tomó distancia en 2006 al considerar que “ya no tenemos un enemigo en la Casa Rosada”), más Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

A la imagen de los organismos de derechos humanos portando su bandera con rostros de víctimas de la dictadura se agregaron postales menos imponentes, pero no menos significativas: fotos de los tres hombres jujeños asesinados en julio durante el desalojo del predio del Ingenio Ledesma, de Nora Cortiñas recordando que “Ledesma mata” desde la leyenda de un barbijo, imágenes del pibe Luciano Arruga, “desaparecido en democracia” en manos de la Policía Bonaerense, carteles de reclamos de justicia por los asesinatos de Cristian Ferreyra, militante del Mocase-Vía Campesina de Santiago del Estero, y también por las muertes de Mario y Roberto López, “hermanos Qom asesinados por los sicarios de Insfrán”, en referencia al gobernador formoseño Gildo Insfrán.

A las seis de la tarde, mientras un turista desconcertado indagaba el motivo del encuentro y desde el escenario sonaban los “tambores en lucha” de La Chilinga, habitués de las convocatorias de los organismos, en torno de la pirámide eran escasos los familiares caminando con las fotos en blanco y negro de sus seres queridos, y numerosas las banderas de pibes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y la CTA, entre otras agrupaciones.

Una consigna distintiva este fue año fue el pedido de “libertad de Karina Germano”, militante de Hijos en sus comienzos, quien cumple desde 2006 en la Argentina una condena por un secuestro en Brasil. La Galle Germano, en el penal de Ezeiza, recordó desde una grabación que fue extraditada con la ayuda del ex presidente Néstor Kirchner, que fue “víctima de fiscales y jueces cómplices de la dictadura, quienes por mi condición de Hija me quitaron todos los derechos”, y que desde hace cinco años pide sin suerte acceder a salidas transitorias. “El pedido se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia”, recordó.

“La marcha significa hoy seguir reclamando toda la verdad y toda la justicia”, enfatizó Martín Fraga, de Hijos. “Se logró mucho, pero también faltan muchos juicios, falta juzgar a empresarios cómplices como los Blaquier o los de Mercedes Benz, a la Triple A y a la CNU; falta abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia, de la Policía Federal y de las policías provinciales, falta encontrar a 400 nietos y también trabajar para que no haya más muertes como las de Ferreyra, del Mocase santiagueño, y también el del Partido Obrero”, destacó.

Mientras en el escenario los pibes de Jahmila dedicaban el Bella Ciao de los partisanos italianos “a la resistencia de los pueblos indígenas”, militantes que se distanciaron de los organismos de derechos humanos más cercanos al kirchnerismo enumeraban reclamos que quisieran escuchar con más fuerza. “Hace cinco o diez años pedíamos para que no reprimieran a los pueblos originarios y no corrieran a los campesinos de sus tierras. Algunos quieren creer hoy que eso ya no existe”, lamentan. “La marcha sigue teniendo el mismo significado que hace 30 años: resistir contra la impunidad. Claro que hubo cambios, pero la impunidad pasa hoy por tener más de cuatro mil procesados por protestas sociales mientras los represores procesados apenas pasan de 800”, apunta Nora López Pomé, presidenta de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos.

Los organismos celebraron en el documento consensuado el avance de las causas contra “la corporación judicial”, reclamaron celeridad y cárcel común a los represores, pero también “consolidar un proyecto social de inclusión en todos los niveles”. “No podemos seguir permitiendo que los empresarios y sus cómplices en los distintos poderes avancen sobre las tierras y los pobladores originarios”, advirtieron.

martes, 6 de diciembre de 2011

Procesan a ex juez por delitos de lesa humanidad


Manlio Torcuato Martínez encubrió y omitió investigar abusos

Por Gerardo Aranguren

El ex juez tucumano Manlio Torcuato Martínez fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el marco de la segunda etapa de la causa “Romero Niklison”, en la que  ya fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “Tuerto” Albornoz a prisión perpetua.
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas confirmó con su fallo el pedido del fiscal federal Pablo Camuña, al procesar al ex magistrado por incumplimiento de sus funciones y encubrimiento de los asesinatos de cinco militantes montoneros: María Niklison, Fernando Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo Paz, y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Miguel Romano.
Para la fiscalía, existen pruebas concluyentes para procesar a Martínez por haber omitido investigar y encubierto el fusilamiento de los cinco militantes. “El juez federal se apersonó en el inmueble luego de ocurridos los hechos y no adoptó ninguna medida tendiente a determinar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos”, señaló Camuña en su escrito.
El fiscal acusó además a Martínez como partícipe de la violación de domicilio y de los homicidios. El juez Bejas no lo entendió así y dictó la falta de mérito sobre esos delitos. Martínez no sólo no investigó y encubrió los asesinatos, sino que comenzó a investigar al propietario de la casa donde se realizó el sangriento operativo, Miguel Romano, a quien detuvo durante más de un año en la Jefatura de Policía de Tucumán, que funcionaba como centro clandestino de detención.
Manlio Martínez ascendió como juez durante el Operativo Independencia, cuando el fallecido general Acdel Vilas lo nombró para remplazar al juez anterior, cuyo accionar era excesivamente “legal” y entorpecía las tareas represivas. “Los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de Manlio Martínez para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló Camuña.
Además de estos delitos, por los que quedó procesado, numerosos testimonios ubicaron al ex juez tucumano en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia, en los que tomaba declaraciones a los detenidos-desparecidos.

sábado, 3 de diciembre de 2011

Que no asuma un consejero escolar en Lomas que fue policia con la dictadura

Reclamo contra un ex comisario

 Por Adriana Meyer

Organizaciones de derechos humanos y sindicales, entre ellas ATE y CTA, lanzaron una campaña para impedir la asunción de Raúl Magallanes, quien el 10 de diciembre debería asumir como consejero escolar de Lomas de Zamora por haber sido electo en las listas del Frente para la Victoria. Trabajadores de la educación y la comunidad educativa, legisladores y personalidades del campo sindical, social y político acusan a Magallanes de que “durante toda la última dictadura ha formado parte de la Policía Bonaerense dirigida por los genocidas (Ramón) Camps y (Miguel) Etchecolatz”.

Entre las adhesiones a la campaña se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y varias Madres de Plaza de Mayo. Los impulsores de la impugnación difundieron que Magallanes acaba de cursar a varios dirigentes de ATE Sur cartas documento y que en 2006 el vicegobernador electo Gabriel Mariotto calificó a Magallanes como “el López Rega de (el ex intendente Jorge) Rossi”. Además señalan que “en 2004 Magallanes, como jefe de seguridad del intendente Rossi, puso en funciones como custodios del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías retirados denunciados ante la ex Conadep como represores de la dictadura: Gerónimo Balmaceda, Juan Rivadeneira, Jorge Alberto Verdún y Manuel Moreno, a quienes propuso para integrar un nuevo “cuerpo de seguridad municipal”.

En 2006, “en un confuso hecho policial ocurrido en el Palacio Municipal bajo su custodia, una persona entró por la ventana al despacho de una concejala y se la dejó ir sin registrar identidad ni domicilio, por lo cual Magallanes fue acusado de relativizar la denuncia y fichar a los denunciantes por Mariotto, quien lo responsabilizó de los aprietes que puedan recibir los concejales y militantes del Frente para la Victoria lomense”.

domingo, 27 de noviembre de 2011

Piden que se investigue la presunta complicidad del directorio de Dalmine Siderca con la dictadura

El cuaderno con la lista de militantes políticos

El reclamo lo realizan sobrevivientes y familiares de las víctimas que se desempeñaban en la compañía del Grupo Techint. Un ex trabajador cuenta cómo supo que existía una lista negra.

 Por Gustavo Veiga

En Campana, Dálmine será siempre Dálmine, a lo sumo Dálmine Siderca. No importa que el inmenso tanque de agua –su símbolo más visible observado desde la ruta 12– diga Tenaris, el nombre que adoptó el 17 de diciembre de 2001 cuando se amplió ese complejo industrial con sede fiscal en Luxemburgo. En 1976, la empresa siderúrgica se encontraba bajo jurisdicción del ejército en la llamada Area 400, donde decenas de sus trabajadores desaparecieron. En una sola jornada de septiembre, que después se conoció como “La noche de los tubos”, fueron secuestrados cuatro: Alberto Bedia, Manuel Martínez, Raúl Aroldo Moreno y Armando Culzoni. La planta industrial se militarizó, agentes de inteligencia se infiltraron y cualquier obrero que vistiera el clásico mameluco azul resultaba sospechoso de actividades subversivas.

Eduardo Pitter, un ex coordinador de mantenimiento electrónico y mecánico, recuerda hoy cómo su compañero Bedia le reveló un secreto que lo expuso a la desaparición: “Un día me paró donde estaban los molinetes de la entrada, a la derecha de la oficina de Personal, en la que trabajaba él. Me dijo: ‘Hay que tener cuidado. ¿Viste cómo viene la mano? Capaz que uno mañana no está más acá. Se maneja un cuaderno de tapas negras, ahí está la lista de militantes políticos que le molestan a la empresa. Lo traen a la oficina mía y después lo guardan en la caja de seguridad de la gerencia’”. Pitter, quien además era delegado del gremio de supervisores metalúrgicos (Asimra), ubica el diálogo en septiembre del ’76. Está seguro porque el 12 de ese mes cumple años y en la madrugada del 23 se llevaron a Bedia de la casa de sus padres, en el barrio Dálmine. El suyo es uno de los diecinueve casos denunciados por delitos de lesa humanidad en la zona de Zárate-Campana, donde hubo 169 desapariciones. Familiares y sobrevivientes piden investigar “la responsabilidad penal de los integrantes del directorio, de los gerentes de personal y jefes de seguridad de Dálmine Siderca (Grupo Techint)”. El cuaderno que describe Pitter es apenas uno de los indicios de complicidad con el régimen militar que se le atribuye a la siderúrgica. Valentín Ibáñez tiene 70 años, vive en una humilde casa de Zárate y recibe a Página/12 en un local contiguo donde conviven estanterías polvorientas con un afiche de Eduardo Duhalde y la Liga Federal. Sostiene que fue delegado durante 18 años en el sector de mantenimiento. Integraba la lista Celeste y Blanca en la UOM local y adhería a Lorenzo Miguel. En febrero de 1977 lo secuestraron a la salida de la Mutual 2 de Abril junto a sus compañeros Roberto García y Félix Martínez. Un grupo de tareas lo llevó al centro clandestino de detención la Casa de Piedra, en Lavalle 636, a pocas cuadras de la calle más comercial y transitada, Justa Lima de Atucha. Las torturas que sufrió no se prolongaron más de tres días porque “un tal Paolino, un informante, me reconoció. Eramos compañeros de la Escuela Naval, donde yo estuve un año y no quedé porque me faltaba aptitud militar”.
Ibáñez también cuenta que en la Casa de Piedra lo interrogó un tal Zapata. “Alto, delgado, de tez blanca y muy instruido en su forma de hablar”, describe al militar. Este dato cobra relevancia cuando se lo relaciona con su presencia en el interior de la planta. Los ex obreros de Dálmine Siderca Carlos Theis y Orlando Gómez (ver aparte), más el supervisor Pitter, coinciden en que Zapata era una pieza clave en el aparato represivo que operaba en la fábrica. “Andaba en ropa de fajina. Un día en una asamblea entró con soldados, dio la orden de rodilla en tierra y cuando cargaron las armas, en dos segundos ya estábamos todos adentro de los galpones.” En lo que no se ponen de acuerdo es en su grado militar: coronel o mayor.

José Costela, como muchos trabajadores de la empresa en sus comienzos, ingresó cuando era apenas un adolescente. “Nací en 1941 y entré a Cometarsa (Construcciones Metálicas Argentinas) del Grupo Techint, el 24 de marzo de 1956. Me retiré el 18 de septiembre del ’91.” Mientras comparte unos mates con su amigo Alberto Calvo, un sobreviviente de los centros clandestinos del Area 400, aporta otro dato que nadie había mencionado: “Durante la dictadura, los tarjeteros del personal en la entrada a Siderca aparecían vacíos. Sabíamos que era una señal de que los militares estaban infiltrados adentro”. Rodolfo y José Ramón Amarilla se desempeñaban en la compañía. Los detuvieron con violencia el 6 de octubre del ’76, hasta que los separaron en la comisaría de Campana. Ahora, el primero intenta hacer justicia por su hermano desaparecido. “En nuestro secuestro tuvo que ver personal jerárquico o de seguridad de la empresa Dálmine Siderca”, sospecha.

Uno de los principales imputados por estos operativos era Roberto Paulino Nicolini, ya fallecido. Jefe de vigilancia de Cometarsa y militar retirado de la Fuerza Aérea, Costela lo describe como “un loco de la guerra, de armas llevar. Cuando era delegado yo tuve varias agarradas con él, incluso antes de la última dictadura”. Nicolini y Zapata son apenas un par de represores mencionados en la querella que avanza con ciertas dificultades de nombramientos en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín que subroga Juan Manuel Yalj.

El circuito de centros clandestinos que funcionó en la zona donde se levanta el emporio siderúrgico más grande del país tenía su epicentro en la ex Fábrica Militar de Tolueno Sintético. La base naval de Zárate, las principales comisarías, la Casa de Piedra y hasta el buque patrullero Murature sirvieron como mazmorras de la dictadura. La compañía también aportó su infraestructura, como han denunciado sobrevivientes que pasaron por las instalaciones de su apéndice deportivo, club Ciudad de Campana (se llama así desde 1999). En los ‘70 era más conocido como Villa Dálmine, un equipo de fútbol que hoy disputa el torneo de Primera C de la AFA y que en 1976 estuvo cerca de subir a Primera División. Las piletas y vestuarios de la institución sirvieron para alojar prisioneros secuestrados. Así lo aseguran varios detenidos, como el ex intendente peronista de Zárate Francisco Bugatto y su hijo José Alberto, quienes fueron conducidos allí el 24 de marzo del ‘76. En igual sentido declaró Lidia China Biscarte, ex directora de Derechos Humanos de aquel municipio hasta 2007.

Los militares también se enseñorearon en el Tiro Federal, otro predio improvisado como centro clandestino. Una inspección judicial en 2004 comprobó que mantenía pruebas intactas. Agujas de tejer con cinta aisladora en los extremos que se usaban para picanear y restos de ropa manchada con sangre fueron algunos de los hallazgos. Está ubicado al lado de Trefila, la sección donde se trefilan en frío los tubos sin costura de Techint. “La única persona en el lugar era el casero de la institución, Hugo Ciafardini, a quien le vaciaron el dormitorio, le quemaron los muebles y lo amenazaron”, escribió el historiador local Miguel Di Fino, en Recordando el olvido.

Meses antes del golpe, acaso desde fines de 1975 y anticipándose a lo que vendría, los uniformados se habían instalado en el hotel Dálmine (alojaba al personal jerárquico de la empresa) para diagramar en detalle la sangrienta represión en el Area 400. Junto a sindicalistas y empresarios afines fueron detectados en ese lugar donde hoy funciona la Tenaris University, la escuela de capacitación de los futuros cuadros profesionales del grupo siderúrgico.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Por la libertad de los presos

Unas 10 mil personas participaron el día miércoles 25/11 de la marcha “contra la criminalización de la protesta social, por la libertad de los presos por luchar y el desprocesamiento, cierre de causas y anulación de las condenas para cinco mil luchadores obreros y populares”, además de reclamar “basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan”. 
Los principales dirigentes de izquierda, junto a sindicatos y comisiones internas de base, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y partidarias marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir la libertad de Carlos Olivera, un albañil de Lomas de Zamora, y de Víctor Oñate, petrolero de Santa Cruz, “que están presos por desafiar al sindicalismo oficial y defender a la clase obrera”, como explicaron en la manifestación, así como también del remisero Mario Tapia y del joven Aldo Claros, que permanecen detenidos tras la represión en El Triángulo, predio de los Blaquier en Jujuy, y del más conocido caso de Karina Germano, la Galle, presa en Ezeiza. “Es un escándalo que todos los delegados combativos, como los de la comisión interna de Kraft, los trabajadores de Zanon y otros tantos estén perseguidos por defender los derechos de los obreros, mientras no hay ningún imputado por los asesinatos en el Indoamericano o en Jujuy”, dijo Christian Castillo, del PTS. Por su parte, Néstor Pitrola, del Partido Obrero, que está procesado por solidarizarse con una protesta de Kraft, dijo: “Estamos defendiendo los derechos de todo el movimiento obrero argentino, en un momento crucial en el que hay que preparar los sindicatos y asambleas generales para enfrentar el tarifazo y todo lo que se viene”.

martes, 22 de noviembre de 2011

Si se abrieran los archivos de la dictadura....

Habría más de 50 funcionarios judiciales involucrados en causas por delitos de lesa humanidad
Es en el país. En Córdoba continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Puga.

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado reveló que "hay al menos 55 implicados en causas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura".

Según la nota publicada hoy por el diario Tiempo Argentino sobre el informe elaborado por la Unidad Fiscal, en los últimos años "las denuncias sobre la complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado comenzaron a aflorar de manera espontánea en los juicios contra los represores".

Al respecto, el coordinador de la Unidad Fiscal, Pablo Parenti, señaló al matutino que "el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad se trata de un proceso que avanza hacia el juzgamiento de las conductas de quienes ocupaban puestos en la Justicia".

Pero el funcionario advirtió que "este proceso pone en evidencia las falencias de la Justicia para investigar en la actualidad los delitos de lesa humanidad".

"Hay funcionarios que si bien no están implicados con aquella época, por desidia o por ideología, no están a la altura de las circunstancias y no actúan correctamente", agregó.

"Venimos del relato de los `80 en el cual la Justicia había sido impotente sobre lo que pasaba en la dictadura, hoy en día se empieza a poner en crisis ese relato y en muchos lugares se ve claramente la participación o complicidad de funcionarios judiciales", explicó.

El proceso de enjuiciamiento a funcionarios del Poder Judicial comenzó con testimonios muy concretos como en el caso del ex juez Víctor Brusa, quien fue condenado en 2009 a 21 años de prisión por apremios ilegales contra ocho detenidos cuando era secretario del juzgado Federal de Santa Fe.

En el informe del matutino se detalla que, en la actualidad, en la provincia de Mendoza, los camaristas Otilio Romano y Luis Miret se encuentran procesados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cuando eran fiscal y juez federal respectivamente.

En la misma provincia, su ex compañero en la Cámara, Carlos Martín Pereyra González, aún sin imputación formal, renunció a su cargo luego de que fuera denunciado por encubrir delitos de lesa humanidad cuando era secretario de un juzgado federal de San Luis.

También otro camarista, Julio Petra, presentó recientemente su renuncia, luego de quedar procesado por encubrir a Romano.

Asimismo, hay dos ex jueces procesados por delitos similares, Rolando Carrizo Elst y Guillermo Max Petra Recabarren; también está imputado el ex juez Gabriel Fernando Guzzo, quien presentó un parte médico por incapacidad psicológica, y los ex fiscales Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego y Edgardo Díaz Araujo.

Sobre el desempeño de la Justicia mendocina en las causas por delitos de lesa humanidad, el fiscal que tiene a cargo dicha Unidad Fiscal, Jorge Auat, manifestó a Tiempo Argentino que "eran jueces de sus propios pleitos" y aseveró: "Se sacó el cepo para investigar".

En La Plata, en el juicio oral por delitos en la Unidad Penal N| 9, el tribunal presidido por Carlos Rozanski ordenó que se investigue a 13 jueces y un ex fiscal a partir de testimonios de sobrevivientes que los recordaron como asiduos concurrentes al penal.

Además, Leopoldo Schiffrin, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, pidió investigar a los ex jueces platenses Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci y Horacio Piombo.

En Córdoba. Sólo continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Ángel Puga.

Los ex fiscales de Chaco Roberto Mazzoni y el ya fallecido Carlos Flores Leyes renunciaron a sus cargos cuando comenzaron a amontonarse las denuncias por haber participado de interrogatorios bajo tortura cuando eran secretarios del juzgado de Resistencia.

En Bahía Blanca, el actual fiscal federal Abel Córdoba consideró que "había un pacto delictivo entre el ex juez federal fallecido de Bahía Blanca, Guillermo Madueño, los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti con las fuerzas militares que aseguraba la realización de los hechos".

Ante la acusación, Sierra fue recientemente detenido y suspendido en su cargo docente en la Universidad Nacional del Sur.

En Salta, ya se elevó a juicio la causa contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado de encubrimiento y omisión en la investigación judicial del secuestro y desaparición del gobernador Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1977.

En tanto, en La Rioja, el ex juez federal Roberto Catalán se encuentra procesado con prisión domiciliaria acusado de torturas a ex presos políticos, tras la denuncia del escritor Leopoldo Juan González.

Por su parte, el juez penal de Mar del Plata Pedro Hoot fue citado a declaración indagatoria por su actuación en secuestros, tormentos y homicidios. En su haber cuentan el rechazo de una veintena de habeas corpus, entre ellos por el secuestro de once abogados laboristas en 1977.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Comienza el juicio contra Mercedes Benz por delitos de lesa humanidad

La automotriz Mercedes Benz deberá afrontar el juicio que se realiza en los Estados Unidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, después del fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco que rechazó la apelación de la empresa multinacional.

La demanda civil contra Mercedes Benz en ese país, iniciada por familiares de catorce trabajadores desaparecidos y tres sobrevivientes, permitirá una reparación económica a los damnificados que, anticiparon, percibirán el tope establecido por la ley, y el resto será donado para la construcción de un hospital en la localidad de González Catán, donde funcionó la planta.

Los familiares querellantes recurrieron en 2004 a la corte estadounidense bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como la Argentina.

En aproximadamente un mes, el caso se presentará en los tribunales de San Francisco, después de las dos primeras sentencias (de 2004 y 2009) que negaron la competencia geográfica de los tribunales de California porque -supuestamente- hay un "foro alternativo" (Argentina y/o Alemania).

Esa sentencia fue anulada en mayo de 2010 por la Corte de Apelaciones para el Circuito Nueve de los Estados Unidos, que consignaba que "Mercedes Benz colaboró con la dictadura militar y las fuerzas policiales y que esta colaboración terminaría en el secuestro, tortura, detención y asesinato de los trabajadores".

En diálogo con Télam, la periodista que investigó el caso, Gaby Weber, consideró que la decisión de la Corte "muestra que es posible juzgar a los responsables económicos de delitos atroces" y advirtió que "no se reparan sólo con dinero, sino que tienen que decir qué pasó, con verdad y justicia, y reconocer lo que hicieron".

La automotriz, perteneciente a la multinacional Daimler, fue acusada de complicidad con el terrorismo de Estado implementado en la Argentina desde 1975, y por secuestros y torturas a 17 trabajadores -14 continúan desaparecidos-, incluyendo la comisión interna de la planta ubicada en González Catán.

También se la acusa por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Para el abogado Eduardo Fachal, que fue integrante y sobreviviente de la comisión interna desaparecida, el fallo dado por la Corte estadounidense "es muy importante porque permite hacer conocer internacionalmente el genocidio y la persecusión que sufrieron los trabajadores durante el terrorismo de Estado".

El letrado que impulsa la causa penal en la Argentina sostuvo que "es necesario una reparación integral, no sólo en lo económico, por la complicidad de las empresas con el genocidio implementado en la Argentina".

"Tocar las ganancias de la empresa es una forma de que nunca más se repitan estos hechos en el mundo", afirmó.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Terry Collingwort, dijo en Washington, acerca del fallo, que "llegó la hora de que responda la empresa alemana en los EE.UU por los crímenes que pasaron en su fábrica".

En Alemania también se inició un proceso judicial contra la firma, que fue desestimado bajo el argumento similar al utilizado por el dictador Jorge Rafael Videla, en cuanto a la inexistencia de delito por no encontrarse los cuerpos de los desaparecidos.

En la Argentina las desapariciones de trabajadores de Mercedes Benz se comenzaron a investigar durante los juicios por la verdad, en los que el tribunal no tenía facultad de condenar.

Luego, con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la causa recayó en el Juzgado Federal 2 de San Martín sin que se hayan registrado avances en los últimos tiempos.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Las ratas abandonan: Renuncia camarista colaborador de represores

Renunció el camarista Julio Petra, denunciado por favorecer a represores
Pasó la escoba por la Cámara mendocina

Se fue después de haber sido procesado. Estaba acusado de favorecer a jueces y represores. Todavía resta definir si le aceptan la renuncia o se mantiene el proceso de juicio político. Es el tercer juez mendocino que deja su cargo por el mismo motivo.

 Por Irina Hauser

Julio Demetrio Petra, integrante de la Cámara Federal de Mendoza, prefirió renunciar antes de que lo echen. Fue después de que le notificaran su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario y prevaricato al haber intentado favorecer a su colega fugitivo Otilio Romano en una causa en la que se le imputa un centenar de crímenes de lesa humanidad. Petra ya tenía denuncias en el Consejo de la Magistratura por beneficiar a represores. Es el tercer juez de la Cámara provincial que queda en la cuerda floja, al aparecer comprometido en una red de complicidades con el terrorismo de Estado. El primero, Luis Miret, fue destituido el año pasado. El segundo, Romano, se fugó a Chile en busca de asilo un día antes de que lo suspendieran en el cargo y su juicio político empieza el lunes, en ausencia.

Petra presentó ayer la renuncia ante el Poder Ejecutivo, aunque en ella no hace ninguna alusión a su situación en la Justicia ni en el Consejo. Alega, en cambio, que obtuvo la jubilación y problemas de salud que le traen “significativas limitaciones” para “cumplir adecuadamente” con la “función de juez”. La presidenta Cristina Fernández no aceptó la renuncia de Miret ni la de Romano en su momento, pero no necesariamente ocurre lo mismo en todos los casos.

Hace unos años, los organismos de derechos humanos de Mendoza –con especial impulso del Movimiento Ecuménico (MEDH)– trataban de entender por qué las causas por los crímenes de la dictadura no avanzaban allí. Le dieron vueltas y vueltas al tema, hasta que notaron que la barrera estaba casi siempre en el mismo lugar: la Cámara Federal. El asunto era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaban los jueces que habían trabajado en la Justicia en dictadura y que seguían en funciones, y estaban los que, en democracia, habrían tendido diversas maniobras para resguardar no sólo a represores sino a sus propios colegas, sobre quienes se iban descubriendo conductas colaboracionistas con el régimen dictatorial. En el primer grupo entrarían Miret y Romano. Petra, en el segundo.

Petra fue denunciado penalmente por los organismos de derechos humanos después de que firmara un fallo que ordenaba el apartamiento del juez federal Walter Bento, quien había citado a indagatoria a Romano y a Miret por su posible participación (o al menos no investigar aunque estaban al tanto) en secuestros, torturas y desapariciones ya desde 1975. Señalaban la amistad entre los jueces, a punto tal que después del desplazamiento de Bento fueron fotografiados en un restaurante céntrico cenando con champagne. Esta semana, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas lo procesó por incumplimiento y por prevaricato (fallar deliberadamente contra derecho). Tuvo especialmente en cuenta la orden de un tribunal superior que Petra habría desacatado, que le impedía intervenir en causas de derechos humanos. El hecho de no haberse inhibido, razonó el juez, más las denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura, sumaban elementos “razonables para generar dudas sobre su imparcialidad”.

Son nueve las presentaciones contra Petra en el Consejo, por las que aún podría ser citado. En ellas se basaron días atrás otros colegas suyos para apartarlo de la presidencia de la Cámara. En uno de los expedientes se investiga la liberación en masa de represores de Mendoza, San Luis y San Juan. Otro apunta a una resolución por la cual extendió la falta de mérito del teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) a 18 desapariciones que no habían llegado a su tribunal. En otra de las presentaciones por las que está bajo la lupa, la jueza de San Juan Margarita Camus lo responsabiliza por dejar en libertad a su torturador a pesar de que ella lo había reconocido. En el caso de su colega Romano, además de firmar el apartamiento del juez que lo investigaba, Petra fue denunciado por jueces subrogantes de la propia Cámara por sustraer (para prolongar sus efectos) la medida cautelar que evitaba que avanzara el juicio político en su contra. La semana pasada también lo denunció la Universidad Nacional de Cuyo por presunta parcialidad en una disputa por terrenos universitarios a favor de un grupo empresario.

martes, 1 de noviembre de 2011

Junin : se ratifica procesamiento ex jefes de policia por delitos de lesa humanidad

Están acusados por secuestros e imposición de tormentos, hechos ocurridos en dos centros clandestinos de detención en la ciudad de Junín. También alcanza a un ex coronel del Ejército. Es en el marco de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco ex altos jefes policiales y un ex coronel, quienes están acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos en el marco de la megacausa del “Primer Cuerpo del Ejército”, que instruye el juez federal Daniel Rafecas. Todos actuaron durante el último gobierno de facto en la ciudad de Junín y sus zonas de influencia.

Se trata de los ex comisarios inspectores Edgardo Antonio Mastrandrea y Miguel Angel Almirón; los ex comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Angel Esterlich; el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta; y el coronel retirado Angel José Gómez Pola.

Los procesados están acusados por hechos que habrían cometido durante el último gobierno de facto, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría 1ª de Junín y en la entonces Unidad Penitenciaria 13 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

domingo, 30 de octubre de 2011

Justicia francesa condena a catorce represores de la dictadura chilena

Después de doce años de procedimiento en Francia, la justicia de ese país sentó un nuevo precedente. Para organizaciones de derechos humanos, el juicio francés que condenó a 14 represores chilenos, tiene un valor histórico: “este proceso ha sido la ocasión de establecer, e incluso sancionar, el funcionamiento del sistema represivo creado por la dictadura de Pinochet” que se extendió desde 1973 a 1990.

Las condenas en Francia contra catorce represores de la dictadura militar chilena incluyen cargos como complicidad en detención, secuestro o arresto arbitrario con tortura o acto de barbarie.

Todo este proceso comenzó en los días siguientes de que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres en 1998. En ese entonces, las familias de nueve ciudadanos franceses, desaparecidos o ejecutados en Chile o Argentina (por hechos imputables a autoridades chilenas) entre 1973 y 1977, interpusieron una querella en Francia.

Las demandas con constitución de parte civil de las familias de Alfonso Chanfreau, de Jean-Yves Claudet, de Georges Klein y de Etienne Pesle son las únicas declaradas admisibles por la justicia francesa porque ha aceptado el carácter de continuo del delito de desaparición forzada, ya que los cuerpos de estas víctimas nunca fueron encontrados.

Después de varios años y con la suma de apoyo desde diversas organizaciones de derechos humanos, finalmente el proceso se desarrolló entre el 8 y 17 de diciembre de 2010 ante la Corte Criminal de París.

Este juicio fue “simbólico”. Después de escuchar diversos testimonios y recibir medios de prueba se condenó a prisión perpetua  a los jefes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, y a altas penas de cárcel  para otros doce ex represores. Entre ellos, Marcelo Luis Moren Brito a 30 años de reclusión, Miguel Krasnoff Martchenko a 30 años y Enrique Lautaro Arancibia Clavel a 25 años.

La delegación de juristas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que patrocinó las querellas, estuvo en una Misión Oficial en nuestro país. En esa oportunidad solicitaron a las autoridades chilenas cumplir con las órdenes de detención emitidas por Francia. Uno de los encuentros fue con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. También visitaron el Penal Cordillera para notificar a los presos de este fallo condenatorio.

Karine Bonneau, responsable de la Oficina de Justicia Internacional de la FIDH, explicó que no se deben perder las expectativas ante las  solicitudes de extradición.

“Milton Juica nos recibió porque la Corte Suprema va a tener que examinar la petición de extradición de los condenados a Paris. Nos contó un poco el proceso general que es más complicado para las personas que están siendo procesadas, pero tampoco es imposible y eso es algo que se tendrá que alegar frente al tribunal”, dijo.

Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos, aseguró que lo sucedido en Francia da una lección al sistema judicial chileno.

“Es muy importante el tema de las condenas porque tiene que ver con la gran falencia que tiene la justicia chilena que ha sido la falta de proporcionalidad y lo inadecuado de las sanciones en relación a los graves delitos cometidos. Hay algunos agentes de la cúpula de la DINA que tienen una cantidad de juicios y condenas donde es muy difícil que salgan en libertad como Manuel Contreras Sepúlveda. Sin embargo, hay otros agentes igual de importantes que no han sido juzgados o que han sido condenados con penas remitidas una y otra vez”.

Los acusados, notificados del juicio, se negaron a comparecer a los tribunales franceses y a ser representados. Fueron juzgados en rebeldía, de acuerdo con el procedimiento penal francés.

Según datos rescatados por la Federación  y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, (CODEPU) en la actualidad hay 307 personas con condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. De éstas sólo 70 están, hoy en día, cumpliendo sus condenas en un centro de detención.
Por Diana Porras

martes, 25 de octubre de 2011

Uruguay: Apenas una ley que evita la prescripción de los crimenes de lesa humanidad

Una a favor de frenar la impunidad en Uruguay

El proyecto, que fue votado por el Frente Amplio en solitario, declara que los delitos de la dictadura son imprescriptibles de conformidad a los tratados internacionales. Hoy el debate sigue en Diputados.

El Senado uruguayo dio ayer media sanción a un proyecto de ley para evitar la prescripción el 1º de noviembre de los crímenes de la dictadura (1973-1985), considerados “comunes” por la Justicia. La iniciativa, presentada por el Frente Amplio (FA), coalición de centroizquierda en el gobierno, fue aprobada con los 16 votos oficialistas (de un total de 31) ante la negativa de los partidos opositores Nacional y Colorado.

El proyecto, que será hoy debatido en Diputados, no anula formalmente la Ley de Caducidad (sancionada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos), aunque convierte en “letra muerta” su esencia que, salvo excepciones, impide juzgar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. El texto “restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, al tiempo que a los efectos de la prescripción no computa el período entre el 22 de diciembre de 1986, en que se sancionó la Ley de Caducidad, y la vigencia de la nueva ley.

Por otra parte, declara que los delitos de la dictadura “son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte”. El pasado 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos, por lo que instó al país a tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de la causa.

El apremio por la sanción de la ley se debe a que el 1º de noviembre prescribirán los crímenes de la dictadura de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que los considera ilícitos comunes. El senador Rafael Michelini fue el encargado por el oficialismo de presentar la propuesta con carácter de urgente. Comenzó su alocución recordando una conversación que mantuvo con el nacionalista Luis Alberto Heber. Heber resolvió votar en contra del proyecto para acompañar la resolución de su partido, pese a que el proyecto permitiría que se siga investigando el asesinato de su madre, Cecilia Fontana de Heber, muerta tras ingerir un vino envenenado a finales de los ’70. Michelini exhortó a la oposición a acompañar el plan, a fin de no ir en contra de los tratados internacionales. “El Parlamento tiene que tomar una decisión para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. No van a prescribir los delitos porque son de lesa humanidad”, dijo, explicando que el Frente Amplio se pone del lado de las víctimas.

A su turno el senador nacionalista Jorge Saravia, que estando en el oficialismo votó en contra de la anulación de la Ley de Caducidad en mayo pasado, calificó la intención de la bancada frenteamplista como “un golpe de Estado”, afirmando que “siempre nos va a encontrar enfrente”. Aquel voto de Saravia hizo fracasar el proyecto de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, un compromiso que asumió el Frente Amplio en su congreso partidario.

El debate propició un fuerte cruce entre el senador comunista Eduardo Lorier y el nacionalista –y ex candidato presidencial– Luis Alberto Lacalle, iniciado tras la exposición del primero. “Quienes defienden la impunidad defienden a los asesinos, torturadores, violadores y desaparecedores de seres humanos”, dijo Lorier. Y planteó que “decían que no había niños desaparecidos y ahí están Mariana, Simón y Macarena”. El dirigente comunista se refería a Mariana Zaffaroni, Simón Riquelo y Macarena Gelman.

Sus palabras generaron el inmediato malestar de Lacalle, quien pidió una interrupción para responder al legislador frenteamplista: “Lorier ha agraviado a todos los senadores que no votan como él y no le vamos a permitir venir a insultar de esa forma”. El argumento de los legisladores colorados y nacionalistas fue uno mismo repetido por distintos oradores: que el proyecto es inconstitucional porque el pueblo ya se expidió en los dos plebiscitos sobre la caducidad, uno en el año 1989, el último en el 2009.

Sea como fuere el tenor del debate, ayer el Frente Amplio en solitario dio un pasito en contra de la impunidad.

jueves, 20 de octubre de 2011

Procesaron al ex general Riveros

El general Santiago Omar Riveros, jefe de Campo de Mayo en 1975, fue procesado por el secuestro y desaparición de Roberto Quieto, ocurridos en diciembre de aquel año en una playa de la localidad de Martínez. La decisión la adoptó el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, quien también procesó al comisario Roberto Antonio Rosa, que era jefe de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y comandó el operativo. Quieto fue visto en la guarnición que comandaba Riveros como titular del Comando de Institutos Militares.
 

viernes, 14 de octubre de 2011

“Norberto Tozzo secuestró y torturó a mi hermano Fernando”

Gustavo Piérola, familiar de víctimas de la Masacre
 
Piérola valoró la llegada del represor al país para su posterior juzgamiento en la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén. Recordó que el militar retirado fue uno de los que participó en el secuestro, tortura y asesinato de su hermano

El familiar de una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén, Gustavo Piérola, valoró la llegada del represor Norberto Tozzo al país para su posterior juzgamiento. Recordó que el militar retirado fue uno de los que participó en el secuestro, tortura y posterior fusilamiento clandestino de su hermano, Fernando, cuyos restos hasta hoy se encuentran desaparecidos.

“Es un tema muy esperado por los chaqueños y los familiares que seguimos en esta lucha buscando la verdad de todo lo que ocurrió con la represión en el suelo chaqueño”, remarcó Piérola en declaraciones a RADIO CIUDAD. En relación al represor extraditado, explicó que se trata de uno de los integrantes de la temible patota que pertenecía al Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército, con asiento en Resistencia. “No sólo participó en Margarita sino en todos los secuestros y represión en el Chaco”, aseveró.

Vale recordar que para conceder la extradición de Tozzo, la Justicia brasileña marcó ciertas condiciones. En primer lugar que, de encontrarlo culpable, no se lo condene a más de 30 años de prisión. Además, que no se lo juzgue por los 11 asesinatos que forman parte de la causa porque para las leyes del Brasil son delitos ya prescriptos. Y en tercer lugar, se solicitó que evalúen su responsabilidad penal sólo por la desaparición forzada de Roberto Yedro, Reynaldo Zapata Soñéz, Fernando Piérola y Julio Pereyra. Esto en virtud de equipara a estos hechos con secuestros continuados.

Piérola lamentó este tipo de restricciones. “Desgraciadamente nos tenemos que valer por las leyes de extradición de la justicia brasilera donde se lo va a juzgar solamente por las cuatro desapariciones”, señaló. “Hay cuatro muchachos que todavía están desaparecidos que son mi hermano Fernando, Yedro, Zapata Soñéz y el Bocha Pereyra. Por eso se los puede juzgar. Los asesinatos ya prescribieron para ellos, que no tienen lesa humanidad como tenemos acá en Argentina.

FERNANDO
Fernando Piérola fue detenido en Misiones a mediados de noviembre de 1976, junto a su esposa, María Julia Morresi. Sufrieron torturas de todo tipo, las cuales fueron ejecutadas por Tozzo y por el fallecido exagente de Inteligencia del Ejército, Alberto Valussi.

“Tozzo fue uno de los que secuestró a mi hermano Fernando en Misiones”, recordó Gustavo. “Lo tortura en ‘la casita de Misiones’. Lo tortura en el Regimiento 9 de Corrientes y después lo trasladan a la alcaidía (de Resistencia) para finalmente fusilarlo con todos los compañeros en Margarita Belén. Tozzo es uno de los principales responsables”, enfatizó.

La tarde del 12 de diciembre lo llevan a la Alcaidía, donde lo incorporan al convoy que parte a Margarita Belén. Varios compañeros lo vieron allí esa noche. En comunicados oficiales figura como uno de los “prófugos”. Sin embargo, en 1978, en una comunicación oficial su esposa recibe el trato de “viuda de Piérola”. Su cuerpo nunca fue entregado a su familia.

“Tozzo tiene unos campos muy cerquita de Paraná, donde yo vivo”, recordó Gustavo Piérola, mostrando la proximidad que tuvo durante años con uno de los resposables del asesinato de su hermano. “Tiene también un videocable en María Grande. Durante muchos años lo tuvimos cerca y no se lo pudo tocar. Ahora la justicia llega, esperemos que quede detenido como los demás y ojalá que nos diga algo para saber donde están los restos”, pidió. Piérola reiteró su pedido para que la sociedad aporte datos que puedan dar con los cuerpos de los desaparecidos.

Cabe recordar que el gobierno provincial habilitó el año pasado una línea telefónica gratuita destinada a todas las personas que puedan aportar datos sobre los restos de los desaparecidos de la Masacre de Margarita Belén. A través del número 0810-888-6366, los ciudadanos podrán aportar informaciones, teniendo además garantizado el anonimato y el resguardo de sus identidades.