sábado, 23 de marzo de 2013

Presentaron Habeas Corpus por decenas de desaparecidos en Buenos Aires y Mendoza






Para mayor información

La medida llevada adelante por abogados vinculados al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tiene el objetivo de conseguir datos sobre víctimas de la última dictadura que puedan estar en archivos de diferentes reparticiones del Estado.

 Por Gustavo Veiga

No son los primeros hábeas corpus presentados en democracia ni serán los últimos. Familiares, amigos, compañeros y organizaciones de derechos humanos, reunidos en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, interpusieron ayer ese recurso por decenas de desaparecidos en dos jurisdicciones diferentes: la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Uno de los objetivos que busca esta acción jurídica colectiva es que “se ordene el acceso a los archivos estatales pertinentes que brinden información a la investigación sobre la desaparición de los nombrados”. Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 7 a cargo de Omar Aníbal Peralta, se elevaron veintidós casos y alrededor de un centenar más en la provincia cuyana. En un comunicado conjunto también se exige “la urgente resolución de la Cámara de Casación Penal del hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas solicitando la aparición de su hijo Gustavo”, que antecedió a los que se acaban de conocer.

La medida, definida como “jurídica pero también simbólica” por abogados y militantes que acompañaron los hábeas corpus, busca obtener un pronunciamiento del Estado sobre la condición de los desaparecidos, pero, sobre todo, más información de la que se dispuso hasta ahora. “Muestra de esto es que en los juicios contra los genocidas han sido las propias víctimas quienes han procedido a reconstruir la historia, consiguiendo las pruebas, y el Estado no ha permitido, porque no se ha ocupado de la apertura de los archivos, de dar cuenta sobre el estado de detención de los desaparecidos”, señala Memoria, Verdad y Justicia.

La decisión de este espacio fue difundida por la mañana en un bar de la avenida Callao. Enrique Fuckman, de Ex Detenidos Desaparecidos, fue el único orador. Lo acompañaban familiares y compañeros, distintos dirigentes y militantes de partidos políticos de izquierda como el PO, PTS y MST, del movimiento piquetero y de la asociación Liberpueblo, una de cuyas letradas, Verónica Quinteros, ratificó el hábeas corpus en el Juzgado Nº 7 junto a su colega Liliana Alaniz.

Myriam Bregman, abogada en varias causas por violaciones a los derechos humanos, cuestionó la falta de datos que hay sobre los desaparecidos: “Que se abran los archivos del Estado porque, hasta ahora, la única información que se ha ido constatando fue por goteo y en cada uno de los juicios. Un ejemplo: en el de la ESMA, nosotros demostramos que Rodolfo Walsh no estaba desaparecido y que fue asesinado”.

El hábeas corpus sobre el que ahora deberá resolver el juez Peralta se interpuso por Manuel Alberto Guerra, Eugenio Cabib, Luis Alberto Santilli, Gustavo Grassi, Fernando Sánchez, Jorgelina Avalos, Adolfo Chorni, César Antebi Harari, Nora Hochman de Antebi, Mario Podgaetzky, Oscar Di Dio, Juan Alejandro Barry, Susana Mata, Enrique Barry, Luján Susana Papic, Guillermo Pagés Larraya, Beatriz Pagés Larraya, María Asunción Artigas, Alfredo Moyano, María Frañol, José Fernández Alvarez y Silvia Valenzi.

Los familiares alegan en el escrito que “nuestros padres, hermanos y compañeros son víctimas del delito de desaparición forzada desde la fecha de su secuestro y jamás se ha exhibido ninguna orden que dispusiera la privación de sus libertades y la existencia de procesos judiciales en trámite en los cuales se estuviera determinando la responsabilidad penal de personas en relación a la detención y desaparición forzada de algunos de los nombrados...”.

El hábeas corpus alcanza a la pareja integrada por Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, desaparecidos el 15 de diciembre de 1977 en el departamento de Canelones, Uruguay. La hija del matrimonio, Alejandrina Barry, fue apropiada por militares argentinos y de aquel país vecino. En septiembre de 2010, su historia tuvo gran repercusión porque la joven denunció a Editorial Atlántida. Cuando quedó huérfana, apenas tenía tres años y el grupo mediático la presentó en un artículo como una víctima de sus propios padres. “Si querían que los odiara por abandonarme, consiguieron lo contrario. Empecé un largo camino para conocer e investigar lo que había pasado en los ’70, por qué peleó esa generación”, dijo en diferentes entrevistas.

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